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sábado, 30 de junio de 2018

EL VOTO NULO EN TAMAULIPAS EN 2012: EL RIESGO DE LAS COALICIONES PARCIALES



En la elección de diputados federales del 2012, el PRI perdió la diputación por Reynosa debido a que le anularon casi seis mil votos porque  las boletas  fueron marcadas en su emblema  y en el del Partido Verde Ecologista de México debido a que la gente pensó que iban en coalición.

Esta es una de la conclusiones del documento “Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2012: características del voto nulo en las elecciones de presidente, senadores y diputados” investigación ordenada por el entonces Instituto Federal Electoral, a raíz de que en ese proceso a nivel nacional  los votos nulos alcanzaron un número sin precedentes.

El estudio arrojó que en Tamaulipas, de los  83 mil 826 votos nulos que se contabilizaron en los ocho distritos electorales del estado el 74.8 por ciento fueron marcados equivocadamente en los recuadros de dos partidos.  Del total de los votos anulados por equivocación, 57 mil 420 se desecharon porque en las boletas se cruzaron los emblemas del PRI y del Verde, que en Tamaulipas  no estaban coaligados para la  elección de diputados de ese año.

En el Distrito 02 Reynosa, se encontró que de los 10 mil 631 votos nulos, 5 mil 815 (el 54,7 por ciento del total) correspondió a boletas en las que se marcaron erróneamente los recuadros del PRI y del PVEM. Esa cantidad rebasó por 2 mil 427 votos la diferencia entre la votación del PAN y la que se acreditó al PRI.

El PAN obtuvo 61 mil 34 votos en tanto que al PRI se le reconocieron 57 646 sufragios. La diferencia entre ambos partidos fue de 3 mil 388 votos, de tal manera que si la gente no se hubiera equivocado al marcar los recuadros del Verde y del PRI, probablemente este último habría ganado la diputación federal por Reynosa.

Los distritos de  Río Bravo, Matamoros y  Madero también los ganó el PAN en esa elección debido al elevado número de votos nulos marcados por error, que  terminaron perjudicando al PR.
Los Distritos donde los  candidatos panistas ganaron ampliamente a pesar del alto número de votos nulos fueron Nuevo Laredo y Tampico.       En el distrito de Nuevo Laredo el total de los votos anulados fue de 10 mil 678.

Sin embargo la diferencia entre la votación obtenida por el PAN y la que recibió el PRI fue de 27 mil 753 sufragios muy superior a los 5 mil 840 votos que se marcaron por error en los  recuadros del tricolor y del Verde

El otro triunfo panista inobjetable en esa elección de diputados federales ocurrió en el Distrito que comprende Tampico.  La diferencia de votos entre el PAN y el PRI fue de 26 mil 681, en tanto que los votos erróneamente marcados en los emblemas del PRI y del Verde ascendieron a  4 mil 220.

El estudio del IFE refiere que este incremento de votos nulos por error  en las elección del 2012 puede explicarse por el registro de una coalición parcial diferenciada en las tres elecciones federales, lo que pudo causar confusión entre los electores.

jueves, 17 de mayo de 2018

TRIBUNAL CONTRA LOS ABUSOS DE EVERARDO


Una ventajosa permuta autorizada por el cabildo de Reynosa el penúltimo día del trienio que entre el 2011 y 2013 encabezó como presidente municipal Everardo Villarreal Salinas, puede ser modificada por un juez federal para bajarla al valor real de un predio afectado por la construcción de la avenida Espuela del Ferrocarril.

La disputa legal que se originó desde 2015 porque el Ayuntamiento de Reynosa no había cumplido con la permuta aprobada a fines de 2013, se convirtió en un asunto muy complicado que varias veces ha ido del Juzgado Octavo de Distrito al Primer Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas. Incluso en dos ocasiones ha estado a punto de irse a la Suprema Corte de la Nación.

En febrero de este año, el Juez Octavo ordenó a la actual administración municipal de Reynosa pagar a los afectados 25 millones de pesos en sustitución de tres predios municipales que originalmente se dieron en permuta.

Como único recurso a su alcance, el ayuntamiento presentó una queja ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito para combatir la resolución que lo condenaba a liquidar dicha cantidad.

La permuta se autorizó con una excesiva ventaja a favor de los propietarios de la superficie en litigio.  La administración encabezada entonces por Villarreal Salinas realizó diversas maquinaciones para aumentar más de tres veces el valor real de la afectación.

Así fue aprobada por el cabildo. En esas condiciones de desventaja para los intereses del ayuntamiento se admitió un amparo para forzar a la administración que encabezó José Elías Leal a cumplir con la permuta.      Así recibieron  el expediente las actuales autoridades municipales.

Sin embargo la queja interpuesta contra la orden judicial para que el Ayuntamiento pagara los 25 millones de pesos, puede tener un efecto favorable para los intereses de Reynosa. A principios de este mes de mayo, el Primer Tribunal Colegiado al resolver la queja expuso que la sentencia del Juez Octavo de Distrito en Reynosa tenía muchas deficiencias.

El tribunal le hace ver al juzgador federal que debe pronunciarse respecto al valor de la afectación al inmueble de los quejosos al que le asignaron un valor comercial de 25 millones de pesos, pero que para ello debe tomar en cuenta un oficio firmado en octubre de 2015 por el entonces “Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de la Presidencia Municipal de Reynosa.

La resolución de la queja indica que dicho oficio refiere que “la superficie ocupada por la vialidad La Espuela correspondiente a la familia Ayala Tijerina es de 6,637 m2 (seis mil setecientos treinta y siete metros cuadrados) de lo que se infiere que existe una afectación distinta sobre la superficie que los quejosos refieren en su demanda y sobre la que se verificaron los peritajes, que significaría una disminución en el importe del valor del predio de los quejosos”

Tras advertir las irregularidades encontradas en la actuación del juez, le devolvió el expediente para que resuelva tomando en cuentas las observaciones que le hicieron.

lunes, 7 de mayo de 2018


Desde 1998, el gobierno de Estados Unidos levantó un muro virtual que impidió a miles de mexicanos entrar a Estados Unidos. Antes, con relativa facilidad, la gente de la frontera norte sacaba las llamadas “tarjetas locales” directamente en las oficinas del Servicio de Inmigración y Naturalización en los puentes internacionales.

A partir de ese año, los trámites de la llamada “Visa Láser”, que se autoriza a residentes fronterizos para cruzar a territorio estadounidense, deben hacerse en los consulados o la embajada de Estados Unidos en México.

El costo de casi 200 dólares por la solicitud de la visa y el requisito de presentar el pasaporte mexicano, por el que deben pagarse derechos federales, significaron un obstáculo insalvable para miles de personas de escasos recursos que, al cancelarse las tarjetas locales, ya no pudieron volver a entrar a ese país.

miércoles, 11 de abril de 2018

Desde 1998, el gobierno de Estados Unidos levantó un muro virtual que impidió a miles de mexicanos entrar a Estados Unidos. Antes, con relativa facilidad, la gente de la frontera norte sacaba las llamadas “tarjetas locales” directamente en las oficinas del Servicio de Inmigración y Naturalización en los puentes internacionales.

A partir de ese año, los trámites de la llamada “Visa Láser”, que se autoriza a residentes fronterizos para cruzar a territorio estadounidense, deben hacerse en los consulados o la embajada de Estados Unidos en México.

El costo de casi 200 dólares por la solicitud de la visa y el requisito de presentar el pasaporte mexicano, por el que deben pagarse derechos federales, significaron un obstáculo insalvable para miles de personas de escasos recursos que, al cancelarse las tarjetas locales, ya no pudieron volver a entrar a ese país.

sábado, 16 de diciembre de 2017

TAMAULIPAS: VEHICULOS CHOCOLATE AL ARO VIA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El gobierno de Tamaulipas promovió reformas a diversas disposiciones de las leyes de Hacienda, de Tránsito y de Seguridad Pública para que a partir de enero los propietarios de vehículos que no estén inscritos en el padrón vehicular del estado y que circulen permanentemente en la entidad, estén obligados a contratar un seguro por daños a terceros.

Aunque en ninguna parte de la iniciativa se menciona, esta medida tiene entre otros propósitos el de identificar las unidades motrices extranjeras que se encuentra de manera permanente en territorio del estado.

Como se trata de un asunto con muchas implicaciones y complicaciones, el procedimiento legal creado se justifica con la necesidad de garantizar que todos los automotores cuente con un seguro.

Ante su imposibilidad legal para atender de otra manera el problema que, en términos de seguridad pública, representa la circulación de vehículos cuya estancia es ilegal en territorio nacional, el gobierno local estableció dicha disposición, que además incluye la expedición de un engomado para identificar a las unidades que cuenten con seguro.

Los dueños de los vehículos además de contratar esa protección por daños a terceros, que debe incluir gastos médicos, deberán obtener, previo pago de los derechos, el engomado que será expedido por la Secretaría de Finanzas a “tales vehículos, siempre y cuando” tengan seguro de responsabilidad civil.    El engomado deberá colocarse de manera visible, adherido en el lado derecho del parabrisas de la unidad.

La reforma a la Ley de Hacienda que creó este derecho por la expedición de la calcomanía le asignó un costo de  15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) - que en este momento, equivaldría a mil 132 pesos con 35 centavos.      La vigencia de este documento comprenderá desde la fecha de su expedición hasta el 31 de diciembre del año calendario de que se trate.

Las adiciones a la Ley de Seguridad Pública del estado darán atribuciones a la Policía Estatal para vigilar y verificar que los vehículos que “circulen por las vías públicas en el Estado y sus municipios, cuenten y porten con la póliza de seguro vigente de responsabilidad civil por daños a terceros…”

La Policía Estatal y las autoridades de tránsito en los municipios también podrán verificar que los vehículos cuenten con el engomado expedido por la Secretaría de Finanzas del gobierno tamaulipeco.

Obviamente, en la Ley de Transito se establecieron sanciones para el incumplimiento de esas  obligaciones.  

En el supuesto de que el poseedor no exhiba o no cuente con seguro se le aplicará una multa desde cuarenta hasta sesenta veces el valor diario de la UMA.


En el caso de que el vehículo no cuente con el engomado expedido por la tesorería estatal a vehículos asegurados, se procederá a su detención y se remitirá a las instalaciones de resguardo que correspondan. Además al poseedor se le aplicará la multa mencionada arriba.  Las multas no podrán ser condonadas ni reducidas.

domingo, 10 de diciembre de 2017

REYNOSA: LUEBBERT GUTIERREZ LE PEGA AL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Reynosa, junto con “otros”  fue demandado por el empresario Efrén López Perales, propietario de la marca “Broncos de Reynosa”,  quien reclama daños y perjuicios por una suma multimillonaria argumentando que no pudo finiquitar la promesa de compraventa que firmó  con una empresaria interesada en quedarse con esa marca denominativa.

El antecedente de la acción legal contra del Ayuntamiento se remonta a diciembre de 2009 cuando dos particulares y el municipio constituyeron la empresa “Grupo Deportivo Reynosa” con el propósito de adquirir la franquicia del equipo de béisbol que durante algunos años llevo precisamente el nombre de “Broncos de Reynosa”.

En una sesión de cabildo, el mismo día en que se constituyó “Grupo Deportivo Reynosa”,  la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, encabezado por Oscar Luebbert Gutiérrez como alcalde, le dieron autorización para el uso de dinero municipal por un monto superior a 14 millones de pesos como aportación para que el Ayuntamiento tuviera casi el 33 por ciento del capital social de la empresa.

Terminada su administración municipal, Luebbert Gutiérrez siguió involucrado en los asuntos de “Grupo Deportivo Reynosa”. El Ayuntamiento sigue como dueño de la tercera parte de la sociedad, pero ninguna de las siguientes tres administraciones municipales, incluida la actual, sabe que ocurrió realmente con la empresa.

Salvo el acta constitutiva, no existen registros de lo ocurrido con el dinero municipal aportado ni de la inversión que se hizo para remodelar el parque. No tienen reportes de pérdidas o ganancias, mucho menos del dinero de la venta del equipo para que la franquicia fuera transferida a León, Guanajuato.

La disputa ´por la marca “Broncos de Reynosa” inició en el 2010 cuando López Perales ocurrió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar la declaración administrativa de infracción contra “Grupo Deportivo Reynosa” por estar lucrando con la marca de su propiedad.

En la demanda presentada contra la actual administración municipal el empresario relata que en junio de 2010, personal del IMPI realizó una visita de inspección en las instalaciones del parque de béisbol “Adolfo López Mateos” sede de los “Broncos de Reynosa” en la que aseguraron gorras, “jersey”, playeras y chamarras con el nombre distintivo del equipo.

Indica que esa fecha se demostró que “Grupo Deportivo Reynosa”, infringiendo sus derechos de propiedad industrial comercializaba productos identificados con la patente, modelo de utilidad y marca “Broncos de Reynosa” y “Todos somos Broncos”, cuyo registro había recibido del IMPI en febrero de 2009.

Esta demanda presentada recientemente contra el Ayuntamiento de Reynosa, precisa que el gobierno municipal le ha provocado daños y perjuicios “puesto que al ser socio de la persona moral Grupo Deportivo Reynosa…la conducta desplegada por los demandados, impidió con su accionar” que vendiera la marca de su propiedad.

Refiere que había firmado un contrato de promesa de compra venta con una empresaria interesada en los derechos de la marca.  Explica que el 2 de septiembre de 2014, ella “desistió de su interés por adquirir la marca denominativa “Broncos de Reynosa” en virtud de haber tenido conocimiento que dicho nombre se encontraba en litigio”

López Perales se duele que en esa ocasión  perdió la oportunidad de vender los títulos nominativos. El monto de los daños que le atribuye a sus demandados, entre ellos el Ayuntamiento, está fijado en dólares, que calculado en pesos resulta en una cantidad exorbitante y prohibitiva para el municipio.

El caso es que las acciones de Oscar Luebbert Gutiérrez durante  su segundo periodo como alcalde ponen nuevamente en un predicamento legal a las autoridades municipales en funciones.

Primero fueron varias demandas de empresarios de la construcción que alegaron que en el 2010, último año del segundo mandato de Luebbert Gutiérrez, no les pagaron obras que les habían contratado.  

Las ejecutorias de las sentencias, ya sin posibilidad de combatirlas, sumaron en conjunto más de 50 millones de pesos, que las actuales autoridades del municipio tuvieron que pagar a partir de  diciembre de 2016.

Recientemente, la empresa Promotora Ambiental de la Laguna les requirió el pago de 300 millones de pesos argumentando violaciones al contrato de concesión por el servicio de limpia, que Luebbert Gutiérrez en representación del Ayuntamiento firmó con ellos en abril de 2010.

Ahora esto.

martes, 28 de noviembre de 2017

REYNOSA: LA CONCESIONARIA QUE ABANDONO EL SERVICIO DE LIMPIEZA QUIERE 300 MILLONES DE PESOS DEL MUNICIPIO

Hace unos días, representantes de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA),  concesionaria del “Servicio Integral de Limpia” en Reynosa, entregaron en las oficinas del Ayuntamiento un requerimiento de pago por 300 millones de pesos como pena convencional por el supuesto incumplimiento del municipio de sus obligaciones contractuales.

Como se recordará, en abril de 2010, el Ayuntamiento de Reynosa, representado por el entonces presidente municipal por Oscar Luebbert Gutiérrez, firmó un contrato que le dio a PASA facultades extraordinarias e ilegales que no solo ponían en desventaja al municipio sino que pusieron en riesgo el interés social.

Aunque el contrato establece procedimientos muy precisos para resolver los desacuerdos entre la empresa y el ayuntamiento con relación a la liquidación de los servicios de recolección, transporte y confinamiento de la basura doméstica, las partes acordaron establecer una cláusula que permitía a la concesionaria suspender el servicio si las autoridades incumplían con el pago respectivo.

El documento describe de manera muy clara todos los pasos para que la empresa tramitara sus facturas.  En caso de una diferencia señala los plazos y la forma en que podía intentar resolverla, incluyendo la participación de un conciliador externo.        Indica que si todos esos procedimientos resultaban infructuosos, las partes quedaban en libertad de acudir a las instancias judiciales.

Sin embargo en perjuicio del Ayuntamiento, la cláusula quinta le da una ventaja dolosa y abusiva a PASA permitiéndole sin consecuencias legales “suspender parcial o totalmente la prestación de los servicios objeto del presente contrato en caso de que el Ayuntamiento no cumpla con el pago” de sus servicios.      

Esa cláusula establece que la suspensión de los servicios será considerada como causa justificada.  Esta prerrogativa le otorgó a PASA una ilegal protección contra las sanciones que le podían imponer  cuando incurriera en irregularidades en la prestación del servicio.

La concesión indica que cuando la empresa incumpliera con sus obligaciones, el ayuntamiento quedaba facultado para aplicarle las sanciones correspondientes, con excepción de la suspensión del servicio por falta de pago.

En diciembre de 2010, último año de la administración municipal encabezada por Luebbert Gutiérrez, PASA dejó de recolectar los desechos domésticos porque el municipio le debía varios meses de pago.  

No hubo procedimiento administrativo ni judicial para requerirlo. Se ampararon en la abusiva ventaja que le concedió el Ayuntamiento a  la firma del contrato.

A partir de ahí, la empresa jamás volvió a prestar el servicio que le había sido concesionado apenas siete meses antes.  Las siguientes administraciones municipales, con muchas deficiencias, a través de terceros se hicieron cargo de la recolección de los desechos sólidos urbanos.

Ahora de manera dolosa, casi siete años después, sus representantes vuelven a Reynosa reclamando el pago de la pena convencional establecida contra el ayuntamiento porque decidió prestar, por conducto de terceros, los servicios que le fueron concesionados y que abandonó desde fines de 2010.

La indemnización pactada es por un monto igual al 40 por ciento de los servicios “que se hubieran facturado en el periodo restante de la concesión”

Esa es la base del requerimiento del pago de 300 millones de pesos que recién presentaron a las actuales autoridades municipales.  Ante este reclamo, que seguramente la empresa intentara hacer valer ante los tribunales, el Ayuntamiento debe pelear hasta con las uñas por el bien común involucrado.


Esta obligado a impedir a toda costa que la negra herencia que dejó Oscar Luebbert Gutiérrez a su salida del municipio, como algunas  obras públicas que no liquidó y que ya han costado millones de pesos a la actual administración, se materialice en perjuicio de la sociedad. 

miércoles, 15 de marzo de 2017

EU: CAE UNA DE LA RED DE LAVADO DE EX GOBERNADOR TAMAULIPECO.

El Lunes 13 de marzo, autoridades estadounidenses detuvieron en Los Angeles California a Mónica Andrea Roca Pérez,  quien formó parte de una red de empresas constituidas en Texas con el propósito de ocultar dinero del ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores.  

La mujer iba a viajar a Monterrey, Nuevo León luego de visitar a su hijo, quien reside en esa ciudad de Estados Unidos. 

De acuerdo con la información disponible, Roca Pérez fue trasladada a Corpus Christie para ser presentada ante una corte federal que sigue el caso abierto contra Hernández Flores, procedimiento en el que fue declarado prófugo del gobierno  de ese país

Desde 2008, diversas empresas fueron constituidas en Texas por Hernández Flores, por su entonces esposa y cuñado además de familiares de una de sus más cercanas colaboradoras, entre los que se encuentra Roca Pérez, quien además es sobrina segunda del ex gobernador Egidio Torre Cantú.

En octubre de 2008, según consta en los registros del estado de Texas, se creó la empresa PCR Consulting Services.

Ahí eran socios Juan Antonio Pérez Cantú y Mónica Pérez Cantú, hermanos de Luis Alejandro y Rocío, director de Averiguaciones Previas de la procuraduría estatal  y Directora de Atención Ciudadana de la oficina del gobernador durante el sexenio de Hernández Flores.  Por el lado materno, Roca Pérez es sobrina de todos ellos.

Rocío Pérez Cantú,  fue responsable de la oficina de gestoría de Eugenio Hernández Flores, cuando fue diputado federal. Posteriormente la nombraron directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Victoria en el tiempo en que este fue presidente municipal.

Cuando se convirtió en gobernador del estado la designó directora de la oficina de Atención Ciudadana.

El 12 de enero de 2009, Marcia Guadalupe Pérez Cantú, una de las hermanas de la ex funcionaria estatal, asociada con sus hijas Mónica Andrea y Marcia Alejandra Roca Pérez y María Fidelfa Marcia Guadalupe Cantú, crearon la sociedad 3Perez Management.

En agosto del 2010, Mónica Andrea Roca Pérez creó Monrope Consulting LLC, también con nexos con PCR Consulting Services. Los registros del estado de Texas indican que su socia era María Luisa Irizar.

Entre las empresas que el gobierno de Estados Unidos descubrió que eran parte de la red de lavado de dinero de Eugenio Hernández Flores estaban Golo Management y Hergo Business Solutions propiedad de Adriana González Lozano, entonces esposa del ahora ex gobernador.

El 21 de junio de 2011, Sergio Luis González Lozano, hermano de Adriana, y Myrthala Catalina González Jasso, registraron la compañía Semy International, LLC, que está ligada con PCR Consulting Services, lo mismo que Lorely International LLC, Demium LLC, Mg Media  LLC y Semium International LLC.


Las ocho empresas vinculadas al ex gobernador de Tamaulipas, considerado prófugo de la justicia estadounidense tenían el mismo domicilio en el  601 S. International Bvld, Suite C en Hidalgo, Texas. Actualmente todas están inactivas.

viernes, 10 de marzo de 2017

ASF: EN REYNOSA CON UNA RASCADA DE CASCARA TIENEN

Personal de la Auditoría Superior de la Federación actualmente revisa la aplicación de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2016 por parte del Ayuntamiento de Reynosa. 

Estas auditorías no son generales. Se concentran en fondos y programas derivados de participaciones federales.

¿Qué ocurriría si se auditara lo que la administración de José Elías Leal le pagó entre enero y junio del año pasado a varias empresas fantasmas con domicilio fiscal en Nuevo León que se usaron para desviar recursos del municipio?

Por ejemplo, encontrarían que una joven de nombre María de Jesús Rosales Alonso aparece como socia en las empresas Orienta y Soluciona y Expertos Analistas, que en conjunto cobraron siete y medio millones de pesos por servicios inexistentes.  

Sus documentos personales indican que esta “empresaria” vive en la colonia Luis Echeverría de Ciudad Victoria, un asentamiento marginal con calles sin pavimentar que se localiza en uno de los cerros que rodean la capital del estado.

También descubrirían que en Orienta y Soluciona, el socio de Rosales Alonso es Luis Cutberto López Juárez, quien aparece como auxiliar técnico en sistemas en los archivos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno de Tamaulipas. 

Los registros muestran que por su nivel laboral percibía un sueldo mensual de poco menos de 5 mil pesos.


Una auditoria revelaría que en la empresa Expertos Analistas, Rosales Alonso tiene como socio a Daniel Fausto Tovar Vázquez, cuya cédula profesional lo acredita como técnico en construcción, quien es empleado administrativo de Radio Universidad de la UAT.  

lunes, 13 de febrero de 2017

GABINETE DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA: INSATISFACCION TAMAULIPECA

La empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, recientemente publicó la quinta edición de su serie “Las ciudades más habitables de México 2016” donde se muestra cómo ha evolucionado la percepción de la gente acerca de la calidad de vida que tiene en la ciudad donde reside.

El documento explora además la satisfacción de las personas con los servicios públicos y  el desempeño de las autoridades locales. 

En esta quinta entrega, según lo indica la publicación, se incluyeron dos variables nuevas con el propósito de profundizar el conocimiento sobre el impacto que tiene su entorno en el ánimo de las personas.

Una de ellas se refiere al nivel de satisfacción de entrevistados con la seguridad percibida al transitar ellos o sus familias por las calles de su ciudad. La otra está relacionada con la oferta de empleo en su ciudad.

Entre los 52 municipios en los que se realizaron las entrevistas, además de Monterrey y Guadalajara como zonas metropolitanas y la ciudad de México con sus 16 delegaciones, aparecen Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

El estudio destaca que debido a que hay inconformidad creciente en casi todo el país debido a la inseguridad y los problemas de la economía familiar se encontró un descenso en las calificaciones de lo que denominan Índice de Calidad de Vida.

Ciudad Victoria se ubicó entre las ciudades en las que registró un aumento significativo de la percepción negativa en torno a la seguridad y las oportunidades de encontrar empleo ya que la capital del estado cayó del 17 al 34.

El documento de Gabinete de Comunicación Estratégica indica que en el 2016 se formaron a nivel nacional ocho grupos estadísticamente independientes según el nivel de satisfacción con los servicios que reciben de las autoridades municipales o delegacionales en el caso de la Ciudad de México.

Resalta que en el primer grupo únicamente quedó Nuevo Laredo, ya que sus residentes reportaron los más altos niveles de satisfacción en las 16 variables utilizadas para el estudio.

Según el reporte, conforme desciende el nivel de satisfacción con los servicios que la gente recibe las ciudades se ubican en grupos inferiores.  De las ciudades de Tamaulipas, Ciudad Victoria quedó en el sexto grupo en tanto que Reynosa se ubicó en el séptimo.

En esta medición se encontró que entre las ciudades donde hubo un descenso significativo en los índices de satisfacción de sus habitantes respecto de la prestación de los servicios están Ciudad Victoria, Matamoros y Reynosa.

El aumento de la percepción negativa de sus habitantes provocó que la capital del estado pasara del lugar 15 al 38, que Matamoros descendiera del lugar 9 al 33 y que Reynosa descendiera del 36 al 51.

Esta entrega de la serie “Las ciudades más habitables de México 2016” de Gabinete de Comunicación Estratégica tiene una herramienta que permite conocer a detalle los resultados de cada indicador en cada ciudad.

Por ejemplo,  de las cuatro ciudades tamaulipecas incluidas Matamoros fue la peor evaluada en la prestación del servicio de  basura. Los niveles de satisfacción de la gente se midieron en una escala del 5 al 10. El número 5 indica que las autoridades resultaron reprobadas por su comunidad.

Matamoros aparece con un promedio de 5.9, le siguen Reynosa con 6.2 y Ciudad Victoria con 6.8, lo que representan una valoración muy negativa sobre ese servicio.  Nuevo Laredo con 8.4 de niveles de satisfacción de la gente se ubicó  con estándares muy altos de aceptación.

Como Nuevo Laredo muestra altos índices de satisfacción, solo compartiré los resultados de Ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo.

En el tema de seguridad Reynosa fue la ciudad donde la gente está más insatisfecha. El 54.3 por ciento de los ciudadanos reprobó el desempeño de las autoridades. El promedio de satisfacción fue de 6.1, muy cercano a la reprobación.

En Matamoros y Ciudad Victoria se encontraron promedios de 6.1 y 6.8 respectivamente.

La gente manifestó altos niveles de insatisfacción por la prestación de otros servicios públicos prioritarios. Por ejemplo el 73. 2 por ciento de los habitantes de Reynosa reprobó a las autoridades en el tema de pavimentación.  El promedio de calificación fue de 5.6 puntos en la mencionada escala.     En Ciudad Victoria y 
Matamoros, la gente expresó casi los mismos niveles de descalificación.

Los resultados muestran las percepciones de satisfacción con un servicio al que denominan “Desazolve”, que seguramente se refiere al sistema de conducción y tratamiento de aguas residuales que prestan los municipios.

La población de Reynosa es la que se mostró más insatisfecha con la prestación del servicio. La ciudad se ubicó con un promedio 5.8 puntos  de calificación. Ciudad Victoria y Matamoros aparecen  con 6.4 y 6.2, respectivamente.

Como se indicó, la evaluación realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica incluyó 16 variables para medir los índices de satisfacción de los habitantes de las ciudades incluidas en el documento.

Entre ellas está al que se designó “Atención a fugas de agua”.  Los residentes de Reynosa nuevamente aparecen como los más insatisfechos entre las cuatro ciudades tamaulipecas seleccionadas en el estudio.

La percepción de satisfacción de los reynosenses fue muy baja ya que promedio 5.9 de calificación.  La evaluación de la prestación del servicio en Ciudad Victoria también fue casi reprobatoria porque se ubicó en 6.2 puntos de promedio en tanto que Matamoros  fue de 6.6 puntos.

Debido a que las 30 mil 400 entrevistas que comprendió este levantamiento a nivel nacional se realizaron entre el 30 de junio y el 19 de julio de 2016, en el caso de los cuatro municipios de Tamaulipas incluidos, los resultados calificaron el desempeño de las autoridades que concluyeron su encargo legal el 30 de septiembre.


Sin embargo esta edición de “Las ciudades más habitables de México”, puede ser un instrumento muy valioso para quienes actualmente están al frente de los Ayuntamiento de estos municipios.

viernes, 10 de febrero de 2017

TAMAULIPAS: EL ENTRAMADO PODRIDO

La detención en Nuevo León del empresario tamaulipeco Fernando Cano Martínez, identificado como el más importante prestanombres del ex gobernador Tomas Yarrington Ruvalcaba, representa un clavo más al ataúd de las mafias políticas que hace más de 20 años tomaron por asalto el gobierno estatal para convertirlo en instrumento de sus aviesos intereses.

El caso de Cano Martínez ilustra con abundancia la perversión del sistema político priista, repudiado por los ciudadanos en el proceso local del año pasado que llevó al panista Francisco García Cabeza de Vaca a convertirse en gobernador de Tamaulipas.

Cano Martínez, multimillonario a costa del erario tamaulipeco y de la federación, es parte de un complejo entramado de empresas que empezó a construirse a mediados de los noventa para vaciar literalmente las arcas estatales. 

El saqueo perpetrado desde el sexenio de Tomás Yarrington continuó durante el tiempo que gobernaron el estado Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú. Todos ellos fueron participes en el descomunal y escandaloso desvío de recursos estatales.

En el sexenio de Eugenio Hernández Flores, con orden de captura del gobierno de Estados Unidos, Cano Martínez continúo enriqueciéndose al recibir cuantiosos contratos de obra pública. Aunque es difícil determinar los montos exactos, la información disponible indica que al menos le fueron asignados 500 millones de pesos en esa administración. 

El tamaño de la fortuna que hasta hace casi 10 años había amasado fue ventilado públicamente en el 2008 durante el proceso de su divorcio. Sonia de Pau García, su entonces esposa, reclamó la distribución de bienes y dinero que sumaban miles de millones de pesos.


Entre los bienes que le atribuyó a Cano Martínez, adquiridos mediante empresas propias y de prestanombres había terrenos en varios municipios con una extensión total de casi dos mil hectáreas además de otros activos e inversiones por cientos de millones de pesos.

Con documentos, buscó demostrar que Cano Martínez era el dueño de empresas administradas por presta nombres, que también fueron acusados por varios delitos en Estados Unidos entre ellos lavado de dinero y fraude bancario, entre ellos Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodríguez Berlanga 

Se ha documentado abundantemente sobre todas sus maquinaciones efectuadas en México y Estados Unidos para lavar millones de dólares provenientes del desvió de recursos públicos y del producto de la asociación del ex gobernador Yarrington con la delincuencia organizada.

Por acciones semejantes Hernández Flores es considerado prófugo de la justicia de los Estados Unidos.

Como parte de los grupos políticos que se adueñaron de los recursos de Tamaulipas, antes de asumir el cargo el ex gobernador Egidio Torre Cantú, ya se había hecho millonario con decenas de contratos de obra pública.

Su empresa Servicios de Ingeniería Tohesa fue singularmente beneficiada durante el tiempo en que Yarrignton Ruvalcaba ocupó la gubernatura. La llegada de Eugenio Hernández Flores le permitió prolongar su buena fortuna ya que recibió contratos por al menos 400 millones de pesos.

Tan solo en el 2008, le fueron entregados tres contratos por un monto de casi 110 millones de pesos para la construcción de la urbanización de la primera etapa del Parque Científico y Tecnológico, un dren pluvial y el Edificio Empresarial para las Tecnologías en la capital del estado.

Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores no conformes con lo que obtuvieron robándose el dinero del gobierno estatal, terminaron enredados con grupos de la delincuencia organizada. Este nivel de corrupción, que les permitió aumentar considerablemente sus fortunas, sentó las condiciones para que al paso de unos años el estado quedara a merced de esos grupos.

Hasta ahora, Egidio Torre Cantú solo es perseguido por la pésima fama que dejó en el estado. Las imputaciones sobre su enriquecimiento desmedido y sus presuntos vínculos con la delincuencia no han pasado de la denuncia pública. ¿Podrían llegar al ámbito de lo legal?

jueves, 26 de enero de 2017

TRUMP: MCALLEN Y EL MURO

El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido su desprecio por los mexicanos en acciones de gobierno. La xenofobia como política pública. 

Al estar influidas por sus filias, la expresiones del presidente Trump ignoran la compleja realidad de su país y las relaciones que tiene con otros países del mundo, incluido el nuestro. 

Podemos tomar un solo ejemplo de esta estrecha conexión que hay en economías regionales de Estados Unidos y los mexicanos. Es una pequeña ciudad que por su intensa actividad comercial ha sido el polo de desarrollo de una mediana región del sur de Texas en la frontera con Tamaulipas. 

Parte importante de su economía, que mueve miles de millones de dólares al año, está soportada en las compras realizadas por mexicanos. Mcallen es una de las ciudades de mayor importancia en la actividad comercial no tan solo de Texas. También es referencia a nivel nacional.

McAllen es la principal zona comercial del sur de Texas y el noreste de México. Por su ubicación tiene una base de consumidores estimada en 10 millones de personas a ambos lados de la frontera. 

Es un poderoso polo de atracción de miles de turistas que llegan de muchas partes de México. 

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de la ciudad, se estima que tiene un millón 800 mil visitantes por mes lo que representa un flujo de unos 20 millones de personas al año. 

Varias cadenas nacionales estadounidenses establecidas ahí reportan que sus tiendas en McAllen son las más redituables.

El principal complejo comercial de la zona, “La Plaza Mall”, tiene más de 140 tiendas especializadas como Dillard’s, Macy’s, Guess, JC Penney, Joe Brand. Banana Republic y American Eagle, entre otras. Esta plaza actualmente está en proceso de ampliación.

McAllen, que es una pequeña ciudad de menos de 200 mil habitantes, está reconocida como una de las zonas comerciales más importantes en Estados Unidos. 

En el 2014 cuando la empresa Guess Inc, lanzó su nueva tienda “Marciano” seleccionó tres ciudades para lanzar esta marca: Los Angeles, Toronto y McAllen,

Documentos de McAllen Chamber of Commerce, indican que JC Penney dio a conocer que las tres cuartas partes de los clientes de su tienda en la ciudad son mexicanos.

Entre el 2006 y octubre de 2016, las ventas al detalle de McAllen sumaron 39 mil 500 millones 239 523 dólares. Según las estimaciones que se reconocen, al menos el 35 por ciento de las compras son realizadas por consumidores provenientes de México.

Esto significa que en ese periodo de casi diez años, los turistas que llegan del noreste de México e incluso de otras zonas del país, adquirieron bienes y servicios por un poco más de 13 mil 825 millones de dólares.

A pesar de la crisis permanente que padece nuestro país y del encarecimiento del dólar, el flujo de dinero mexicano en la actividad comercial de esa ciudad no ha disminuido. Las cifras de la Cámara de Comercio de McAllen, indican que ha crecido constantemente. 

¿Cómo responder al anti mexicanismo de Donald Trump? 

¿Por qué no pensar en dejar de comprar en el comercio texano como respuesta a la agresividad del presidente estadounidense? 

No es difícil imaginar el impacto que esto tendría en esa zona del Valle de Texas.

lunes, 26 de diciembre de 2016

TAMAULIPAS: LOS GOLPES DE PECHO DEL EX GOBERNADOR PROFUGO

Sin dar la cara, mediante un video que seguramente ordenó que se le atribuyera, el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores pretende justificar el crédito de 6 mil millones de pesos que contrató en el 2009, menos de año y medio antes de terminar su sexenio, mismo que a la fecha representa casi la mitad de la descomunal deuda pública que padece el estado.

Antes de revisar lo que se afirma en el audiovisual, vale la pena señalar que hay documentos que muestran que las condiciones para el pago del crédito adquirido con Banorte resultan abusivas, con una ventaja excesiva para el banco.  Un contrato en demérito del interés común

Documentales relacionadas con el empréstito y el fideicomiso creado con motivo de este, revelan que la mayor parte de la carga financiera, con ganancias exageradas para el banco a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato, será para la actual administración que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca y los dos gobernadores que le sucedan a partir del 2022.

En un expediente del citado fideicomiso se inserta el calendario de amortizaciones mensuales hasta septiembre de 2029, fecha de vencimiento del contrato. A simple vista se nota la mala intención de cargarle el grueso de esas obligaciones económicas a la actual y a las siguientes administraciones.

En dicha programación se observa que las mensualidades en lugar de disminuir van aumentando considerablemente. Por ejemplo en el 2016, la correspondiente a enero fue de poco más de 10 millones 600 mil pesos mientras que la de diciembre subió a  12 millones 162 mil pesos, para acumular un pago anualizado  de 136 millones 432 mil 232 pesos.

Para el 2017, el gobierno del estado deberá gastar poco más de 158 millones y medio de pesos por las amortizaciones del año. Desafortunadamente, al documento que contiene esa información le falta el calendario del 2018 al 2020. También carece de datos sobre los pagos de varios meses en el 2021.

En el 2022, último año del sexenio de García Cabeza de Vaca, deberán pagarse casi 334 millones de pesos por la amortización anualizada.  En el 2023 las obligaciones anuales suben a 389 millones 589 mil 539 pesos  y a casi 450 millones para el 2024.

Aunque no están las hojas sobre los pagos correspondientes a 2025, 2026 y 2027, en toda la calendarización disponible se ve que las mensualidades son cada vez más cuantiosas.    Para el penúltimo año de vigencia del crédito, el gobierno en turno deberá liquidar más de 846 millones de pesos. 

Entre enero y septiembre del 2029, dado que en este último mes vence el crédito contratado por Hernández Flores, tendrán que pagarse 697 millones 153 mil 748 pesos.

La mensualidad de enero de ese año compromete 73 millones 669 mil 684 pesos. La de septiembre, con la que se liquida el crédito, asciende a 81 millones 367 mil 142 pesos.

Eso, que definitivamente es producto de un acuerdo sumamente ventajoso a favor del banco, no lo dicen en el promocional difundido recientemente, que se afirma es una respuesta a las recientes declaraciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sobre el tema. 

Aún con los faltantes de información se puede estimar que el crédito terminará constándole a la población tamaulipeca casi 10 mil millones de pesos.    Un verdadero atraco en todos los sentidos.

En el video de referencia hay afirmaciones que se acomodan a conveniencia del ex gobernador. Dicen que no se comprometió el total de  los ingresos por concepto de recaudación del Impuesto sobre Nóminas para el pago del multimillonario préstamo.

En una gráfica se indica que solo el 34 por ciento de dichos impuesto se destina para el pago de capital e intereses.

Con esa información tan superficial pretenden crear la impresión de que los pagos a Banorte no comprometen la estabilidad financiera del estado. Aun tomando como referencia ese dato, se nota que en tal escenario el crédito como quiera es una sangría para las arcas estatales.

Entre 2010 y 2016, según establecen las leyes de ingresos de ese periodo, la recaudación del impuesto sobre nómina habría tenido un acumulado histórico de  9 mil 999 millones 173 mil pesos.

Sobre la base de ese 34 por ciento que se cita en el video publicado en las redes sociales, en dicho periodo los pagos hechos a Banorte entonces habrían ascendido a 3 mil 339 millones 718 mil pesos, poco más de la mitad del monto contratado por Hernández Flores.

El gravísimo problema que tiene el gobierno de Tamaulipas es que al mes de septiembre de 2016, el saldo de la deuda con el banco era de  5 mil 641 millones 644 mil 776 pesos.    En los casi siete años de vigencia de la deuda con esa institución financiera se han acreditado tan solo 358 millones 355 mil  224 pesos, apenas el 5.9 por ciento de lo contratado en el 2009.

Convenencieramente, eso no lo exponen en el video.

Aunque además de ese crédito el gobierno del Tamaulipas está pagando otros,  los datos disponibles sobre lo que se ha destinado para pagarlos ilustran lo gravoso, lo lesivo de esas obligaciones. De acuerdo con lo programado en  los presupuestos de egresos del estado entre 2010 y 2016, en ese periodo se destinaron 7 mil millones 251 mil 675 pesos para deuda pública. 

Un verdadero agujero negro para las finanzas estatales. Eso tampoco lo dicen

Por otra parte, una de las cosas que resaltan en el video es lo que califican como  la razón principal para la contratación del crédito.  Afirman que  “fue la crisis económica mundial de 2008 que agravó la situación que vivía México”. 

Sin embargo, seguramente para enfatizar aún más esa supuesta necesidad, en  una transcripción del audio de ese video se  hace una cita diferente ubicando el contexto económico internacional un año atrás: “Fue la crisis económica mundial que se dio en el 2007, cuyos síntomas empezaron a repercutir y agravarse en México a partir del 2008”.

Sin ahondar en detalles, solo basta decir que a la fecha de aprobación del endeudamiento la crisis económica mundial aludida en el video aún no se manifestaba en toda su magnitud y seguramente ni Hernández Flores ni  nadie de su equipo tiene la capacidad para haber vislumbrado y mucho menos anticipado un evento de esa naturaleza.

Además, el dictamen de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública de la LIX Legislatura del Congreso de Tamaulipas, aprobado el 15 de diciembre de 2007, en el que se reprodujo la iniciativa del entonces gobernador para conseguir esos seis mil millones de pesos, en ninguna parte hace referencia al contexto económico internacional. Ninguna cita al respecto.

Por el contrario la iniciativa planteó un escenario estatal muy positivo.

Tras indicar que la recaudación estimada por concepto del  Impuesto sobre Nómina para el ejercicio fiscal 2008, serían de 938 millones 800 mil pesos afirma que “la proyección de esos ingresos en un periodo de nueve años constituiría el soporte de capitalización…estableciéndose como fuente de pagos de las obligaciones que eventualmente se contraigan, los ingresos derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas durante un horizonte de nueve años”.

Esa percepción tan optimista los llevó a considerar factible un crédito pagadero a nueve años.

Ahí se advierte que el gobernador y su equipo no veían una contingencia en curso, por lo que el decreto original autorizó conseguir los seis mil millones de pesos y liquidarlos en nueve años.

En ese primer decreto publicado en los primeros días de 2008 se estableció tal plazo pero poco más de una año después se expidió otro con varias reformas al original, entre las que está la ampliación de la vigencia del crédito a 20 años.

Este último plazo resultaría el único dato real incluido en la “respuesta” de Eugenio Hernández Flores.

Por lo demás, con la información disponible y aun con los faltantes de datos en los calendarios de pago, se puede estimar que el crédito terminará costándole a la población tamaulipeca casi 10 mil millones de pesos.   

¿Cuál mérito pretende entonces el ex gobernador Hernández Flores?  Además es fama pública que prácticamente toda la obra pública ejecutada en su sexenio se la entregaron a las empresas de sus amigos o de sus prestanombres.

Tanta diligencia para tratar de aclarar este asunto debiera ponerla en atender las acusaciones criminales por las que a partir de junio del 2016 se convirtió en prófugo de la justicia estadounidense.




miércoles, 21 de diciembre de 2016

SEGUNDO ROUND: CONGRESO DE TAMAULIPAS VS ALCALDESA DE REYNOSA

La Comisión de Gobernación del Congreso de Tamaulipas acusa a la Presidenta Municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, de no respetar las normas legales vigentes en el estado, que su respuesta a un requerimiento que le hizo el congreso “es una muestra de opacidad y falta de voluntad para colaborar en la aclaración de actos realizados por ella en su carácter de autoridad.”

También señala que su conducta “denota autoritarismo y entraña además una falta de respeto para el Congreso del Estado”.      Amenazan con fincarle responsabilidades legales

Lo anterior está contenido en un nuevo exhorto que le hicieron a la alcaldesa de Reynosa y que debió contestar este miércoles 21 de diciembre. Anuncian que en caso de no atender nuevamente el informe requerido, "se dará cuenta al Presidente de la Diputación Permanente o de la Mesa Directiva, para que proceda en los términos del procedimiento legal conducente para el fincamiento de responsabilidad. "

El antecedente de esta situación es un escrito que el 31 de octubre pasado, trece miembros del Ayuntamiento mediante el cual pusieron en conocimiento de los diputados una serie de eventos que desde su perspectiva, “ha cometido la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, como Presidenta Municipal de Reynosa Tamaulipas, manifestando que se pone en grave riesgo la estabilidad legal y política del municipio en cuestión, y que por tal motivo deben corregirse y ajustarse a los procedimientos legales”

A principios de diciembre la presidenta municipal envió al congreso un escrito contestando un exhorto que se le hizo para informar sobre esa situación.

El día trece de diciembre, al considerar que la alcaldesa no dio respuesta al requerimiento, la Comisión de Gobernación, emitió un nuevo requerimiento a la presidenta municipal de Reynosa.
El documento, entre otras cosas concluye que:

1. “Se observa con preocupación que no existe por parte de la Ciudadana Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa Tamaulipas, la intención de observar éstas (las normas constitucionales, estatales y municipales) y mucho menos a dar cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en el Punto de Acuerdo LXIII-26. “

2.- “Con base en sus apreciaciones, solicita que el Congreso deje sin efectos el Punto de Acuerdo que propició la solicitud del informe en mención, lo que hace evidente la falta de conocimiento sobre el propósito de este acto legislativo a la luz de la rendición de cuentas y de las obligaciones de las autoridades municipales frente al Congreso como órgano vigilante de la legalidad a la que deben ceñir el ejercicio de sus funciones.”

3.- “Esto es una muestra de opacidad y falta de voluntad para colaborar en la aclaración de actos realizados por ella en su carácter de autoridad. Su conducta denota autoritarismo y entraña además una falta de respeto para el Congreso del Estado, el cual solamente cumple con su función como institución soberana.”

El escrito advierte que "En caso de no atender nuevamente el informe requerido que con base en la ley se le formula, se dará cuenta al Presidente de la Diputación Permanente o de la Mesa Directiva, para que proceda en los términos del procedimiento legal conducente para el fincamiento de responsabilidad."

Los miembros del cabildo que firmaron el documento que dio inicio a estas acciones del Congreso son:

Alberto Muñoz Martínez, Juan Antonio Velázquez Moreno, María Concepción Sánchez Garza, Regino Iván Bermúdez Torres, David Jorge Aguilar Meraz, Erika Lorena Saldaña Muñoz, Claudia Margarita Pacheco Quintero, Javier Alberto Garza Faz, Héctor Alejandro Olivares Zavala, Anselmo Almaraz Salazar, Georgina Aparicio Hernández, Sixto Jesús Reyes Veraza y José Alfredo Castro Olguín quienes son Regidores y Primer Sindico, respectivamente, del Ayuntamiento de Reynosa.

Son trece de los 24 miembros del Ayuntamiento.