martes, 11 de noviembre de 2014

ERICK SILVA SANTOS: ECHATE OTRA DE VAQUEROS

Luego que las autoridades federales de Estados Unidos revelaran que existe una orden de captura contra el ex alcalde de Matamoros Erick Silva Santos, acusado por fraude y conspiración para lavar dinero, al también ex subsecretario de la Secretaria General de Gobierno del gobierno tamaulipeco,  solo se le ocurrió una risible respuesta: se dijo víctima de una conspiración política internacional en su contra.

Esta semana se dio a conocer que el ex presidente municipal del puerto fronterizo es investigado por el gobierno estadounidense por lavado de dinero, proveniente del desvío de recursos del financiamiento de su campaña política y del gobierno de Matamoros, además de sobornos que se le imputa haber recibido.

Lo acusan de haber colocado esos fondos en cuentas bancarias en aquel país, mediante declaraciones y documentos falsos.  En la revelación de algunos detalles de la causa en su contra se informó que hay procedimientos en curso para incautarle una vivienda en Brownsville, Texas,  ubicada en Land O Lakes Subdivision según el registro del Condado Cameron, además de  fondos por alrededor de 3 millones de dólares depositados en Las Islas Bermudas.

En torno al caso, Silva Santos aseguró que es “un golpe mediático” que atribuyó a lo que definió como el “Grupo Matamoros” del Partido Acción Nacional. El ex alcalde de Matamoros dijo que lo difundido tiene el propósito de dejarlo fuera de la contienda electoral federal del año que entra.

Otra interpretación que ofreció sobre las acusaciones en su contra, que resulta igual de increíble,  también pone  detrás  de estas a los panistas. Aseguró que  buscan  “distraer lo que está ocurriendo en Matamoros con la alcaldesa Leticia Salazar.”

Silva Santos pintó a sus enemigos en el PAN como un grupo poderosísimo, con tanta influencia como para mover los hilos de la justicia estadounidense.  Sus afirmaciones muestran muy claramente una completa desconexión de la realidad, lo que lo  indujo a hacer afirmaciones tan  torpes como cínicas.

En sus declaraciones a un periódico de la Ciudad de México, el ex edil matamorense,  dijo que no está prófugo.  “Es puro chisme” aseguró. Agregó que está en Matamoros, “en mi casa, haciendo mis actividades normales”. Quizá sea así, pero habría que ver que ocurre en caso de que se emita una orden internacional para su captura.


De acuerdo con la información liberada por la una corte estadounidense, Silva Santos utilizó los recursos malversados para invertir en certificados de depósitos en Estados Unidos y en las Islas Bermudas.

jueves, 6 de noviembre de 2014

PRD: ENTRE EL LINCHAMIENTO DEL SUBMUNDO Y LA REALIDAD DEL HARTAZGO

El manoseo político que se ha dado al caso Ayotzinapa, aunque deleznable, no tiene nada de extraordinario porque solo es un reflejo del cinismo y perversidad que caracteriza a quienes se desenvuelven en esa actividad, que,  por eso y mucho más, resulta una de las más despreciadas por la sociedad.
 La filiación partidista de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala preso ya por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, dio pie a muchas descalificaciones e imputaciones en contra de quienes lo promovieron políticamente.
El caso fue usado aviesamente por enemigos internos y externos de aquellos a quienes se achaca la responsabilidad de haber influido para que el varón de la llamada “pareja imperial” guerrerense fuera postulado candidato perredista a la alcaldía igualteca.
Las cosas llegaron a tal extremo que animaron al ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, a dolerse públicamente de lo que calificó como “una campaña de odio, alentada por algunos medios de comunicación que no contribuyen a resolver la grave crisis y provocan encono”
En parte tiene razón, porque esta tragedia, que provoca una indignación que se aviva cada día, efectivamente dio pretexto para que se desatara una bajuna confrontación entre muchos políticos de distintos partidos.
En medio de sus lamentaciones por lo que también juzgó como un “linchamiento”, contradictoriamente  se sintió legitimado para tomar y arrojar su piedra.
Sin rubor la arrojó contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló de haber impulsado a Lázaro Mazón como candidato al gobierno de Guerrero, quien a su vez apoyó a Abarca para buscar la alcaldía de Iguala.
En este entorno, quien igualmente se quejó del maltrato que les han dado fue el también ex presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien fue echado de la UNAM por un grupo de estudiantes que repetidas veces le gritaron asesino.
En su cuenta de twitter escribió que “la intolerancia- basada en la calumnia- de una minoría le hace el juego a la derecha autoritaria.”
Aunque lo hizo de manera grotesca e insensible,  de alguna manera le asiste la razón cuando publicó que “hay zopiloteo” en  torno  a “lo de Iguala por parte del PRI, PAN etc.”. Sin embargo Zambrano falló completamente en su interpretación respecto de lo que le ocurrió en la UNAM.

Aunque las imputaciones que le hicieron los estudiantes pueden resultar subjetivas, en realidad fueron una expresión airada del nivel del  hartazgo que hay en la sociedad. Es una manifestación del estado de ánimo social que los políticos, a pesar de todo lo sucedido en el último mes, no alcanzan a entender: la gente ya está hasta la madre.

jueves, 30 de octubre de 2014

SCJN: USTEDES LOS MISERABLES RICOS

La decisión de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechazó la procedencia de  la consulta popular promovida por el Partido Acción Nacional sobre el salario mínimo, representa otra señal de que en México difícilmente llegará el tiempo de los pobres.

Uno de los razonamientos para desechar esta consulta fue expuesto por los ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Pardo Rebolledo quienes señalaron que de proceder esta, terminaría por afectar los ingresos y egresos del Estado.

La pregunta planteada por el PAN proponía que se fijara un nuevo salario mínimo que garantizara al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval. La mayoría de ministros consideró que debido a que el salario mínimo es una referencia para la determinación de exenciones fiscales y otros conceptos, las finanzas públicas resultarían afectadas

Esta sentencia de la corte obra en función del mantenimiento  de un sistema económico impuesto en el país, basado en la perpetuación de la injusticia social que se expresa en el estado de marginación en el que vive la mayor parte de los mexicanos.      

La economía nacional tiene en los miserables salarios mínimos uno de sus puntales más sólidos. La producción de la riqueza está soportada por una política de contención salarial casi criminal que data de hace décadas.

Los pobres de este país seguirán heredándose su lacerante miseria.

En este contexto, la consulta propuesta por el Partido Acción Nacional en realidad no tiene nada de loable. Instalados nuevamente en la oposición encontraron lo que pensaron que sería un estandarte político  que les reconocerían aquellos que apenas sobreviven con los raquíticos ingresos que reciben por su fuerza de trabajo.

No tiene mucha ciencia identificar un tema que pueda ganar consenso entre los millones de mexicanos que viven muy por debajo de los niveles mínimos de bienestar. El discurso de los salarios mínimos es un singular  espejito en la víspera de las elecciones del 2015.

Sin embargo los panistas están deslegitimados porque durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón la política económica continuó sin variaciones, es decir cimentándose en la depauperación de la población.

En el sexenio del primer presidente panista del país, la política de fijación de los salarios mínimos continuó como una burla para los trabajadores. Por citar un ejemplo, ya que esta medida se prolongó durante ese periodo, el incremento  autorizado para el 2002 fue de un peso con ochenta centavos diarios.

En la administración de Felipe Calderón, el mayor aumento que hubo fue en el 2007 cuando los trabajadores ganaron 2 pesos con 66 centavos diarios  más por un salario mínimo.


Ambos panistas nada hicieron para variar una de las políticas que representa el instrumento más inmoral del sistema económico mexicano, que tiene como consecuencia el enraizamiento de las terribles desigualdades sociales, que continúan a conveniencia de los poderosos.

miércoles, 29 de octubre de 2014

LOS POLITICOS ECHANDOSE CACA: ¿COMO? ¿A POCO?

La tragedia de Ayotzinapa  ha derivado en un vergonzoso reparto de culpas entre funcionarios y dirigentes de varios partidos, que además de embarrar en el escándalo a sus enemigos políticos,  parece  un intento desesperado por desviar la atención del verdadero  fondo de este terrible caso.

Ya se echaron a andar maniobras de control de daños para enfrentar la demoledora descalificación de la opinión pública nacional e internacional que ha sometido, principalmente, al estado mexicano a una tensión que no tiene precedente en nuestro país.

Como la salida de Ángel Aguirre Rivero del gobierno de Guerrero no logró despresurizar el ambiente de irritación causado por esos hechos, ahora los medios de comunicación se llenan con declaraciones políticas con descalificaciones que intentan acercar a otros a la recriminación pública que ha desatado el caso.

En medio de la cada vez mayor animosidad social por el nulo avance de las investigaciones, por ejemplo, el secretario de Gobernación  acusó al ex gobernador Aguirre Rivero de haber actuado con tal negligencia que propició que el ahora ex alcalde de Iguala se diera a la fuga.

Miguel Ángel Osorio Chong declaró que personalmente le había pedido  que diera órdenes para vigilar a José Luis Abarca “para que no se les fuera a ir”.

De esta manera, como si fuera a tener un efecto real en las indagatorias ministeriales sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, el funcionario deslindó al gobierno federal de la responsabilidad por la huida del ex alcalde igualteco.

La andanada de imputaciones mutuas abarca también el plano de lo subjetivo. Ahora medio mundo se acusa por haber tenido trato con el expresidente municipal de Iguala y con su esposa.  Del tamaño del miedo al daño que les pueda provocar a su imagen  ha sido la vehemencia con la se deslindan de la pareja.

En este obsceno enfrascamiento participan diversos actores políticos que parece que lo único que buscan es hacerse el mayor daño posible. A muchos de los que participan en esta disputa lo que menos les importa son los asesinatos y las desapariciones.

Figuras prominentes del PRI, PRD y Morena intercambian acusaciones, hasta ahora,  subjetivas que no tienen más propósito que desprestigiarse recíprocamente.


Por lo que hemos observado en la evolución de esta crisis, entre los políticos si existe un interés común: el suyo propio. 

martes, 28 de octubre de 2014

LA PREPOTENCIA Y EL ABUSO DEL PODER: IDIOSINCRACIA MEXICANA

Lo sucedido con los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa es la expresión más bestial  del abuso del poder de las últimas décadas.  Es el acto más sanguinario perpetrado por fuerzas policiacas, aquí en  complicidad con la delincuencia, convertidas en el brazo ejecutor de sus superiores.

Estos asesinatos y desapariciones son el más aberrante caso que hemos conocido, sin embargo no es un hecho aislado. Nuestro país sufre un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos de la población, en el que, ahora peor que nunca,  la impunidad es la más grande amenaza.

Históricamente, los intereses de los grupos en el poder, independientemente de sus características, se han impuesto por la fuerza.  El papel de la fuerza pública con la que legítimamente cuenta el estado se distorsiona hasta convertirla en instrumento para la agresión y  para la represión.

Sin embargo, obviamente, ese tipo de actos no son producto exclusivo de tal perversión del ejercicio de la función pública.  En las circunstancias actuales este fenómeno se ha vuelto mucho más complejo y peligroso por la penetración de grupos delincuenciales en las instituciones del país.

Además tenemos que reconocer que los actos abusivos contra individuos o grupos por parte de elementos policiacos, y en general de cualquier tipo de servidor público, también están relacionados con la prepotencia como una característica de la idiosincrasia de los mexicanos.

¿Quién no ha escuchado la frase “Yo soy la ley”? Es una expresión que denota la individualización abusiva de la imagen del poder.  Ningún ciudadano, ninguna persona, puede reclamar sus derechos frente a la actuación indebida de un miembro de los cuerpos del orden sin exponerse cuando menos a esta respuesta tan agresiva como peligrosa.

El ataque, ocurrido en el municipio de Cocula, Guerrero, contra un grupo de periodistas que iban detrás de un vehículo lleno de supuestos policías, todos vestidos de civil, fuertemente armados es una muestra de ello.

Molestos porque los reporteros los seguían,  Con sus armas en la mano descendieron del vehículo en el que se desplazaban y trataron de obligarlos a que abrieran su unidad.  Uno de ellos, el más enfadado,  golpeó varias veces la puerta del conductor con la culata de su rifle de alto poder.

La desaparición de tres jóvenes estadounidenses en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, de la que se acusa a elementos de un cuerpo policiaco que brinda seguridad a la alcaldesa panista Leticia Salazar Vázquez, también ilustra el grado de vulnerabilidad al que nos enfrentamos.

Definitivamente nos encontramos en un entorno de alto riesgo derivado de  la profunda descomposición de la seguridad pública, que de hecho se ha convertido en nuestra más grande amenaza.

jueves, 23 de octubre de 2014

GUERRERO: EL AFRENTOSO CALCULO POLITICO

Sin que su decisión represente un factor de peso en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, finalmente anunció que solicitaría licencia para  dejar su cargo.

Al hacer una declaración sobre su salida, Aguirre Rivero expresó que con su determinación  buscaba “favorecer un clima político que ponga atención en estas prioridades”.

También comentó que él ya había declarado públicamente que si su separación de la gubernatura “ayudaba a resolver este asunto no habría objeción en ello”.

Las declaraciones del guerrerense son una muestra palpable de la torpeza que caracteriza a los políticos cuando tratan de interpretar el ánimo social. Son ilusos al pensar que  la crispación social que hay en el país disminuirá con su salida.  

Considerando  las terribles circunstancias en las que desaparecieron los estudiantes y perdieron la vida otras personas,  así como la ausencia de resultados en el caso y  la ira creciente que provoca esta tragedia, tales afirmaciones son insultantes.  El cálculo político es además de torpe, ofensivo.

Es un insulto a la inteligencia de la gente que los políticos  pretendan generar la impresión de que eso reducirá la crispación social desatada por este aberrante crimen.  

De frente a esta profunda crisis provocada por el caso,  la cúpula nacional del PRD optó por cesar en su intento por cobijar políticamente al gobernador de Guerrero.
  
Casi al mismo tiempo en el que Aguirre Rivero daba a conocer que dejaba el cargo, el nuevo presidente nacional del  PRD, Carlos Navarrete, declaró que ya le habían pedido que presentara su solicitud de licencia.

En esta coyuntura,  la dirigencia nacional de ese partido asumió una postura muy convenenciera. 

De frente a la opinión pública decidieron apostarle al menor daño.  El presidente del CEN perredista muy enfático aseguró que  su partido “no es un espectador lejano de las expresiones de angustia y dolor que ocurren en las calles”

En otro contexto tales expresiones serían risibles


Si bien la causa directa de las movilizaciones y protestas que se han sucedido en las últimas semanas  radica en ese acto de barbarie, también tiene que ver con el hartazgo generado por la clase política del país. 

miércoles, 22 de octubre de 2014

TLATLAYA E IGUALA: LA PODREDUMBRE DEL ESTADO

Lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México y en Iguala, Guerrero son ejemplos claros de una de las más brutales expresiones del ejercicio abusivo del poder público, producto de la  cada vez más profunda descomposición del estado de derecho en México.

También evidencia como en la opinión publica parece existir una clara diferenciación del valor de la vida de aquellos que en diferentes hechos y circunstancias han sido víctimas de autoridades que  terminaron por convertirse en delincuentes.

Ante la creciente indignación que se expresa con movilizaciones en muchas partes del país y por  el reclamo internacional exigiendo la localización con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal literalmente fue forzado a atraer el caso e iniciar indagatorias legales que hasta ahora no han tenido resultado.

Prácticamente no hay otra razón para esta  intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación por la desaparición de los estudiantes normalistas.  La exigencia de la sociedad y el reclamo de la comunidad internacional han puesto contra la pared a las autoridades que desesperadamente tratan de resolver este caso, producto de la podredumbre que envuelve a muchas instituciones públicas del país.

Sin embargo, la atracción de la investigación al ámbito ministerial de la federación nos muestra una terrible contradicción: La demanda social empujó a La PGR a integrar una indagatoria por la desaparición forzada de los humildes estudiantes guerrerenses, a la par que ha habido intentos de autoridades federales  por encubrir la ejecución de un grupo de jóvenes del Estado de México, presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, por parte de elementos del ejército.

La justificada indignación por la muerte de seis personas y por la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que se vuelca en las calles de muchas ciudades del país y del mundo, contrasta con las escasas expresiones de rechazo social ante lo que ahora se perfila como la ejecución de al menos 15 personas, de entre un grupo de 22, que murieron en un operativo militar en municipio mexiquense de Tlatlapa.

Tan grave es lo sucedido en Iguala como lo que ocurrió en el Estado de México. Resulta preocupante pensar que, parece ser, haya quienes no lo consideren así.

lunes, 2 de junio de 2014

TAMAULIPAS: EL GOBIERNO FEDERAL NO ES GARANTIA DE PAZ


En cumplimiento de la estrategia anunciada hace unas semanas por el secretario de Gobernación, desplazando a las estructuras locales,  el gobierno federal ya empezó a hacerse cargo de instituciones de seguridad pública de Tamaulipas.

Elementos de la Policía Ministerial fueron removidos de sus funciones para ser enviados a evaluación al mismo tiempo que personal militar se hizo de la operación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo, conocido como C4.

Cuando se anunció esta nueva estrategia para Tamaulipas,  se argumentó que  ante la falta de resultados la población exigió un nuevo plan de seguridad para la entidad.  El problema es que está basado principalmente en el aumento del número de elementos y el incremento de los rondines de vigilancia carretera en zonas críticas.

El grueso del nuevo plan del gobierno federal implica el reforzamiento de acciones que no han dado resultado. Desde el sexenio pasado, el incremento de la presencia de las fuerzas federales en Tamaulipas, no solo no mejoró la seguridad sino que contribuyó a una agudización del problema en varios municipios de la entidad.

Hay que recordar que apenas hace tres años se construyeron bases militares en las regiones centro, sur y norte. Para cumplir su parte en un convenio realizado con la federación el gobierno estatal  contrató un crédito multimillonario para financiar el sostenimiento de esos destacamentos.

Aun así, la inseguridad aumentó hasta provocar una crisis en varias partes del territorio tamaulipeco.  Por ejemplo, la zona de influencia de la base militar construida en San Fernando se convirtió en uno de los puntos más peligrosos para quienes circulan por las carreteras de la entidad.

Aunque esta nueva estrategia se extendió a la sustitución de los mandos locales en otras áreas estratégicas de los órganos de seguridad estatales, realmente no garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados por el secretario de Gobernación durante su visita al estado.

El anuncio y las acciones que le han seguido, no han tenido impacto en el ánimo de la sociedad. El escepticismo y molestia de la población no han disminuido.  Tan es así que durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Tamaulipas, con motivo del Día de la Marina, hubo manifestaciones reclamando el restablecimiento de la seguridad en entidad.

martes, 27 de mayo de 2014

BULLYING: OPINIONES TRIVIALES Y HASTA MORBOSAS

El homicidio de un niño de 12 años en una escuela secundaria de la capital de Tamaulipas se convirtió en un asunto mediático, primero por el hecho en sí mismo, luego con las abundantes declaraciones de servidores públicos estatales y federales sobre el tema.

Ahora el fallecimiento del menor ha acrecentado el apetito por el morbo de una de las dos principales televisoras del país.   Laura Bozzo, uno de los instrumentos más perversos de la  explotación del amarillismo televisivo, ya fue a Ciudad Victoria a grabar un programa sobre la muerte del  menor.

El tema del llamado “bullying” se volvió un asunto de interés público y motivó una creciente discusión, con  un sesgo de oportunismo, sobre la urgencia de atender este grave social que evidencia un aspecto de la degradación social que vivimos.

El problema es extremadamente complejo porque tiene causas relacionadas con el entorno de las relaciones familiares, con la descomposición que existe en la sociedad y también con problemas emocionales del individuo.

Tan solo para ilustrar la complejidad de los factores que pueden influir en la manifestación de conductas  anti sociales, sin ninguna intención de querer presentarla como una conclusión sobre el tema, me referiré a políticas públicas de vivienda que  han generado en Reynosa una serie de condiciones, cuando menos, para un  grave deterioro en la convivencia familiar y social.

En esta frontera, desde hace más de una década el gobierno federal ha autorizado decenas de miles de créditos para los trabajadores de bajos ingresos. El Infonavit generó una derrama multimillonaria que alentó un creciente encarecimiento de la tierra para uso habitacional, lo que tuvo como consecuencia una brutal degradación de la calidad de las viviendas.

La peor consecuencia del negocio con las mal llamadas casas de interés social fue la reducción al mínimo posible de las dimensiones de los espacios para habitación.  Se llegó al extremo de entregar viviendas con una superficie total de 36 metros cuadrados.

Mediante esta práctica casi criminal, miles de familias, cuya única forma de adquirir un patrimonio fue mediante un crédito de esa institución, fueron literalmente obligadas a hacinarse en esas minúsculas casas.

Es imposible que ese tipo de viviendas provean condiciones mínimas de habitabilidad, como espacios privados y para la circulación interna adecuados, zonas para el descanso, elementos de  higiene como la aireación y ventilación e incluso aspectos psicológicos como la sensación de confort y hasta  el placer que una casa puede proporcionar.

Por otra parte los materiales con los que se construyen son inadecuados para el clima de esta región por lo que en tiempo de calor se vuelven sofocantes y en invierno se tornan extremadamente  incomodas por la falta de aislamiento térmico

Así, las deficientes condiciones de habitabilidad de miles de viviendas construidas en Reynosa, propician relaciones estresantes y frustrantes entre sus ocupantes. 

El hacinamiento de las personas  y el amontonamiento de los bienes familiares, así como las incomodidades generadas por las temperaturas extremosas que caracterizan la región, pueden ser la causa de conflictos domésticos  e incluso de conductas anti sociales.

jueves, 22 de mayo de 2014

BULLYING MORTAL: LAMENTACIONES HIPOCRITAS

El homicidio de Alejandro Méndez Ramírez,  estudiante de primer grado en una escuela secundaria  de Ciudad Victoria, a manos de otros cuatro alumnos que, seguramente sin esa intención, lo lanzaron en dos ocasiones al provocándole lesiones cerebrales que fueron mortales, generó una enorme conmoción en la sociedad tamaulipeca así como expresiones hipócritas de muchos funcionarios públicos.

Existe una ola de indignación en contra de quienes lo agredieron pero también por la casi criminal negligencia de personal del centro escolar que no impidió los hechos, que tampoco, a pesar de que presentaba síntomas relacionados con un trauma cerebral, no buscaron atención médica para el menor y que además ocultaron lo ocurrido a sus padres.

Los estudiantes que provocaron la muerte de Alejandro,  aparentemente menores de 14 años, serán sujetos a un proceso judicial especializado  pero que, de acuerdo con lo que marcan las disposiciones legales vigentes en el estado,  por su edad no podrán aplicárseles medidas restrictivas de su libertad. 

Hay gente exigiendo que se castigue la conducta desplegada por el personal de la escuela que no impidió la agresión, pero hay que decir que aunque si merecen sanciones  - ya que incumplieron obligaciones que les impone, por ejemplo, la “Ley para la prevención de la violencia en el entorno escolar del estado” - estas sólo serán de tipo administrativo.

Sin duda alguna cualquiera puede calificarlos como inmorales, pero desde el ámbito de lo objetivo poco se puede hacer contra ellos. Sus graves omisiones muy difícilmente podrían encuadrarlas    en conductas del tipo penal.

Aun así hay quienes tratan de aparentar indignación con opiniones convenencieras como el dirigente del sindicato de maestros en Tamaulipas, Rafael Méndez Salas, quien pidió “todo el peso de la ley” para el personal de la escuela que no actuó debidamente ante este incidente.

Hubo diputados del congreso local, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, que luego del suceso trataron de aprovechar las trágicas circunstancias del caso para buscar notoriedad.   Ramos Salinas llamó al acatamiento de diversas disposiciones legales relacionadas con la organización de la participación de los padres de familia, docentes y directivos de escuelas en materia de prevención.

¿Porque no lo hizo antes?


Todo lo que los funcionarios tamaulipecos digan con relación a esta tragedia resulta totalmente fuera de lugar.  Oportunistas es el adjetivo más amable que se les puede aplicar. 

lunes, 19 de mayo de 2014

REYNOSA: LA DESCONFIANZA QUE ACRECIENTA EL MIEDO

El pasado jueves 15 de mayo, apenas nueve horas después de ocurrida la explosión en una plaza comercial de Reynosa, el gobierno de Tamaulipas emitió un boletín en el que confirmó la muerte de tres personas y difundió la relación de otras 16 que resultaron heridas en el percance.

Tras dar a conocer esa información el texto hace alusión a los daños personales y  materiales en el área comercial y agrega: “siniestrada por la explosión derivada de una acumulación de gas”. Esta versión sobre las causas, resulta obvio por la premura con la que se difundió, no fue más que  una opinión preliminar debido a que aún no se realizaban los peritajes en el lugar de los hechos.

El peritaje, según lo definen los especialistas, es un procedimiento “lógico, secuencial y sistemático, orientado a la búsqueda de indicios, levantamiento de muestras, determinación de  los alcances destructivos y todo aquello que sirva para la identificar los motivos de la explosión, incluso aclarar si se trata de un acto provocado”.

Desconozco del tema pero me parece que tan solo a unas cuantas horas de esta terrible tragedia, fue demasiado apresurado tratar de hacer conclusiones sobre el origen de la explosión, especialmente porque no tuvieron sustento técnico.

No cabe duda que  los encargados de la Coordinación General de Protección Civil de Tamaulipas emitieron una opinión carente de fundamento, por tanto subjetiva y en consecuencia irresponsable.

Igualmente subjetivos fueron los comentarios de personas que, principalmente en las redes sociales, señalaron que se trató de un acto doloso.  Se compartieron opiniones señalando que lo ocurrido fue consecuencia de un atentado. Algunos hasta identificaron el origen atribuyéndolo a un “bombazo”.

La comunidad tiene razón al poner en duda el trabajo de las autoridades y en desconfiar del trabajo de los funcionarios públicos.   Por muchas cosas está totalmente justificada esta postura de rechazo que la población ha asumido respecto de la actuación del gobierno.

Sin embargo, así como pienso que la versión inicial  de las autoridades estatales  para explicar lo que originó la explosión en la plaza comercial fue además de apresurada muy irresponsable porque  no tuvo elementos objetivos que la soportaran, también creo que las opiniones de la gente que asegura que se trató de un hecho intencional se hacen sin sustento alguno.

Nadie cuestiona le legitimidad de esta molestia social. Son plenamente justificados la frustración y el coraje que provocaron la falta de acciones contundentes para resolver el problema de la inseguridad pero pienso que en medio del estado de crispación social que vivimos, provocado por los hechos violentos de los últimos años, estas especulaciones solo provocan más incertidumbre.


En estos momentos de conmoción tras la nueva tragedia que ha enlutado hogares reynosenses,  parece que se ahondan las ya de por si  profundas diferencias entre la sociedad y el gobierno.  Quienes propalan estas versiones, intencionalmente o no, lo único que consiguen es  acrecentar más el temor de la gente.


martes, 13 de mayo de 2014

ESTRATEGIA TAMAULIPAS: CASI MAS DE LO MISMO


La “Estrategia de Seguridad Tamaulipas” que dio a conocer en Reynosa el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comprende acciones que no han dado resultados efectivos para disminuir los índices de inseguridad en la entidad.

Lo novedoso en esta presentación, que no necesariamente implica que pudiera resultar efectiva,  es la creación de 4 zonas en materia de seguridad que estarán a cargo de mandos militares y marinos y la “depuración completa de la Procuraduría del Estado”.

El anuncio del funcionario federal indica que se amplia y extiende el uso de la fuerza del estado en la entidad, a pesar de que se ha comprobado que  no es la mejor herramienta para atender uno de los más graves problemas que padece la sociedad tamaulipeca.

Osorio Chong informó que esta “Estrategia de Seguridad Tamaulipas” comprende la asignación de más elementos federales y militares en el estado, tal como se describe en lo que denominaron “acciones inmediatas del Gobierno Federal”, para realizar operativos de vigilancia en los penales y más vigilancia en aeropuertos, puertos, aduanas y carreteras. 

El secretario, anunció un “despliegue operativo en tramos carreteros” y patrullajes carreteros las 24 horas del día. ¿Qué diferencia existe entre estas dos acciones? Solo ellos lo saben.

Los antecedentes y resultados de medidas similares realizadas en la entidad todos los conocemos.  De poco ha servido la llegada de fuerzas federales a la entidad.   Los operativos de vigilancia en comunidades con altos niveles de inseguridad no han modificado sustancialmente la situación que prevalece en esos lugares. Por ejemplo a la fecha hay tramos carreteros que siguen siendo de alto riesgo.

La zonificación del estado recuerda una medida parecida que, sin soluciones de alto impacto,   se llevó a cabo en el  2011.  Mediante un convenio de colaboración  con el gobierno federal, el de Tamaulipas  donó tres predios para el establecimiento de bases permanentes  del ejército en los municipios de Jaumave, Mier y San Fernando.

Además, en agosto de ese mismo año, el gobierno local obtuvo la autorización para adquirir un crédito por  hasta mil 500 millones de pesos que se usarían entre otras cosas para dotar de infraestructura básica a los predios mencionados así como para sueldos, viáticos y estímulos para los soldados que estarían acantonados en esas bases.

La justificación para esas donaciones y la contratación del crédito fue que eran indispensables para recuperar la tranquilidad de la población en algunas regiones asoladas por la inseguridad.  Menos de tres años después la situación local provocó esta reunión que congregó en Reynosa a los principales funcionarios del gobierno federal para dar a conocer la nueva “estrategia”

Lo resaltable del anuncio es el adelanto de una “depuración completa” de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Por cierto unas cuantas palabras que dicen mucho.

jueves, 24 de abril de 2014

OPERATIVO SEMANA SANTA: LA FRAGILIDAD DE LA SEGURIDAD CARRETERA EN TAMAULIPAS

La coordinación estatal de Protección Civil en Tamaulipas anunció que las medidas extraordinarias de vigilancia en carreteras y centros turísticos del estado se prolongarán hasta fin de mes, dos días después de que concluya el periodo vacacional escolar  con motivo de la Semana Santa.

Como es sabido este operativo  tiene el propósito de resguardar el tránsito de paseantes que durante este periodo viajan dentro del estado para visitar las poblaciones de mucho atractivo turístico, especialmente los destinos de playa.

A partir de los primeros días de mayo la disminución de la vigilancia en las carreteras tamaulipecas, principalmente en la zonas sur  y centro de la entidad, implica el riesgo cierto y real de que continúen los asaltos contra quienes circulan por sitios despoblados.

Es entendible que las autoridades federales y estatales, incluso con acciones de vigilancia regional como las que en coordinación realizaron los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, desplieguen operativos de esta naturaleza ya que la Semana Santa es la temporada de mayor tránsito vehicular en todo el país.

Sin embargo la misma envergadura del operativo muestra las carencias de la estrategia del gobierno para cuando menos inhibir los incidentes violentos que ocurren desde hace mucho tiempo en las carreteras estatales.

El aumento sustancial de la presencia de elementos de corporaciones policiacas locales y federales, que incluye la participación miembros del ejército y la marina, durante el operativo de Semana Santa, si bien alentó que cientos de miles de personas se desplazaran a los centros turísticos del estado, implícitamente muestra la fragilidad de la seguridad carretera que prevalece en otras épocas del año.


miércoles, 23 de abril de 2014

TELECOMUNICACIONES: POR MUCHO, LOS INTERNAUTAS NO HAN GANADO LA BATALLA

En los últimos días hemos presenciado una expresión del poder de la comunidad que se mueve en las redes sociales  que, al igual que diversas organizaciones nacionales e internacionales, han encarado la pretensión de imponer  en México abusivos controles al acceso y uso de internet.

Aunque aún existe  el riesgo de que el gobierno, con el concurso de legisladores de otros partidos, finalmente logre su propósito, el rechazo a la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, debido a que contiene disposiciones que atentan contra diversas libertades, volvió a mostrar que una parte de la población mexicana  es capaz de enfrentar abiertamente, en consecuencia sin miedo, a quienes creen que aún  pueden imponerse mediante los excesos en el ejercicio de la autoridad.

Sin embargo esta amenaza no se ha disipado. La intervención de legisladores de otros partidos políticos para, supuestamente,  modificar la iniciativa original del ejecutivo federal no garantiza que prevalezcan los intereses de la comunidad .

Hasta ahora no puede asegurarse que el intento por controlar  el uso de internet a conveniencia del gobierno y en detrimento de derechos fundamentales como la libertad de expresión, no vaya a prosperar.

La postura asumida por el coordinador de la bancada del PRI en el senado, Emilio Gamboa Patrón, en el sentido de que se harán cambios para que “no se desvirtúe el debate y se pretenda decir que se quiere censurar o restringir el acceso a internet, lo cual es falso”, no puede dejar de observarse como una obvia reacción a las descalificaciones domésticas e internacionales contra esa iniciativa.

El documento elaborado por el senador panista Javier Lozano, que mantiene algunos de los mecanismos de control sobre internet y  que se pretendió  poner  a discusión en las comisiones camerales como un pre dictamen, pareció  una estrategia gubernamental alterna para sacar adelante el proyecto.  

Eso resulta inquietante porque hay muchas pruebas de como los intereses particulares se imponen en las negociaciones y en las votaciones en las cámaras del congreso.  

Los internautas no han ganado la batalla.

martes, 22 de abril de 2014

TRIFE: EXHIBEN TOSQUEDAD DEL CONGRESO DE TAMAULIPAS

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhibió la tosquedad de quienes manejan el Congreso de Tamaulipas, que pretendieron  ponerse por encima de la Constitución Política al aprobar la ilegal reelección de tres consejeros del instituto electoral local.

La sentencia del máximo órgano electoral del país, recién resolvió el Juicio de Revisión Constitucional Electoral promovido por el Partido Acción Nacional en contra de los decretos que validaron la reelección de tres consejeros para un periodo que concluiría en marzo de 2017.

El tribunal señaló que las atribuciones que, según la legislación del estado, tenía el congreso local para la designación o reelección de los consejeros del IETAM quedaron sin sustento legal a partir del diez de febrero del 2014 cuando entró en vigor el decreto de reformas constitucionales, que atribuyó esta potestad de designar consejeros de los órganos locales electorales al Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones.

En razón de la supremacía de la constitución federal sobre el resto de los mandamientos legales, la sentencia señala que el procedimiento realizado por el Congreso de Tamaulipas en fecha posterior a la publicación del decreto de reformas constitucionales debe considerarse inválido y “en consecuencia revocarse por completo” al igual que “el andamiaje normativo” que servía de base a la legislatura local para designar a los consejeros.

El documento refiere que los mandatos del congreso tamaulipeco contravienen el citado decreto federal dado que no debieron reelegir a los consejeros locales, ya que estos solo podían quedar en su encargo hasta en tanto que el Consejo General  el Instituto Nacional de Elecciones haga la  designación.

En congruencia con el argumento anterior, la sentencia indica que la conformación del Consejo General del  IETAM que existía al once de febrero pasado es la que debe permanecer de manera transitoria hasta que el INE nombre nuevos consejeros electorales, por lo que quienes fueron ilegalmente reelectos deben continuar en sus cargos pero solo hasta la designación que haga el Instituto Nacional de Elecciones.

A pesar de la claridad con la que la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el Congreso de Tamaulipas era una autoridad incompetente para realizar ese procedimiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, lejos de admitir el terrible error que cometieron,  salió a desvirtuar el mandato del tribunal y a tratar de disminuir políticamente la acción jurídica del Partido Acción Nacional.

El diputado dijo que los consejeros electorales permanecerán en su cargo “como lo estableció el Congreso del Estado” y que además el tribunal “no analizó los recursos que promovió el PAN”.  Lo anterior por una parte es mentira y por otra una verdad a medias.

Con relación a la motivación de la permanencia de los consejeros, el argumento de Ramos Salinas está basado en  falsedades ya que en el juicio se demostró que el congreso local actuó indebidamente al reelegirlos y por eso invalidó sus decretos. Los consejeros quedan temporalmente  en sus puestos en razón de la sentencia del tribunal electoral, nada más.

Cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso tamaulipeco afirmó que el tribunal federal “no analizó los recursos que promovió el PAN” lo hizo con la intención de desvirtuar el devastador efecto que les provocó la sentencia.

De todos los agravios que los representantes de ese partido plantearon en la demanda del juicio, la resolución del tribunal indica que  “finalmente, por cuanto hace a los demás motivos de inconformidad se estima innecesario su estudio, tomando en cuenta el sentido de la presente ejecutoria.”


Es obvia la razón por la que Ramos Salinas manipuló este párrafo. Sin embargo como se había sentenciado que el procedimiento realizado por el congreso local era invalido y debido a que los otros agravios eran jurídicamente menores a la inconstitucionalidad de los decretos que se dejaron sin efecto, no había razón para estudiarlos. Cosa muy distinta a lo que aseguró el legislador priista.