La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhibió la tosquedad de quienes manejan el Congreso de Tamaulipas, que pretendieron ponerse por encima de la Constitución Política al aprobar la ilegal reelección de tres consejeros del instituto electoral local.
La sentencia del máximo órgano electoral del país, recién resolvió el Juicio de Revisión Constitucional Electoral promovido por el Partido Acción Nacional en contra de los decretos que validaron la reelección de tres consejeros para un periodo que concluiría en marzo de 2017.
El tribunal señaló que las atribuciones que, según la legislación del estado, tenía el congreso local para la designación o reelección de los consejeros del IETAM quedaron sin sustento legal a partir del diez de febrero del 2014 cuando entró en vigor el decreto de reformas constitucionales, que atribuyó esta potestad de designar consejeros de los órganos locales electorales al Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones.
En razón de la supremacía de la constitución federal sobre el resto de los mandamientos legales, la sentencia señala que el procedimiento realizado por el Congreso de Tamaulipas en fecha posterior a la publicación del decreto de reformas constitucionales debe considerarse inválido y “en consecuencia revocarse por completo” al igual que “el andamiaje normativo” que servía de base a la legislatura local para designar a los consejeros.
El documento refiere que los mandatos del congreso tamaulipeco contravienen el citado decreto federal dado que no debieron reelegir a los consejeros locales, ya que estos solo podían quedar en su encargo hasta en tanto que el Consejo General el Instituto Nacional de Elecciones haga la designación.
En congruencia con el argumento anterior, la sentencia indica que la conformación del Consejo General del IETAM que existía al once de febrero pasado es la que debe permanecer de manera transitoria hasta que el INE nombre nuevos consejeros electorales, por lo que quienes fueron ilegalmente reelectos deben continuar en sus cargos pero solo hasta la designación que haga el Instituto Nacional de Elecciones.
A pesar de la claridad con la que la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el Congreso de Tamaulipas era una autoridad incompetente para realizar ese procedimiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, lejos de admitir el terrible error que cometieron, salió a desvirtuar el mandato del tribunal y a tratar de disminuir políticamente la acción jurídica del Partido Acción Nacional.
El diputado dijo que los consejeros electorales permanecerán en su cargo “como lo estableció el Congreso del Estado” y que además el tribunal “no analizó los recursos que promovió el PAN”. Lo anterior por una parte es mentira y por otra una verdad a medias.
Con relación a la motivación de la permanencia de los consejeros, el argumento de Ramos Salinas está basado en falsedades ya que en el juicio se demostró que el congreso local actuó indebidamente al reelegirlos y por eso invalidó sus decretos. Los consejeros quedan temporalmente en sus puestos en razón de la sentencia del tribunal electoral, nada más.
Cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso tamaulipeco afirmó que el tribunal federal “no analizó los recursos que promovió el PAN” lo hizo con la intención de desvirtuar el devastador efecto que les provocó la sentencia.
De todos los agravios que los representantes de ese partido plantearon en la demanda del juicio, la resolución del tribunal indica que “finalmente, por cuanto hace a los demás motivos de inconformidad se estima innecesario su estudio, tomando en cuenta el sentido de la presente ejecutoria.”
Es obvia la razón por la que Ramos Salinas manipuló este párrafo. Sin embargo como se había sentenciado que el procedimiento realizado por el congreso local era invalido y debido a que los otros agravios eran jurídicamente menores a la inconstitucionalidad de los decretos que se dejaron sin efecto, no había razón para estudiarlos. Cosa muy distinta a lo que aseguró el legislador priista.
