lunes, 20 de julio de 2015

LA CHAPOLOGIA

A casi quince días de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, diversas autoridades han revelado muchos aspectos sobre los sistemas de vigilancia y control que hay en ese centro de reclusión y al menos dos especiales usados para reforzar el monitoreo de sus movimientos.

Parece que cuanto más se explica acerca de la tecnología, infraestructura y procedimientos utilizados para el resguardo de los reclusos, más se refuerza la imagen popular sobre las habilidades e inteligencia de El Chapo, cuya figura es utilizada para criticar, denostar y burlarse del gobierno.

La minuciosa descripción hecha por altos funcionarios federales no logra el objetivo evidente de demostrar la fortaleza  de la, hasta antes de la fuga, efectiva operación de esa cárcel de máxima seguridad. 

Nada de lo informado abona para amortiguar el descrédito que ese hecho causó al gobierno mexicano.  

Al contrario.

El cese de algunos funcionarios de nivel medio y la consignación de varios custodios del penal, estos por su presunta complicidad en la fuga, no aportará elementos de descargo para el  gobierno.  

Lo anterior porque la gente asocia la huida de El Chapo a la corrupción que hay en el sistema de seguridad y además porque pocos creen que los hechos difícilmente ocurrieron sin la vinculación de funcionarios de niveles más elevados.

Por eso, la postura asumida por los miembros del gabinete del área de seguridad del gobierno federal en ese afán de reducir los daños  que les causa la fuga de Guzmán Loera, se parece más bien a una especie de apología invertida.

Lo peor de todo es que aparentemente en el ambiente de la sucesión del 2018, El Chapo ya desató una guerra entre los más encumbrados colaboradores del presidente Peña Nieto

lunes, 13 de julio de 2015

EL CHAPO: EL SUELO SIN CERTIFICAR

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dio un mensaje a los medios de comunicación sobre la fuga del Joaquín El Chapo Guzmán, refiriéndose a las acciones de investigación para el esclarecimiento de los hechos y su recaptura.

El funcionario federal hizo una muy detallada descripción de las medidas de vigilancia que existen dentro y fuera del penal del Altiplano. Osorio Chon refirió que ese lugar opera “bajo estricto cumplimiento” de los protocolos de seguridad y estándares internacionales requeridos para penales de alta seguridad.

En su intervención incluso puntualizó que las instalaciones están certificadas por la Asociación de Correccionales de América.

Luego detalló los sistemas de control del penal. Habló de la video vigilancia “con más de 750 cámaras”, de los puntos de revisión, de la barda perimetral, de la existencia de un operativo adicional de vigilancia en el exterior en el que participan elementos del ejército y de la policía federal.

Sea cual fuera la intención de tan precisa relación sobre  todos los elementos que componen las medidas de control interno y externo del Cefereso del Altiplano, lo que logró el funcionario es magnificar la idea que tiene la población sobre la fragilidad estructural del sistema carcelario y de la instituciones de seguridad pública.

Nada de lo que dijo el también ex gobernador de Hidalgo abonará para disminuir el descrédito que la fuga de Guzmán Loera provocó al gobierno mexicano. Ni siquiera lo que dijo acerca de que en razón del respeto a la privacidad y los derechos humanos,  la vigilancia -permanente, en tres turnos las 24 horas, desde el propio penal y del centro de control de la Policía Federal- tenía dos puntos ciegos.

Resaltó que aprovechando estos lugares sin vigilancia, El Chapo “logro fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea”.  Todo lo expresado por el secretario de Gobernación pudiera resumirse en pocas palabras: el suelo del penal no estaba certificado.

Antes de anunciar que prácticamente todo el aparato de seguridad del gobierno estará concentrado en la localización y recaptura del Chapo, Osorio Chong dijo lo que la gente da por un hecho. Indicó que Guzmán Loera “tuvo que haber contado con la complicidad del personal y/o funcionarios” del penal

El secretario anunció el cese de varios servidores públicos cuyas responsabilidades tenían que ver con el sistema carcelario del país, incluido el director del penal. Sin embargo, las expectativas de la gente van mucho más arriba.

Este incidente inmediatamente provocó un alud de descalificaciones contra el presidente Enrique Peña Nieto. Dentro y fuera del país esta escandalosa fuga puso en grave entre dicho al gobierno mexicano. 

Las redes sociales están atestadas por ataques en su contra. Desde que se conoció la fuga de Guzmán Loera, los señalamientos han subido de tono. El mandatario es objeto de incisivas burlas, principalmente a través de los famosos “memes”

Estos hechos son un nuevo indicativo de hasta donde la corrupción y la impunidad han penetrado las instituciones de gobierno, principalmente las encargadas de la seguridad pública. Muestran como, frente a la debilidad del estado mexicano, los grupos delictivos prácticamente se han enseñoreado del país.

Eso, aunado a la descomposición social que han generado esos grupos, ahora nos ha puesto en un escenario realmente escalofriante.

domingo, 12 de julio de 2015

SEP: 25 MILLONES PARA MANTENER A LA SECCION 30 DEL SNTE

Al tiempo que han salido a protestar por los efectos negativos que ven en el proceso de evaluación impuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente, muchos maestros tamaulipecos reclaman la ausencia de apoyo por parte de sus dirigentes sindicales.

Como respuesta a este movimiento, diversos representantes del SNTE en el estado han insistido en que quienes han marchado en varias ciudades del centro, sur y norte de la entidad están desinformados sobre el contenido de la ley.

Los privilegiados miembros del sindicato hablan desde la zona de confort que se han construido a lo largo de los años y que los ha insensibilizado respecto de la situación y necesidades sus representados.  

Ellos está en lo suyo, disfrutando de las  mieles del poder porque aun con las nuevas condiciones legales que establece la reforma educativa, continúan viviendo a costa del gobierno, que les paga sus sueldos como empleados de la SEP a pesar de que no trabajan.

La directiva seccional en Tamaulipas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le cuesta  poco más de un millón 600 mil pesos mensuales a la Secretaria de Educación, que liquida los sueldos de 39 de los 49 miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

A eso hay que sumarle otros 522 mil 661 pesos mensuales por los salarios de 31 trabajadores del sector educativo que tienen una licencia por comisión sindical, pero que no forman parte de la dirigencia local. 

Los pagos que se hacen a esas 70 personas que laboran o desempeñan tareas directivas en la Sección 30 del SNTE, representan una erogación de 6 millones 370 mil 729. 97 pesos trimestrales.   

La burocracia sindical del magisterio tamaulipeco le estaría costando casi 25 millones y medio millones de pesos anuales al gobierno ya que sus salarios se descuentan del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. 

El que más dinero recibe de los miembros del comité seccional es Candelario Argumedo Contreras, quien, según la página oficial de la Sección 30 del SNTE, ocupa la cartera de Créditos. 

En el primer trimestre del 2015, de acuerdo a los registros públicos de la SEP, este funcionario sindical recibió pagos por 212 mil 219 pesos por dos plazas que tiene asignadas, una en la escuela primaria Pedro J. Méndez y otra en la Supervisión de Educación Primaria Numero 54, ambas en Reynosa.

Rafael Méndez Salas, dirigente estatal del sindicato en el estado, recibió pagos por 162 mil 388 pesos en el mismo periodo.

Hay algunos casos que llaman la atención en esta situación ya de por si irregular. Consuelo Alejandrina Chaires, titular de la cartera de Cultura y Recreación; José Guadalupe Puente Covarrubias de Seguridad social; Fidel Mario Tejeda Esquivel de Asuntos de Jubilados y Pensionados; Manuel Rocha Dorantes de Promociones Económicas y Juana Castillo Villafranca de Equidad, Género y Derechos Humanos, tienen el mismo centro de Trabajo y reciben pagos similares.

Los cinco miembros del Comité Ejecutivo Delegacional, aparecen con plaza en la Supervisión de Educación Pre Escolar número 107,  con clave 28FZP0110TB. El reporte de pagos al personal de educación durante el primer trimestre del presente año muestra que cada uno recibió pagos por un monto de 122 mil 376 pesos.

A José Carlos Huerta Vargas, titular de la cartera de Comunicación Social, Oscar Cesar Tovías Montalvo del Jurídico y Lauro Manuel Martínez Hernández de Trámite y Control, el sistema de registro de la SEP los identifica como trabajadores en la escuela Isaac Newton, ubicada en Ciudad Madero. Los tres recibieron el mismo monto de percepciones en el primer trimestre del año: 152 mil 188 pesos.

Pedro Javier Vargas García, responsable de Investigación Educativa y Francisco Antonio Vargas Martínez, de la cartera de Telesecundarias, con pagos promedio de casi 67 mil pesos mensuales son de los funcionarios sindicales que más le cuestan al gobierno.

Poco trabajo y mucho dinero los alejaron de sus bases

miércoles, 8 de julio de 2015

SUPREMA CORTE: PONCHAN AL CODIGO PENAL DE TAMAULIPAS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la fracción primera del Articulo 171 Quarter del Código Penal de Tamaulipas que castiga con cárcel de siete a quince años a quien se le encuentren objetos de los llamados “poncha llantas” ya que concluyó que viola los principios de certeza jurídica y legalidad en su vertiente de “ taxatividad”

Dicho precepto legal señala que el ilícito de “atentado contra la seguridad de la comunidad” se configura cuando una persona “posee y transporta en su automóvil, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se le capture, uno o varios instrumentos con clavos o varillas, para impedir el paso de vehículos particulares, de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública”

El comunicado de la suprema corte refiere que la declaración de invalidez de esa parte del mencionado artículo de la legislación penal de Tamaulipas se debe a que su redacción permite la arbitrariedad en su aplicación.

La sentencia señala que esa norma violaba los principios de seguridad jurídica y legalidad.  Esta consideración fue acompañada de un señalamiento que implica una durísima  crítica porque indica que ese tipo penal está redactado con “una imprecisión que cae en lo irrazonable”.

El principio de Taxatividad de la ley penal se cumple cuando la norma describe claramente las conductas que se pretende regular y las sanciones penales que se impongan a quienes las realicen. Cuando esto no ocurre así y en la redacción existen, imprecisiones o la descripción es amplia se propicia la arbitrariedad en su aplicación.

En el caso del mencionado artículo de la legislación penal de Tamaulipas que fue  declarado invalido, esta inconstitucionalidad, esta violación a los principios de certeza jurídica y legalidad, se aprecia en la  vaguedad existente en cuanto al número de los objetos prohibidos en posesión de un detenido y su relación con la sanción privativa de la libertad a imponer.

Tras decretarse esta sentencia derivada de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la Republica en contra de esta disposición del código penal de Tamaulipas, el presidente del Congreso local, Ramiro Ramos Salinas, declaró que acatarán lo ordenado por la suprema corte.

Se pretendió presentar la postura del diputado local como  algo digno de reconocimiento cuando no les queda de otra: Cumplir el mandato judicial que los vinculó. 

Como si tuvieran otra opción.

martes, 7 de julio de 2015

TAMAULIPAS: PAJAROS EN EL ALAMBRE

Luego de la irrupción de piratas informáticos al sistema de la empresa italiana Hacking Team, que vende programas avanzados de espionaje electrónico, vino un escándalo internacional por la divulgación de documentos entre los que se encuentran listados de sus presuntos clientes en varias partes del mundo, incluidas dependencias federales y gobiernos locales en México.

De acuerdo con la información que se ha publicado sobre el tema, la empresa ha desarrollado herramientas muy avanzadas que permiten interceptar comunicaciones y vigilar correos electrónicos, archivos digitales, mensajes, conversaciones Skype y redes sociales de aquellos usuarios cuyos equipos fueron infectados con un virus que permite la vigilancia profunda.

El principal programa que vende Hacking Team es descrito como una herramienta invasiva que pone en riesgo la integridad del contenido de los equipos atacados.  Reporteros Sin Fronteras incluyó a la empresa italiana en una lista negra conocida como “Enemigos de Internet”

Esta organización la critica por proveer programas informáticos que son  considerados como un instrumento de vigilancia muy agresiva que deja sin protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Entre los clientes mexicanos de Hacking Team incluidos en la lista divulgada por quienes ingresaron a su base de datos aparecen el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Petróleos Mexicanos, la Policía Federal y el gobierno del estado de Campeche.

En el listado, que incluye clientes de todo el mundo, también  están la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Secretaria de Planeación de Finanzas  del gobierno de Baja California y la Secretaria de Seguridad Publica de Tamaulipas.

La sofisticación de los programas de espionaje vendidos por la empresa italiana es un indicativo muy preocupante debido al nivel de intrusión que logra y que permite monitorear prácticamente todo lo que hace la persona vigilada.

La Secretaria de Seguridad Publica de Tamaulipas difícilmente podría explicar,  menos justificar, la contratación de los servicios de Hacking Team. 

Entra las múltiples atribuciones que tiene esa dependencia está la que le permite “establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos”.

Sin embargo, la regulación que le faculta esas actividades le impone la obligación de realizarlas “mediante métodos que garanticen el respeto a los derechos y libertades fundamentales”

Cosa que parece no estaba ocurriendo.