El enfrentamiento verbal entre el ya
presidente municipal de Cuernavaca y autoridades estatales de Morelos,
provocado por el rechazo al modelo de Mando Único por parte del ex futbolista
Cuauhtémoc Blanco, provocó que el gobernador Graco Ramírez, diera un manotazo para asumir el mando policial de
las fuerzas de seguridad pública de la capital del estado. Esta acción se extendió a otros 14 municipios de la entidad.
La diferencia, surgida desde que Blanco era
alcalde electo, se agravó cuando este
tomó posesión de su cargo constitucional hace unos días y se negó a firmar un
convenio para que las autoridades estatales continuaran a cargo de la
seguridad pública del municipio.
Funcionarios del gobierno morelense llegaron
al grado de hacer señalamientos dolosos con los que dieron a entender que la
negativa del ex seleccionado nacional para aceptar el modelo de Mando Único, favorecía
los intereses de la delincuencia organizada que opera en la entidad.
Los 15 decretos mediante los cuales el
ejecutivo morelense emite la declaratoria para asumir el mando de las policías en
el mismo número de municipios, refieren que se trata de casos de fuerza mayor
ante “las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas”.
El gobierno estatal usó un machote para la
redacción de todos los decretos, en los que se reproducen diversas
disposiciones legales para su fundamentación además de referencias académicas y datos estadísticos.
Los documentos
mediante los cuales se hace la declaratoria para que el gobernador asumiera el
control de las policías municipales, tienen
la misma redacción a excepción de algunas particularidades sobre la incidencia
delictiva en cada localidad, que se usaron para denotar la necesidad de retirar
el control de las fuerzas de seguridad pública a los ayuntamientos.
Para justificar
esas acciones el gobierno local manoseó los informes relacionados con algunos
delitos ocurridos en un periodo de tres años en cada municipio. Por ejemplo en
el decreto publicado para que el mandatario estatal asumiera el control de la policía
en el municipio de Huitzilac se destaca que entre 2013 y 2015 los homicidios
dolosos tuvieron un aumento del 550 por ciento.
En el municipio de
Temoac se indica que donde en el mismo periodo ese tipo de delito creció 300
por ciento.
El detalle es que
en términos reales, esa incidencia no parece motivo para que la inseguridad fuera
considerada un caso de fuerza mayor para justificar que el gobierno de Morelos
se hiciera del control de las fuerzas de seguridad pública: En el 2013 en Huitzilac ocurrieron 2 homicidios y en el 2015
se cometieron 13 en tanto que en Temoac se registró un homicidio en el 2013 mientras
que en el 2015 ocurrieron 6.
En Jantetelco se destacó que el robo
de vehículo con violencia creció un cien por ciento entre 2013 y 2015 dado que
en el primer año del periodo ocurrieron 4 robos con esa característica y en el 2015 se
registraron 8 casos. Prácticamente en todos los municipios las referencias son
parecidas-
En el caso particular del
municipio de Cuernavaca no se reproduce ninguna estadística delictiva pero se
hace alusión a que el gobernador había recibido “constantes informes por parte
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el sentido de que la incidencia
delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y más, en lo relativo a
delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la
población ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona.
Luego, alegando la secrecía ministerial,
solo se hacen consideraciones superficiales sobre la existencia de “otros
hechos probablemente delictivos que han sido denunciados por autoridades
estatales en materia de seguridad pública ante las instancias competentes… que sin
lugar a dudas sí motivan al presente instrumento y ponen en evidencia la
apremiante situación en materia de seguridad pública que se vive en el municipio
de Cuernavaca”
El homicidio de la alcaldesa de
Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el dos de este mes, en todos los
decretos aparece como una “toral justificación” para la decisión del gobernador
Graco Ramírez de tomar el control de las policías municipales en 15 municipios
del estado.
Tras enfatizar que este homicidio
es “una notoria causa de fuerza mayor” cada decreto indica que la amenaza que
estos hechos representan “para la
seguridad y salvaguarda de los ediles y demás servidores públicos municipales
del estado de Morelos, cuya seguridad y protección debe extremarse para
garantizar el buen desarrollo y cumplimiento de su encargo constitucional,
preservando el orden democrático, en beneficio del pueblo de Morelos”.
Aunque las acciones ejercidas por
Graco Ramírez se soportan en atribuciones que le confiere disposiciones locales
y federales y en lagunas legales que existen con relación a lo que debe
entenderse como “causas de fuerza mayor” para una decisión de ese tipo, es
notorio que ahí existe un componente político y hasta un dejo autoritario.
Además todas las argumentaciones presentadas
en los decretos para poner énfasis en la gravedad de la inseguridad pública en
todas esas localidades ponen en entredicho la tarea que el gobierno del estado
había realizado antes de tomar el control de las policías municipales.
