La Secretaria de Gobernación
inició la distribución entre los casi 40 mil elementos de la Policía Federal de
lo que han denominado “cartilla de derechos”, con la que, según las autoridades, se pretende
evitar arbitrariedades en contra de las personas que son detenidas.
De acuerdo con lo que dio a
conocer la dependencia, en esta
cartilla hay disposiciones para que los policías federales informen a los detenidos
del motivo de su detención, que son inocentes hasta que se demuestre lo
contrario, sobre su derecho a un abogado o a que pueden guardar silencio y que si rinden declaración no
debe inculparse o de que tiene derecho a avisar a un familiar de su situación.
El documento, que las autoridades
federales han instruido a los integrantes de esa corporación que deben traerlo
consigo durante los operativos que realicen, contiene una especie de vacuna “Anti-Cassez”:
Los elementos policiacos deberán informar a cualquier detenido de su derecho a
ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente y que, en caso
de ser extranjero, puede dar parte al consulado de su país.
El documento tiene un propósito propagandístico
ya que la relación de derechos que se reproduce ahí forma parte de las garantías
constitucionales que los elementos federales seguramente no desconocen.
El fondo del problema de los atropellos policiacos no es por
falta de información sino porque en nuestro país hay una terrible subcultura
del abuso de la fuerza, de la negación arbitraria de los derechos que asisten a
los detenidos y la impunidad que
acompaña a estas acciones.
La cartilla de referencia parece
el resultado de un enfoque muy ligero y superficial sobre un grave problema que
se ha agudizado desde que prácticamente en todo el país se han incrementado brutalmente los niveles de
inseguridad pública relacionada con la delincuencia organizada.
Es tan superficial como aquellas
circulares que en tiempo de Felipe Calderón emitieron la Secretarias de la
Defensa Nacional y de Marina luego de los múltiples asesinatos cometidos por
integrantes de las fuerzas armadas contra personas que no se detuvieron en un retén
militar.
Habría que recordar que el
gobierno panista las publicitó como si fueran la gran cosa. Esas disposiciones referían a las circunstancias en
las que los marinos y los soldados podían hacer uso de la fuerza. No eran más que la reproducción de los
criterios legales de la legítima defensa.
El problema es mucho más complejo
como para que el gobierno salga con cosas tan superficiales.
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