El gobernador de Tamaulipas, Egidio
Torre Cantú, aseguró que la deuda que dejará al final de su gobierno, en unos
cuantos días, no es “ni remotamente de 20 mil millones de pesos”.
Dicen que
al abordar el tema se le notaba molesto.
Sus
declaraciones seguramente tienen que ver con lo que recientemente dijo el
gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca quien calificó a la deuda que
recibirá como “desmedida” ya que supera
los 17 mil millones de pesos.
El aún mandatario
se quiso curar en salud con su afirmación pero no ofreció datos que la
soportaran.
Quizá los enormes pasivos que tiene el estado, como enfatizó, no llegan a 20 mil millones pero no están
lejos de esa cifra.
Al mes de
marzo de este año, la deuda del gobierno estatal era de 18 mil 175 millones 84
mil 436 pesos. El 36.1 por ciento de esa
exorbitante cantidad corresponde a cuentas por pagar a corto plazo.
Son 6 mil
564 millones 373 mil 643 pesos que se deben a contratistas y proveedores.
Aunque ahí se incluyen otros compromisos de corto plazo la mayor parte son adeudos
con empresas o personas físicas que le
vendieron bienes, servicios o le construyeron obras al gobierno.
Los números
permiten suponer que hay un desorden en las finanzas de la entidad. Exhiben al
gobierno como un deudor moroso o quizá mañoso.
En solo
tres meses, las cuentas por pagar a corto plazo (contratistas y proveedores)
aumentaron mil 339 millones 147 mil 447 pesos. Lo que dejaron de pagarles aumentó
31 por ciento respecto al cierre del ejercicio fiscal 2015.
La información
pública de la administración estatal indica que al pasado mes de diciembre esas cuentas por pagar sumaban poco más de 4 mil 192 millones de pesos. Al mes de marzo subieron a poco más de 5 mil
532 millones de pesos.
El resto
de lo que debe el gobierno de Tamaulipas son 11 mil 610 millones 710 mil 793
pesos que corresponden a la deuda pública, compuesta por todos los créditos de
largo plazo que se han contratado en años recientes.
Aunque el
pago de esos préstamos es una carga descomunal para las finanzas locales debe
considerarse que son compromisos a futuro con diferentes fechas de
vencimiento.
El
problema grande, la amenaza a la estabilidad presupuestaria, son esos más de 6 mil 564 millones en cuentas
de corto plazo a las que las
autoridades siempre evitan referirse en sus declaraciones.
No vaya a
ser que los tilden de los que son: malos administradores, por decir lo menos.
¿Cuánto dejarán
sin pagar de todo lo que se debe a proveedores y contratistas? Solo ellos lo
saben pero no hay que descartar que hagan negocio con la liquidación de esos
pasivos.
Es fama
pública que quien extiende un cheque para liquidar un adeudo viejo,
generalmente exige hasta el 40 por ciento del total como su comisión por la liberación
del documento.
Los
famosos moches. Plan con maña
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