En el 2009, la Sesenta Legislatura del Congreso de Tamaulipas, modificó el decreto
original mediante el cual poco más de un año antes se autorizó al ex gobernador Eugenio Hernández Flores
la contratación de un crédito por seis
mil millones de pesos.
Esta modificación sentó las
condiciones para que las obligaciones financieras derivadas de ese préstamo se convirtieran en una
amenaza para las finanzas públicas del estado.
El Decreto que originalmente expidió
la Cincuenta y Nueve Legislatura, señala que para liquidar ese empréstito, que se
contrató con Banorte, se afectaría como
fuente de pago el cien por ciento de los ingresos por concepto del impuesto sobre nóminas.
Sin embargo establecía únicamente nueve
años para saldar esa deuda.
El Decreto 708 expedido por la
siguiente legislatura modificó la mayor parte del aprobado originalmente. El cambio más significativo fue la extensión
del plazo para el pago del crédito.
Con las mismas condiciones de
afectación hasta la totalidad de los ingresos “presentes y futuros” derivados
de la recaudación del impuesto sobre nóminas, el segundo decreto autorizó que se
hiciera “durante el plazo que sea
necesario sin exceder un máximo de 30 años”.
Por otra parte, la reforma eliminó las
obras que se habían enlistado para financiarse con inversiones derivadas del
crédito autorizado.
Entra las más importantes estaba la
construcción del puente ferroviario Matamoros-Brownsville. Esta obra se terminó de construir el año
pasado pero la información disponible sobre las fuentes de recursos cita que la
inversión mexicana se hizo a través del Fondo Nacional de Infraestructura y de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
También se había incluido la
construcción del cruce ferroviario Nuevo Laredo-Laredo pero a la fecha esta obra no se ha realizado.
Asimismo estaba la rehabilitación de la Laguna La Escondida en Reynosa, proyecto que se ejecutó pero exclusivamente con recursos de Petróleos Mexicanos.
Asimismo estaba la rehabilitación de la Laguna La Escondida en Reynosa, proyecto que se ejecutó pero exclusivamente con recursos de Petróleos Mexicanos.
El caso es que suprimido ese listado
de proyectos, el nuevo decreto solo introdujo compromisos genéricos dado que
la nueva redacción señala que los recursos se destinarían a “inversiones
públicas productivas comprendidas en el Programa Estatal de Infraestructura
2008-2010”.
A la fecha no hay información
precisa sobre el destino final de los 6 mil millones de pesos comprometidos por
el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.
Otro documento relacionado con el tema muestra los detalles de la contratación del crédito.
Con fecha del nueve de octubre de 2009, identificado como “Contrato de Apertura de Crédito Simple. Versión de Firma” establece las condiciones para el manejo del dinero por parte del gobierno de Tamaulipas, aunque las partes que intervienen en el acto son Banco Mercantil del Norte y Banco Invex, este último como fiduciario del empréstito otorgado a las autoridades estatales.
Con fecha del nueve de octubre de 2009, identificado como “Contrato de Apertura de Crédito Simple. Versión de Firma” establece las condiciones para el manejo del dinero por parte del gobierno de Tamaulipas, aunque las partes que intervienen en el acto son Banco Mercantil del Norte y Banco Invex, este último como fiduciario del empréstito otorgado a las autoridades estatales.
Llama poderosamente la atención
que en la Cláusula Primera que contiene las definiciones e interpretación de los
términos usados en el documento, se indica que la referencia a “Adeudos
Banorte” significa la cantidad de mil 900 millones de pesos más intereses,
comisiones y accesorios en su caso, “adeudada por el (Gobierno del) Estado al
día 08 de octubre de 2009 al Banco (Banorte) misma que deberá ser liquidada con
el producto del Crédito…”
El documento, sumamente complejo,
contempla severas condiciones para la entrega
de los recursos al gobierno estatal y sus obligaciones para liquidarlo. Por ejemplo establece castigos a las
autoridades tamaulipecas si no disponen del dinero acorde a las obligaciones
que se le impusieron.
Dice el contrato que para allegarse
los recursos contratados, el gobierno de Tamaulipas estaba obligado a presentar
un “Aviso de disposición” irrevocable, indicando la fecha y el monto solicitado y que el
incumplimiento de estas dos condiciones implicaba una penalización con cargo al
estado.
El contrato también estableció
condiciones sumamente estrictas para los pagos ya que señala que estos deben hacerse
al banco “a más tardar a las 13:00 horas de la Ciudad de México” en las fechas
pactadas.
Advierte que cualquier pago realizado
después de esa hora “se entenderá realizado el día siguiente y, por
consiguiente, devengará intereses”.
La extensión del plazo autorizado por
la Sesenta Legislatura del Congreso de Tamaulipas en las reformas al decreto
original puede derivar en un mayor costo financiero para la liquidación total
de esa multimillonaria deuda.
No hay información sobre la fecha
exacta del inicio de esas obligaciones pero tomando en consideración la afectación
del cien por ciento de la recaudación del impuesto sobre nóminas para garantizarlas y suponiendo que el cumplimiento de dichos compromisos inició en el
2010, el golpe a las finanzas estatales es durísimo.
De acuerdo con las leyes de ingresos
del Gobierno de Tamaulipas entre los años 2010 y 2016, la captación total de este
impuesto ascendió a 9 mil 999 millones 173 mil pesos.
