Quienes representarán al Ayuntamiento de
Reynosa a partir de octubre llegarán con una elevada expectativa de la
población sobre su desempeño. Su triunfo en la elección del mes de junio es
consecuencia de la desatención a los graves problemas urbanos que hay en el municipio.
La mayor parte de la ciudad padece un rezago
impresionante por el deterioro de los servicios públicos. Se requerirían varios
miles de millones de pesos para atender las redes de drenaje colapsadas, las
pavimentaciones requeridas y la infraestructura que en general está en pésimo
estado.
Quienes se hagan cargo del Ayuntamiento en
octubre difícilmente podrán responder a la expectativa ciudadana.
Primero porque la presidencia municipal tiene
un oneroso aparato burocrático que actualmente consume más del 30 por ciento de
los ingresos y porque además es improductivo debido a que la mayor parte del personal
fue contratado con el pernicioso criterio que domina la administración pública:
Ingresaron al municipio porque son amigos, parientes o recomendados.
Sin embargo lo más grave para Maki Ortiz Domínguez,
alcaldesa electa del municipio, es que recibirá una enorme deuda que
seguramente le dificultara cumplir, incluso mínimamente, con las demandas de la
población.
A final de septiembre, los adeudos que acumula
el Ayuntamiento encabezado por el alcalde José Elías Leal podrían rebasar los mil
millones de pesos.
Han ocultado esta crítica situación porque
además es consecuencia de una deficiente administración
marcada por el desorden, el abuso y en general por la actitud patrimonialista
con la que han ejercido los recursos de la comunidad.
La deuda pública del Ayuntamiento asciende a poco
más de 165 millones de pesos. Se trata de un crédito contratado por la
administración anterior para reestructurar otro que se adquirió en el periodo 2008-2010
en el que fue presidente municipal Oscar Luebbert Gutiérrez.
Sin embargo esa es la parte menos pesada del asunto.
Documentos de la presidencia municipal de Reynosa indican que al
cierre del ejercicio 2015 la deuda acumulada era de 748
millones 133 mil 278 pesos. La mayor parte de ese pasivo está compuesto por adeudos
a proveedores y contratistas: Sumaban casi 476 millones.
Durante todo lo que va del presente año se
han multiplicado las quejas y los reclamos de empresarios a quienes se les
contrataron bienes, servicios y obra pública. Se duelen amargamente por la falta de pago.
El presidente de la delegación local de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción recientemente acusó que a socios
del organismo en conjunto se les deben más de 60 millones de pesos por obras
ejecutadas y entregadas. Aseguró que por esta situación varios de ellos están literalmente en
quiebra.
De una manera muy simple cualquiera concluye
que las autoridades municipales dolosamente se sirven de los empresarios.
En el corto plazo las cosas se ven sumamente
complejas para quienes inician funciones en octubre ya que este
tipo de pasivos ha crecido en los últimos meses. Es seguro que enfrentarán una crisis financiera de proporciones mayúsculas.
Sin embargo puede
ocurrir que este escenario les resulte menos complicado gracias a una de las prácticas
corruptas más arraigadas en la administración
pública.
Puede esperarse
que la deuda a corto plazo que reciba la administración entrante, la que se
tiene con proveedores y contratistas, sea mucho menor. Es ampliamente conocido
que la liquidación de este tipo de pasivos resulta un extraordinario e ilegal negocio.
Ahogar a los acreedores
con la falta de pago es muy redituable para quienes finalmente liberan los
cheques ya que exigen una comisión que puede llegar hasta el 40 por ciento.
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