EL VIDEO DE ELVIRA: AL DIABLO LOS DERECHOS HUMANOS

El video en el que aparecen efectivos militares y de la Policía Federal torturando a una mujer, posteriormente identificada como Elvira Santibáñez Margarito, cimbró al poder político del país, al grado que casi inmediatamente el secretario de la Defensa Nacional ofreció disculpas por estos hechos.

La publicación del video provocó diversas reacciones. Por un lado se externaron severas críticas por las graves violaciones a los derechos humanos de la detenida y el contexto de atropellos contra la población durante todos estos años de frustrado combate a la delincuencia organizada.

Asimismo hubo expresiones de desagrado y descalificación en contra de organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos que han denunciado el aumento y agravamiento de los abusos cometidos por elementos castrenses y policiacos.

Hay gente que, harta de la inseguridad, considera que los derechos humanos son un estorbo para que las autoridades, a cualquier costo, logren recuperar la tranquilidad que se perdió en gran parte del país debido al alto índice de delitos contra la vida, el patrimonio y la libertad de las personas.

Critican agriamente a quienes defienden la integridad física y legal de los presuntos delincuentes argumentando que lo que debe privilegiarse en todo momento son los derechos de las víctimas del delito.

La entendible y justificada exasperación por el crecimiento de la incidencia de los delitos de alto impacto y los escasos resultados obtenidos por el gobierno lleva a pensar que la autoridad no debe detenerse ante nada, aunque eso implique que viole la ley, para atacar la casi irrefrenable violencia que impera en gran parte del territorio nacional.

En casos como este, la ilegal actuación de quienes torturan a la mujer, presuntamente integrante de una banda de secuestradores, termina lastimando a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

Los abogados de Santibáñez Margarito tienen un instrumento legal muy poderoso porque puede servirles para demostrar que quienes la detuvieron violaron sus garantías constitucionales. Pueden alegar que fue torturada y que cualquier evidencia en su contra debe declarase sin validez jurídica.

Si la mujer, detenida desde hace un año en el penal federal de Tepic, Nayarit, realmente formaba parte de un grupo de secuestradores, la publicación del video puede convertirse en la llave de su libertad.

En materia de derechos humanos el gobierno mexicano ha sido cuestionado severamente en el extranjero. Su imagen está sumamente deteriorada al grado de que tras conocerse el video en cuestión, ha sucedido lo impensable en otros tiempos: El titular del ejército ha ofrecido disculpas por este caso.

Este ambiente de tensión social originado por la violencia con la que actúan los grupos de la delincuencia organizada, que a los delitos contra la salud sumaron actividades como el secuestro y la extorsión, entre otros, ha propiciado que mucha gente justifique que la autoridad viole la ley para satisfacer el reclamo social.

Eso es lo peor que nos puede suceder.

ASPIRANTES INDEPENDIENTES: OTRA CALABACEADA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS

Como ya se sabe, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo evidente la incapacidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para atender la alta responsabilidad que tienen.

Las resoluciones de la Sala Superior del Trife han puesto en entredicho la actuación del árbitro electoral de Tamaulipas. Su falta de pulcritud es evidente. Lo peor de todo es que parece que están en el camino de cometer una torpeza más.

La pretensión de ampliar los plazos para la revisión de las cédulas de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes  y la intención de dar a conocer los nombres de quienes los apoyaron con sus firmas, provocó una crisis  porque tal postura llevó a varios aspirantes a tomar  las instalaciones del IETAM.

Respecto de la divulgación de los nombres de aquellos ciudadanos que entregaron sus firmas en esta etapa de la convocatoria para los aspirantes a candidatos independientes, integrantes del consejo general han insistido que tienen la obligación de cumplir con criterios como el de máxima “transparencia”.

Resulta preocupante la ignorancia de quienes tienen la responsabilidad de conducir el proceso electoral. Su actuación es descuidada porque han tomado acuerdos que, aunque ellos consideran que tienen soporte legal, se ha demostrado que son contrarios al orden jurídico.

Si cumplen con su decisión de publicitar el contenido de las cédulas de apoyo ciudadano, es probable que se presenten acciones legales para combatirla. De ser así es casi seguro que los tribunales exhibirán la tosquedad con la que actúa el consejo general del IETAM.

 Ni ellos ni sus abogados han tomado en cuenta que los órganos jurisdiccionales han resuelto que la divulgación de los datos personales de quienes apoyan una candidatura ciudadana es excesiva, innecesaria y desproporcionada.

Diversos procedimientos en contra del Instituto Nacional Electoral,  se resolvieron puntualizando que el derecho a la privacidad “supone la existencia de un ámbito reservado, personal y privado frente al conocimiento y actividad de los demás”. Se aclaró que si bien este derecho no es absoluto, las limitaciones que se le impongan deben estar debidamente justificadas, ser proporcionales y no arbitrarias.

La intención que tuvo el INE de dar a conocer la información de quienes apoyaron una candidatura independiente, fue calificada como injustificada porque “no contribuye a alcanzar ningún fin constitucional legítimo” que además podría inhibir la participación de los ciudadanos.

Fue considerada innecesaria porque la verificación  del respaldo que obtiene quien aspira a una candidatura independiente es obligación de la autoridad electoral sin que haya razón alguna para publicitar los datos de esas personas.  También se consideró excesiva porque generaba una afectación al derecho a la privacidad de quienes dan su apoyo, “cuando este no significa por sí mismo una promesa  de voto, por lo que no se justifica la publicidad y subsecuente vinculación con el posible candidato independiente”

Como se ve, los integrantes del órgano superior del IETAM actúan con suma ligereza. Lo peor es que su conducta ya ha tenido consecuencias negativas.  Es preocupante observar tan deficiente conducción del proceso electoral.

TRIFE: EXHIBEN LAS CARENCIAS DEL CONGRESO TAMAULIPECO

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al revocar la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas que ordenó la suspensión de las precampaña de Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Elizondo Salazar al no reconocerles la calidad de precandidatos del PAN al gobierno de Tamaulipas puso en entre dicho la tarea de los legisladores locales que, a la lectura del resolutivo, aprobaron disposiciones contrarias al orden jurídico.

Como se recordará la autoridad administrativa electoral de Tamaulipas resolvió que a García Cabeza de Vaca y Elizondo Salazar no se les podía reconocer la calidad de pre candidatos en virtud de que transgredieron lo establecido en el artículo 221 de la Ley Electoral de Tamaulipas que les exigía obtener licencia un día antes de solicitar su registro en el proceso interno del PAN.

En consecuencia el Ietam consideró que se actualizaba un incumplimiento de la legislación electoral debido a que la licencia que tramitaron para separarse de sus cargos como legisladores, uno federal y el otro local, la obtuvieron en una fecha posterior a la establecida por el artículo señalado.

La Sentencia de la Sala Superior del Trife, refiere que la interpretación del artículo 221 de la ley electoral del estado, conforme a disposiciones constitucionales y de la Convención Americana de Derechos Humanos, permite concluir que una “temporalidad que se actualiza al seno de un partido político” es insuficiente para determinar que debe entenderse de manera literal porque debe prevalecer el criterio constitucional de elegibilidad respecto de la separación de un cargo público, que tiene que realizarse 120 días antes de la elección.

El artículo de la legislación electoral local que fue controvertido dispone que “Los servidores públicos deberán renunciar u obtener licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo por lo menos un día antes de su registro como precandidato.”  

La sentencia refiere que esa temporalidad, interpretada literalmente, se erige "en un obstáculo para  el ejercicio pleno del derecho a ser votado”. Indica que aunque ambos legisladores obtuvieron su licencia después de su registro, subsiste su derecho constitucional porque ocurrieron antes de los 120 días previos a la jornada electoral, que es uno de los requisitos de elegibilidad para quienes buscan un puesto de elección popular

La sala superior del Trife en consecuencia consideró indebido lo actuado por el Instituto Electoral de Tamaulipas en los proceso sancionadores especiales promovidos por el representante del PRI ante ese órgano local, por lo que resolvió dejar subsistente la calidad de precandidatos al gobierno de Tamaulipas de García Cabeza de Vaca y de Elizondo Salazar.

La revocación de la resolución del Ietam, que ordenó la suspensión de las precampañas de ambos panistas basándose en las consideración del artículo 221 de la ley electoral local, en realidad muestra la deficiencia del proceso legislativo del Congreso de Tamaulipas que introdujo una disposición que, a la luz de la controversia resuelta por el Trife, es contraria a la protección constitucional del derecho a ser votado.

MORELOS: LA MANO DURA Y PELUDA

El enfrentamiento verbal entre el ya presidente municipal de Cuernavaca y autoridades estatales de Morelos, provocado por el rechazo al modelo de Mando Único por parte del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco,  provocó que el gobernador Graco Ramírez, diera un manotazo para asumir el mando policial de las fuerzas de seguridad pública de la capital del estado. Esta acción se extendió a otros 14 municipios de la entidad.

La diferencia, surgida desde que Blanco era alcalde electo,  se agravó cuando este tomó posesión de su cargo constitucional hace unos días y se negó a firmar un convenio para que las autoridades estatales continuaran a cargo de la seguridad  pública del municipio.

Funcionarios del gobierno morelense llegaron al grado de hacer señalamientos dolosos con los que dieron a entender que la negativa del ex seleccionado nacional para aceptar el modelo de Mando Único, favorecía los intereses de la delincuencia organizada que opera en la entidad.

Los 15 decretos mediante los cuales el ejecutivo morelense emite la declaratoria para asumir el mando de las policías en el mismo número de municipios, refieren que se trata de casos de fuerza mayor ante “las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas”.

El gobierno estatal usó un machote para la redacción de todos los decretos, en los que se reproducen diversas disposiciones legales para su fundamentación además de referencias académicas y datos estadísticos.

Los documentos mediante los cuales se hace la declaratoria para que el gobernador asumiera el control de las policías municipales,  tienen la misma redacción a excepción de algunas particularidades sobre la incidencia delictiva en cada localidad, que se usaron para denotar la necesidad de retirar el control de las fuerzas de seguridad pública a los ayuntamientos.

Para justificar esas acciones el gobierno local manoseó los informes relacionados con algunos delitos ocurridos en un periodo de tres años en cada municipio. Por ejemplo en el decreto publicado para que el mandatario estatal asumiera el control de la policía en el municipio de Huitzilac se destaca que entre 2013 y 2015 los homicidios dolosos tuvieron un aumento del 550 por ciento.

En el municipio de Temoac se indica que donde en el mismo periodo ese tipo de delito creció 300 por ciento.

El detalle es que en términos reales, esa incidencia no parece motivo para que la inseguridad fuera considerada un caso de fuerza mayor para justificar que el gobierno de Morelos se hiciera del control de las fuerzas de seguridad pública: En el 2013 en Huitzilac ocurrieron 2 homicidios y en el 2015 se cometieron 13 en tanto que en Temoac se registró un homicidio en el 2013 mientras que  en el 2015 ocurrieron 6.

En Jantetelco se destacó que el robo de vehículo con violencia creció un cien por ciento entre 2013 y 2015 dado que en el primer año del periodo ocurrieron  4 robos con esa característica y en el 2015 se registraron 8 casos. Prácticamente en todos los municipios las referencias son parecidas-

En el caso particular del municipio de Cuernavaca no se reproduce ninguna estadística delictiva pero se hace alusión a que el gobernador había recibido “constantes informes por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el sentido de que la incidencia delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y más, en lo relativo a delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la población ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona.

Luego, alegando la secrecía ministerial, solo se hacen consideraciones superficiales sobre la existencia de “otros hechos probablemente delictivos que han sido denunciados por autoridades estatales en materia de seguridad pública ante las instancias competentes… que sin lugar a dudas sí motivan al presente instrumento y ponen en evidencia la apremiante situación en materia de seguridad pública que se vive en el municipio de Cuernavaca”

El homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el dos de este mes, en todos los decretos aparece como una “toral justificación” para la decisión del gobernador Graco Ramírez de tomar el control de las policías municipales en 15 municipios del estado.

Tras enfatizar que este homicidio es “una notoria causa de fuerza mayor” cada decreto indica que la amenaza que estos hechos  representan “para la seguridad y salvaguarda de los ediles y demás servidores públicos municipales del estado de Morelos, cuya seguridad y protección debe extremarse para garantizar el buen desarrollo y cumplimiento de su encargo constitucional, preservando el orden democrático, en beneficio del pueblo de Morelos”.

Aunque las acciones ejercidas por Graco Ramírez se soportan en atribuciones que le confiere disposiciones locales y federales y en lagunas legales que existen con relación a lo que debe entenderse como “causas de fuerza mayor” para una decisión de ese tipo, es notorio que ahí existe un componente político y hasta un dejo autoritario.

Además todas las argumentaciones presentadas en los decretos para poner énfasis en la gravedad de la inseguridad pública en todas esas localidades ponen en entredicho la tarea que el gobierno del estado había realizado antes de tomar el control de las policías municipales.

REYNOSA: ENTRE LA CORTE Y LAS TRANZAS DE UN EX ALCALDE

El 10 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito declaró sin materia un incidente de inejecución que se abrió en contra de Ayuntamiento de Reynosa. Este procedimiento pudo derivar en la solicitud de destitución de las autoridades a las que se señaló de no cumplir una sentencia de amparo.

El caso se originó en una permuta que el ahora ex alcalde Everardo Villarreal Salinas y su cabildo autorizaron dos días antes de irse.  En un juicio de amparo, el actual cabildo fue sentenciado a  escriturar tres terrenos del municipio a favor de los dueños de un predio que fue afectado hace muchos años por la construcción de la avenida Espuela del Ferrocarril.   

   

La permuta fue autorizada en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento realizada el 29 de septiembre de 2013,  el penúltimo día del trienio en la que fue presidente municipal Villarreal Salinas.

En esa ocasión se autorizó entregar tres predios con una superficie total de 56 mil 567 para resarcir la afectación de 20 mil metros cuadrados en un inmueble de Irma Rosa María, Guadalupe y José Santos, todos de apellidos Ayala Tijerina, con motivo de las obras de construcción de la avenida referida.

Los predios municipales son: Uno de 43 mil 119 metros cuadrados en el parque American Industries KIMCO, otro de 10 mil 725 metros cuadrados en el fraccionamiento Ampliación Valle Alto y un tercero ubicado en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá con una superficie de 2 mil 273 metros cuadrados.

El año pasado, los representantes legales de esos particulares promovieron un amparo en contra del Ayuntamiento para que se cumpliera con lo acordado en la mencionada sesión de cabildo.

El Juzgado Octavo de Distrito, dentro del expediente 726/2015, concedió  la protección de la justicia federal a los demandantes y ordenó que el Ayuntamiento de Reynosa enviara al congreso local la iniciativa de decreto para solicitar la autorización de la escrituración de los predios permutados a favor de los miembros de la familia Ayala Tijerina.

El Ayuntamiento promovió un juicio para la revisión de la sentencia dictada, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyos integrantes al concluir la revisión del caso, determinaron confirmar la resolución del Juez Octavo de Distrito.

Como los representantes legales de los demandantes consideraron que las autoridades municipales seguían sin cumplir la sentencia, promovieron el incidente de inejecución. 

Seguramente para evitar que el caso se fuera a la Suprema Corte de Justicia, el Ayuntamiento  finalmente presentó ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa de decreto para que se le autorice permutar los tres predios de su patrimonio a favor de los dueños del terreno afectado por la construcción de la Avenida Espuela del Ferrocarril.

El 8 de este mes, en sesión el Congreso del Estado recibió dicha iniciativa. Aunque la sentencia del incidente de inejecución aún no se hace pública, la decisión de dejarlo sin materia seguramente se dio porque las autoridades de Reynosa remitieron ese documento al congreso.

Por lo que se observa en los documentos que se conocen de esa permuta, ocurrida el 29 de septiembre de 2013, se nota que se favoreció ventajosamente a los beneficiarios.  El valor de los terrenos que  podrían recibir excede en 18 millones de pesos el valor real del que les afectaron.

Llama la atención que en la  iniciativa de decreto se consigna una discrepancia entre la superficie de la afectación real al predio de los demandantes y la que se reconoció dentro de la permuta autorizada por la pasada administración municipal.

El décimo considerando del documento, se hace alusión a un oficio, fechado el 8 de octubre de este año, donde se  señala que el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la presidencia municipal de Reynosa entregó un oficio dirigido al  secretario del Ayuntamiento mediante el cual “informa acerca del levantamiento topográfico realizado para determinar la superficie que es ocupada por la vía pública, desprendiéndose del mismo que la superficie ocupada por la vialidad es de 6,637 M2”

En el documento descrito no se hace referencia alguna a la diferencia de 13 mil 363 metros cuadrados que existe entre lo que realmente se ocupó con la vialidad y lo que quedó asentado como afectación en el acta de cabildo de la anterior administración municipal.

En la iniciativa también hay un dato que permite suponer que hubo dolo. Se reproduce el contenido de documentos que en septiembre de 2013 sirvieron para iniciar los trámites de la permuta. Hay uno que indica que el 3 de septiembre del 2013, el señor Alfredo Treviño Salinas, envió oficio dirigido a este “R Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en su carácter de Apoderado legal de los CC. Irma, Rosa María, Alicia Guadalupe y José Santos todos de apellidos Ayala Tijerina.”

En ese escrito de septiembre de 2013, Treviño Salinas, solicitó la permuta de un inmueble propiedad de sus representados por otro que perteneciera al Municipio, en virtud de una afectación que sufrieron en un inmueble ubicado en la” colonia Leal Puente”

A pesar de este antecedente, en el acta de Cabildo de la sesión señalada no se indicó la colonia en la que se encontraba  la superficie afectada, pero por el valor catastral de la superficie total de los terrenos municipales propuestos para permutar, se infiere que al predio de los Ayala Tijerina, arbitrariamente se le aplicó el que tienen los de la colonia petrolera, que  es de mil 105 pesos, por lo que su valor total  se estimó en 22 millones 104 mil 652 pesos.

Se llega a esta conclusión porque los tres terrenos municipales propuestos en la permuta tiene un valor catastral total de 22 millones 375 mil 573 pesos. Sin embargo, como en uno de los documentos presentados por los particulares se ubica su predio en la colonia Leal Puente, aledaña a la petrolera, el valor de la transacción debió ser mucho menor.

El valor catastral de los inmuebles de esta última colonia, a la fecha de la permuta, estaba tasado en 550 pesos el metro cuadrado, por lo que, tomando como referencia los 20 mil metros cuadrados supuestamente afectados, la permuta debió ser por terrenos municipales con un valor catastral, en conjunto, de 11 millones 002 mil 315 pesos, equivalentes al del predio afectado.

Aun esa cantidad resultaría exagerada si se toma en cuenta que el levantamiento topográfico realizado por la secretaria de Obras Publicas arrojó que no fueron 20 mil sino 6 mil 637 metros cuadrados los de la superficie ocupada por la vialidad.  De esta manera la afectación real en pesos habría sido por 3 millones 650 mil 350 pesos.   

Entonces, estaríamos frente a una acción sumamente irregular cometida durante la sesión de cabildo realizada el penúltimo día en el que Everardo Villarreal Salinas fue presidente municipal, debido a que habrían  autorizado entregar terrenos que valen 18 millones 725 mil 223 pesos más de lo que realmente valía la superficie afectada.

¿Por qué? Simple: Hay versiones de que varios funcionarios de esa administración, incluido el ex alcalde, se beneficiaron con creces con esa operación.

16 MIL MILLONES EN SEGURIDAD PARA TAMAULIPAS: OH

Entre la información que dio el gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú durante su quinto informe de gobierno destaca lo que en cinco años se ha destinado para atender el tema de la inseguridad en el estado: 16 mil millones de pesos.

Torre Cantú hizo una relación de los rubros en los que se ha aplicado este multimillonario  presupuesto entre los que se encuentran la construcción de infraestructura física como la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza así como el Sistema Estatal de Video Vigilancia.

El gobernador aseguró que el Grupo de Coordinación Tamaulipas ha logrado asegurar drogas con un valor superior a 4 mil millones de pesos así como “detenciones sin precedentes. Hace 18 meses identificamos 15 objetivos prioritarios, hoy los 15 están neutralizados”. También aseguró que han neutralizado 252 objetivos de relevancia regional.

El discurso se escucha bien, pero en la realidad esos cuantiosos recursos no han tenido un impacto significativo para aminorar el grave problema de inseguridad que hay en el estado.

Por ejemplo la detención de quienes fueron presentados como “objetivos prioritarios” de esta estrategia de seguridad en Tamaulipas, si bien puede parecer importante en realidad no resuelve el problema de fondo.

Dichas detenciones inmediatamente provocan reacomodos en la estructura de control de esos grupos, que pueden derivar en un incremento de la violencia en algunas regiones.

La estrategia parece limitada en sus alcances porque el nivel de inseguridad lamentablemente no ha disminuido. Además es común que las fuerzas federales se enfrenten a grupos de civiles armados cuando se registran lo que la gente conoce comúnmente como “topones”.

Lamentablemente hay ocasiones en donde resultan afectadas personas ajenas a los hechos, como ocurrió recientemente en Reynosa con la muerte de varias personas que fueron atropelladas por un camión militar.

El gobernador del estado en su mensaje dijo que en este tema se avanza pero que falta mucho por hacer. Definitivamente si, le asiste la razón pero desde la perspectiva de la población puede decirse que es más que eso: falta muchísimo por hacer.

EX GOBERNADOR TAMAULIPECO: LAVANDERIA TEXANA

La detención en Texas de Cindy Gabriela Apac Recio, esposa del ex presidente del Comité directivo Municipal del PRI en Reynosa, acusada de lavado de dinero, además de generar una conmoción política en el estado, reavivó el escándalo que rodea al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, sobre quien pesa una orden de captura  por parte del gobierno de Estados Unidos.

Apac Recio aparece como directora de PCR Consulting Services, registrada el 29 de octubre de 2008 ante el gobierno de Texas. Esta empresa, de acuerdo con los registros públicos de ese estado, está vinculada a varias en las que aparecen familiares de Hernández Flores, parientes de una de sus ex colaboradoras en el gobierno tamaulipeco y otras personas como la esposa del ex presidente del PRI en Reynosa, que en conjunto participan en cuando menos ocho compañías que curiosamente tienen el mismo domicilio en la ciudad de Hidalgo, Texas.

Además de otras 15 sin aparente relación con el ex gobernador de Tamaulipas, las que están vinculadas con él comparten la dirección en el  601 S. International Bvld, Suite C en esta ciudad texana, a un kilómetro aproximadamente de la frontera con Reynosa, Tamaulipas.

Golo Management, es una sociedad de responsabilidad limitada, que fue registrada ante el gobierno texano el 14 de diciembre de 2010 por Adriana González Lozano, entonces esposa de Hernández Flores. Esta empresa aparece como propietaria de una de las lujosas viviendas que el gobierno estadounidense incautó en McAllen, Texas al ex gobernador de Tamaulipas como parte de la causa criminal que tiene en su contra.

Casi medio año después, Hernández Flores junto con González Lozano creó Hergo Business Solutions International. Con la misma dirección en el Bulevar Internacional de esa pequeña ciudad texana, los registros públicos establecen que está conectada a la compañía en la que Apac Recio aparece como directora.

El 21 de junio de 2011, Sergio Luis González Lozano, hermano de Adriana, y Myrthala Catalina González Jasso, registraron la compañía Semy International, LLC, que como las otras aparece relacionada con PCR Consulting Services y también  tiene la misma dirección en Hidalgo, Texas.

Como asociados de PCR Consulting Services están reconocidos Juan Antonio Pérez Cantú y Mónica Pérez Cantú, hermanos de Luis Alejandro y Rocío, director de Averiguaciones Previas de la procuraduría estatal  y Directora de Atención Ciudadana de la oficina del gobernador durante el sexenio de Hernández Flores

En el 2012,  Antonio y Luis Alejandro fueron denunciados penalmente por un fraude de casi 16 millones de pesos que cometieron en perjuicio de una sociedad de productores agrícolas.

Rocío Pérez Cantú,  fue responsable de la oficina de gestoría de Eugenio Hernández Flores, cuando fue diputado federal. Posteriormente la nombraron directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Victoria en el tiempo en que este fue presidente municipal. Cuando se convirtió en gobernador del estado la designó directora de la oficina de Atención Ciudadana.

El 12 de enero de 2009, Marcia Guadalupe Pérez Cantú, una de las hermanas de la ex funcionaria estatal, asociada con Mónica Andrea y Marcia Alejandra Roca Pérez y María Fidelfa Marcia Guadalupe Cantú, crearon la sociedad 3Perez Management.

En agosto de 2010, se constituyó otra empresa con nexos con PCR Consulting Services. Mónica Andrea Roca Pérez aparece asociada con María Luisa Irizar en Monrope Consulting, LLC, que también comparte el domicilio con las demás que están relacionadas con el ex gobernador tamaulipeco.

Entre mayo de 2009 y julio de 2011, se crearon otras tres sociedades de responsabilidad limitada que están vinculadas a la compañía que fue dirigida por la esposa del ex presidente del PRI en Reynosa.  MG Media, registrada el 17 de julio de 2009; Dermium, dada de alta el 26 de octubre de 2010 y Loreli International, inscrita ante el gobierno de Texas el 4 de mayo de 2011.

El entramado legal organizado por Hernández Flores para ocultar su dinero en Texas a cualquiera le puede parecer muy complicado pero no al gobierno de Estados Unidos que lo descubrió desde 2008. Como se sabe, durante varios años lo investigó antes de irse sobre de él.

EX GOBERNADOR CUERUDO: PRIMERO EL DINERO, AHORA LA EXTRADICION

La petición que dos congresistas estadounidenses para que se agilice su extradición, se suma a las complicaciones que tiene el ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores tras ser acusado de diversos delitos por el gobierno estadounidense.´

Además de las graves imputaciones que le hacen en Estados Unidos, es sabido que al ex mandatario ya le aseguraron cuatro propiedades, de las cuales tres se ubican en McAllen, Texas, muy cerca de la frontera con Tamaulipas

En junio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Corte del Distrito Sur de Texas, dio a conocer que dentro del expediente en el cual se acusa a Hernández Flores y a su cuñado Oscar Gómez, había un aviso de confiscación penal sobre cuatro propiedades valoradas en más de dos millones de dólares.

De acuerdo con los archivos del Condado Hidalgo, todo parece indicar que las tres residencias se localizan al sur de esa ciudad texana, que en conjunto tienen un valor estimado de más de un millón 647 mil dólares. Sin embargo ninguna de ellas  aparece a su nombre.

La más costosa está en el 801 de la calle East Francisca del Fraccionamiento Del Lago y de acuerdo con los registros su valor es de 771 mil dólares.

El historial legal de la propiedad indica que en octubre de 2007 fue adquirida por Rosantina Lozano de González,  suegra del entonces  gobernador de Tamaulipas.  Dicha transacción se realizó con la empresa  South Villa Hermosa.

El 5 de mayo de 2011, Lozano de González transfirió la lujosa vivienda a la empresa Golo Management. Aparentemente este movimiento tuvo el propósito de dificultar la identificación del dueño del inmueble, aunque este siguió siendo propiedad de la familia del ex mandatario estatal.

Consta en los registros del gobierno de Texas que Golo Management, nombre compuesto por las dos primeras letras de sus dos apellidos, fue creada el 14 de diciembre de 2010 por Adriana González Lozano, esposa de Eugenio Hernández Flores, quien en esa fecha estaba a unos días de concluir su mandato como gobernador.

Cinco meses después, ocurrió la transacción entre Flores de González y la empresa que su hija registró como una compañía de responsabilidad limitada ante la Secretaria de Estado del gobierno de Texas.

Sin embargo al menos hasta el 2014, la propiedad del inmueble aparecía tanto a nombre de la suegra de Hernández Flores como de la empresa de su esposa.  El 9 de octubre de ese año, la asociación de propietarios del fraccionamiento (Del Lago Homeowners Association) requirió legalmente tanto a Lozano de González como a Golo, para que liquidaran 8 mil 830 dólares por concepto de cuotas de mantenimiento.

En el contrato mediante el cual se transfiere la vivienda a Golo Management , firmado por Lozano de González y su esposo Sergio González Rocha, las partes declaran tener la misma dirección: Juan O Doria 1660 en el Fraccionamiento Los Arcos en Ciudad Victoria.

La otra propiedad presuntamente asegurada al ex gobernador de Tamaulipas se localiza en el 4416 de la calle Sur H del fraccionamiento Del Lago. Los registros inmobiliarios del condado la adjudican un valor de 548 mil 724 dólares. Ocupa los lotes 28 y 29 y aparece a nombre de la empresa OE Properties.

Esta compañía fue dada de alta el 20 de octubre de 2010 ante el gobierno de Texas, pero no existe información disponible sobre sus socios. Llama la atención que los registros de esa propiedad de la calle Sur H, indican que OE Properties la adquirió de la inmobiliaria South Villa Hermosa apenas 23 días después de que fue constituida.  La empresa actualmente está inactiva.

La tercera propiedad aparece en los registros del Condado Hidalgo con un valor estimado de 328 mil dólares. Ubicada en el número 505 de la calle East Uphall Avenue del fraccionamiento Las Villitas, también en McAllen, fue adquirida por Susana Flores de Hernández el 16 de abril de 2007.

El único inmueble que Eugenio Hernández Flores tuvo a su nombre en McAllen es un condominio que compró en el 2003, dos años antes de ocupar la gubernatura.  El departamento ubicado en el número 200 de la avenida Yuma en el fraccionamiento “Country Club Condos” actualmente tiene un valor de 78 mil dólares.

Casi inmediatamente después de haber dejado el cargo de gobernador,  el 22 de marzo de 2011, Hernández Flores se lo vendió a Patricia Villarreal Loperena, esposa de José Manuel Assad Montelongo, actualmente delegado del IMSS en Tamaulipas, quien se desempeñó como secretario de Administración en el sexenio de Hernández Flores

PRESIDENTE DEL CONGRESO TAMAULIPECO: LOS POBRES SON MALOS

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, recién mostró un rasgo preocupante de su personalidad: Es prejuicioso.

En un intento por atenuar las críticas al gobierno porque no puede enfrentar con éxito la operación de grupos criminales dedicados al delito del secuestro, lanzó una más que desafortunada expresión.

Ramos Salinas, aseguró que el perfil de los secuestradores corresponde a hijos de padres divorciados, sin educación primaria y generalmente con antecedentes de trabajo informal en la vía pública.  

Tal afirmación no puede más que atribuirse a una predisposición negativa del diputado hacia quienes poseen las características que describió como elementos comunes en ese tipo de delincuentes.

Parece que la manera de pensar del presidente del congreso tamaulipeco está influida por los estereotipos negativos que existen sobre la pobreza. Es una manifestación de esa creencia que considera que  la marginación es causal determinante de la delincuencia.

Lo peor es que en esa pretendida defensa de la estrategia de seguridad, que se supone busca abatir los índices de diversos delitos, entre los que se encuentra el secuestro, Ramos Salinas asumió que la disolución de un matrimonio puede generar potenciales delincuentes.

En el fondo, su dicho denota una postura discriminatoria. Aunque haya tratado de manifestarse por más acciones de prevención del delito, sus aseveraciones no dejan de ser prejuiciosas.

TRIFE: LIDER DEL CONGRESO TAMAULIPECO SI VIOLO LA LEY

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  al revocar una sentencia de la Sala Regional Especializada de ese tribunal, resolvió que el presidente del Congreso de Tamaulipas violó la ley al participar en actos proselitistas durante la campaña de la entonces candidata del PRI por el Distrito 02 Reynosa.

La sentencia del órgano superior del tribunal electoral abre la probabilidad legal de que Ramiro Ramos Salinas sea sujeto de un procedimiento sancionador por haber asistido en días hábiles durante el mes de abril a eventos organizados a favor de María Esther Camargo Félix, hoy diputada federal electa por este distrito.

La Sala Superior al resolver un recurso de revisión presentado por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada, concluyó que Ramos Salinas en su carácter de Presidente del Congreso local incumplió con su obligación legal de no distraer el tiempo que, en horas y días hábiles, debió dispensar al desempeño de su función pública.

Tras la revisión del expediente, determinó que al participar en los actos proselitistas durante la campaña electoral de Camargo Félix, el presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso tamaulipeco transgredió la prohibición que tienen los servidores públicos de realizar actos que trastoquen el principio de imparcialidad con que deben conducirse.

El documento refiere que la conducta ”del diputado local Ramiro Ramos Salinas consistente en asistir en días y horas hábiles a actos de carácter proselitista a efecto de promover candidaturas a diputaciones federales postuladas por el Partido Revolucionario Institucional” es contraria a lo dispuesto por la constitución y la ley electoral.

La sentencia de la Sala Superior revocó la que emitió la Sala Regional Especializada que había declarado inexistente la violación a las disposiciones constitucionales y legales que el PRD le imputó en su momento a Ramos Salinas. 

Señala que la revocación de dicha sentencia se debió a que la Sala Regional hizo una indebida valoración de las pruebas ofrecidas en la demanda original en contra del presidente del congreso estatal.

Acusa que la revisión de las probanzas, careció de exhaustividad y que no se ajustó a los parámetros que la Sala Superior ha señalado que se deben seguir “a efecto de analizar los medios de convicción consistentes en notas periodísticas”. 

 Agrega que en las pruebas que obraban en autos se advierte que el diputado Ramos Salinas asistió a los actos proselitistas a favor de la hoy diputada federal electa por Reynosa, contraviniendo las restricciones legales que tiene como servidor público.

La Sala Superior determinó que al dictar la sentencia revocada, la Sala Especializada no observó lo dispuesto en la jurisprudencia referente a los elementos que deben considerarse para determinar si las notas periodísticas tienen fuerza indiciaria.

TAMAULIPAS: MUCHOS POBRES

Aunque en Tamaulipas se ha puesto énfasis en la disminución del número de habitantes del estado que están en pobreza extrema, de 183 mil 400 a 151 mil 600 entre 2010 y 2014, otros resultados expuestos en el documento “Medición de la pobreza en México 2014”, recién presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, indican que mucha gente no tiene lo necesario para vivir.

Por ejemplo ahí se puede observar que entre los más de un millón 300 mil habitantes del estado que son pobres, hay más de 634 mil que tienen problemas para adquirir lo necesario para alimentarse.  El estudio encontró que entre 2010 y 2014, hubo casi 180 mil tamaulipecos  más que tienen este tipo de carencia.  Es decir, este segmento de población con inseguridad alimentaria creció de 455 mil a 684 mil 500 personas.

Si bien la pobreza extrema representa el aspecto más dramático de la marginalidad, definitivamente no puede perderse de vista que la pobreza en general en una situación que causa un terrible agobio entre quienes la sufren, independientemente del tipo de carencias que tengan.

Por ejemplo la investigación reveló que mientras en el 2010 había millón 614 mil 500 habitantes del estado  que tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar,  es decir aquellos que con todos sus ingresos no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, para el 2014 la cifra aumentó a un millón 724 mil 500 personas.

Más grave: Con relación a las personas que aun usando todos sus ingresos para la compra de alimentos no pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada, el Coneval reveló que en esos cuatro años, en nuestro estado,  la gente en esa condición pasó de 484 mil a 566 mil 400 personas.

Todo es relativo según el cristal con que se mire.

LA CHAPOLOGIA

A casi quince días de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, diversas autoridades han revelado muchos aspectos sobre los sistemas de vigilancia y control que hay en ese centro de reclusión y al menos dos especiales usados para reforzar el monitoreo de sus movimientos.

Parece que cuanto más se explica acerca de la tecnología, infraestructura y procedimientos utilizados para el resguardo de los reclusos, más se refuerza la imagen popular sobre las habilidades e inteligencia de El Chapo, cuya figura es utilizada para criticar, denostar y burlarse del gobierno.

La minuciosa descripción hecha por altos funcionarios federales no logra el objetivo evidente de demostrar la fortaleza  de la, hasta antes de la fuga, efectiva operación de esa cárcel de máxima seguridad. 

Nada de lo informado abona para amortiguar el descrédito que ese hecho causó al gobierno mexicano.  

Al contrario.

El cese de algunos funcionarios de nivel medio y la consignación de varios custodios del penal, estos por su presunta complicidad en la fuga, no aportará elementos de descargo para el  gobierno.  

Lo anterior porque la gente asocia la huida de El Chapo a la corrupción que hay en el sistema de seguridad y además porque pocos creen que los hechos difícilmente ocurrieron sin la vinculación de funcionarios de niveles más elevados.

Por eso, la postura asumida por los miembros del gabinete del área de seguridad del gobierno federal en ese afán de reducir los daños  que les causa la fuga de Guzmán Loera, se parece más bien a una especie de apología invertida.

Lo peor de todo es que aparentemente en el ambiente de la sucesión del 2018, El Chapo ya desató una guerra entre los más encumbrados colaboradores del presidente Peña Nieto

EL CHAPO: EL SUELO SIN CERTIFICAR

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dio un mensaje a los medios de comunicación sobre la fuga del Joaquín El Chapo Guzmán, refiriéndose a las acciones de investigación para el esclarecimiento de los hechos y su recaptura.

El funcionario federal hizo una muy detallada descripción de las medidas de vigilancia que existen dentro y fuera del penal del Altiplano. Osorio Chon refirió que ese lugar opera “bajo estricto cumplimiento” de los protocolos de seguridad y estándares internacionales requeridos para penales de alta seguridad.

En su intervención incluso puntualizó que las instalaciones están certificadas por la Asociación de Correccionales de América.

Luego detalló los sistemas de control del penal. Habló de la video vigilancia “con más de 750 cámaras”, de los puntos de revisión, de la barda perimetral, de la existencia de un operativo adicional de vigilancia en el exterior en el que participan elementos del ejército y de la policía federal.

Sea cual fuera la intención de tan precisa relación sobre  todos los elementos que componen las medidas de control interno y externo del Cefereso del Altiplano, lo que logró el funcionario es magnificar la idea que tiene la población sobre la fragilidad estructural del sistema carcelario y de la instituciones de seguridad pública.

Nada de lo que dijo el también ex gobernador de Hidalgo abonará para disminuir el descrédito que la fuga de Guzmán Loera provocó al gobierno mexicano. Ni siquiera lo que dijo acerca de que en razón del respeto a la privacidad y los derechos humanos,  la vigilancia -permanente, en tres turnos las 24 horas, desde el propio penal y del centro de control de la Policía Federal- tenía dos puntos ciegos.

Resaltó que aprovechando estos lugares sin vigilancia, El Chapo “logro fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea”.  Todo lo expresado por el secretario de Gobernación pudiera resumirse en pocas palabras: el suelo del penal no estaba certificado.

Antes de anunciar que prácticamente todo el aparato de seguridad del gobierno estará concentrado en la localización y recaptura del Chapo, Osorio Chong dijo lo que la gente da por un hecho. Indicó que Guzmán Loera “tuvo que haber contado con la complicidad del personal y/o funcionarios” del penal

El secretario anunció el cese de varios servidores públicos cuyas responsabilidades tenían que ver con el sistema carcelario del país, incluido el director del penal. Sin embargo, las expectativas de la gente van mucho más arriba.

Este incidente inmediatamente provocó un alud de descalificaciones contra el presidente Enrique Peña Nieto. Dentro y fuera del país esta escandalosa fuga puso en grave entre dicho al gobierno mexicano. 

Las redes sociales están atestadas por ataques en su contra. Desde que se conoció la fuga de Guzmán Loera, los señalamientos han subido de tono. El mandatario es objeto de incisivas burlas, principalmente a través de los famosos “memes”

Estos hechos son un nuevo indicativo de hasta donde la corrupción y la impunidad han penetrado las instituciones de gobierno, principalmente las encargadas de la seguridad pública. Muestran como, frente a la debilidad del estado mexicano, los grupos delictivos prácticamente se han enseñoreado del país.

Eso, aunado a la descomposición social que han generado esos grupos, ahora nos ha puesto en un escenario realmente escalofriante.

SEP: 25 MILLONES PARA MANTENER A LA SECCION 30 DEL SNTE

Al tiempo que han salido a protestar por los efectos negativos que ven en el proceso de evaluación impuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente, muchos maestros tamaulipecos reclaman la ausencia de apoyo por parte de sus dirigentes sindicales.

Como respuesta a este movimiento, diversos representantes del SNTE en el estado han insistido en que quienes han marchado en varias ciudades del centro, sur y norte de la entidad están desinformados sobre el contenido de la ley.

Los privilegiados miembros del sindicato hablan desde la zona de confort que se han construido a lo largo de los años y que los ha insensibilizado respecto de la situación y necesidades sus representados.  

Ellos está en lo suyo, disfrutando de las  mieles del poder porque aun con las nuevas condiciones legales que establece la reforma educativa, continúan viviendo a costa del gobierno, que les paga sus sueldos como empleados de la SEP a pesar de que no trabajan.

La directiva seccional en Tamaulipas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le cuesta  poco más de un millón 600 mil pesos mensuales a la Secretaria de Educación, que liquida los sueldos de 39 de los 49 miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

A eso hay que sumarle otros 522 mil 661 pesos mensuales por los salarios de 31 trabajadores del sector educativo que tienen una licencia por comisión sindical, pero que no forman parte de la dirigencia local. 

Los pagos que se hacen a esas 70 personas que laboran o desempeñan tareas directivas en la Sección 30 del SNTE, representan una erogación de 6 millones 370 mil 729. 97 pesos trimestrales.   

La burocracia sindical del magisterio tamaulipeco le estaría costando casi 25 millones y medio millones de pesos anuales al gobierno ya que sus salarios se descuentan del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. 

El que más dinero recibe de los miembros del comité seccional es Candelario Argumedo Contreras, quien, según la página oficial de la Sección 30 del SNTE, ocupa la cartera de Créditos. 

En el primer trimestre del 2015, de acuerdo a los registros públicos de la SEP, este funcionario sindical recibió pagos por 212 mil 219 pesos por dos plazas que tiene asignadas, una en la escuela primaria Pedro J. Méndez y otra en la Supervisión de Educación Primaria Numero 54, ambas en Reynosa.

Rafael Méndez Salas, dirigente estatal del sindicato en el estado, recibió pagos por 162 mil 388 pesos en el mismo periodo.

Hay algunos casos que llaman la atención en esta situación ya de por si irregular. Consuelo Alejandrina Chaires, titular de la cartera de Cultura y Recreación; José Guadalupe Puente Covarrubias de Seguridad social; Fidel Mario Tejeda Esquivel de Asuntos de Jubilados y Pensionados; Manuel Rocha Dorantes de Promociones Económicas y Juana Castillo Villafranca de Equidad, Género y Derechos Humanos, tienen el mismo centro de Trabajo y reciben pagos similares.

Los cinco miembros del Comité Ejecutivo Delegacional, aparecen con plaza en la Supervisión de Educación Pre Escolar número 107,  con clave 28FZP0110TB. El reporte de pagos al personal de educación durante el primer trimestre del presente año muestra que cada uno recibió pagos por un monto de 122 mil 376 pesos.

A José Carlos Huerta Vargas, titular de la cartera de Comunicación Social, Oscar Cesar Tovías Montalvo del Jurídico y Lauro Manuel Martínez Hernández de Trámite y Control, el sistema de registro de la SEP los identifica como trabajadores en la escuela Isaac Newton, ubicada en Ciudad Madero. Los tres recibieron el mismo monto de percepciones en el primer trimestre del año: 152 mil 188 pesos.

Pedro Javier Vargas García, responsable de Investigación Educativa y Francisco Antonio Vargas Martínez, de la cartera de Telesecundarias, con pagos promedio de casi 67 mil pesos mensuales son de los funcionarios sindicales que más le cuestan al gobierno.

Poco trabajo y mucho dinero los alejaron de sus bases

SUPREMA CORTE: PONCHAN AL CODIGO PENAL DE TAMAULIPAS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la fracción primera del Articulo 171 Quarter del Código Penal de Tamaulipas que castiga con cárcel de siete a quince años a quien se le encuentren objetos de los llamados “poncha llantas” ya que concluyó que viola los principios de certeza jurídica y legalidad en su vertiente de “ taxatividad”

Dicho precepto legal señala que el ilícito de “atentado contra la seguridad de la comunidad” se configura cuando una persona “posee y transporta en su automóvil, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se le capture, uno o varios instrumentos con clavos o varillas, para impedir el paso de vehículos particulares, de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública”

El comunicado de la suprema corte refiere que la declaración de invalidez de esa parte del mencionado artículo de la legislación penal de Tamaulipas se debe a que su redacción permite la arbitrariedad en su aplicación.

La sentencia señala que esa norma violaba los principios de seguridad jurídica y legalidad.  Esta consideración fue acompañada de un señalamiento que implica una durísima  crítica porque indica que ese tipo penal está redactado con “una imprecisión que cae en lo irrazonable”.

El principio de Taxatividad de la ley penal se cumple cuando la norma describe claramente las conductas que se pretende regular y las sanciones penales que se impongan a quienes las realicen. Cuando esto no ocurre así y en la redacción existen, imprecisiones o la descripción es amplia se propicia la arbitrariedad en su aplicación.

En el caso del mencionado artículo de la legislación penal de Tamaulipas que fue  declarado invalido, esta inconstitucionalidad, esta violación a los principios de certeza jurídica y legalidad, se aprecia en la  vaguedad existente en cuanto al número de los objetos prohibidos en posesión de un detenido y su relación con la sanción privativa de la libertad a imponer.

Tras decretarse esta sentencia derivada de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la Republica en contra de esta disposición del código penal de Tamaulipas, el presidente del Congreso local, Ramiro Ramos Salinas, declaró que acatarán lo ordenado por la suprema corte.

Se pretendió presentar la postura del diputado local como  algo digno de reconocimiento cuando no les queda de otra: Cumplir el mandato judicial que los vinculó. 

Como si tuvieran otra opción.

TAMAULIPAS: PAJAROS EN EL ALAMBRE

Luego de la irrupción de piratas informáticos al sistema de la empresa italiana Hacking Team, que vende programas avanzados de espionaje electrónico, vino un escándalo internacional por la divulgación de documentos entre los que se encuentran listados de sus presuntos clientes en varias partes del mundo, incluidas dependencias federales y gobiernos locales en México.

De acuerdo con la información que se ha publicado sobre el tema, la empresa ha desarrollado herramientas muy avanzadas que permiten interceptar comunicaciones y vigilar correos electrónicos, archivos digitales, mensajes, conversaciones Skype y redes sociales de aquellos usuarios cuyos equipos fueron infectados con un virus que permite la vigilancia profunda.

El principal programa que vende Hacking Team es descrito como una herramienta invasiva que pone en riesgo la integridad del contenido de los equipos atacados.  Reporteros Sin Fronteras incluyó a la empresa italiana en una lista negra conocida como “Enemigos de Internet”

Esta organización la critica por proveer programas informáticos que son  considerados como un instrumento de vigilancia muy agresiva que deja sin protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Entre los clientes mexicanos de Hacking Team incluidos en la lista divulgada por quienes ingresaron a su base de datos aparecen el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Petróleos Mexicanos, la Policía Federal y el gobierno del estado de Campeche.

En el listado, que incluye clientes de todo el mundo, también  están la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Secretaria de Planeación de Finanzas  del gobierno de Baja California y la Secretaria de Seguridad Publica de Tamaulipas.

La sofisticación de los programas de espionaje vendidos por la empresa italiana es un indicativo muy preocupante debido al nivel de intrusión que logra y que permite monitorear prácticamente todo lo que hace la persona vigilada.

La Secretaria de Seguridad Publica de Tamaulipas difícilmente podría explicar,  menos justificar, la contratación de los servicios de Hacking Team. 

Entra las múltiples atribuciones que tiene esa dependencia está la que le permite “establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos”.

Sin embargo, la regulación que le faculta esas actividades le impone la obligación de realizarlas “mediante métodos que garanticen el respeto a los derechos y libertades fundamentales”

Cosa que parece no estaba ocurriendo.

TLATLAYA: LA VIDA NO VALE NADA

A un año de ocurrida la ejecución de al menos 7 personas a manos de elementos del ejército mexicano en una bodega localizada en Tlatlaya, Estado de México, este hecho hizo evidente como el hartazgo de la sociedad por la inseguridad, concede una tácita justificación a este tipo de acciones. 

Ocurrido antes de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el incidente si generó reacciones de preocupación e indignación cuando trascendió que a algunos de los más de 20 muertos los habían victimaron cuando ya no ofrecían resistencia. 

Sin embargo jamás causó la hostilidad social que desató la desaparición de los normalistas guerrerenses. Estos jóvenes estudiantes, miembros de familias muy pobres, se convirtieron en el centro de una polémica internacional en la que el estado mexicano fue puesto en el banquillo de los acusados.

La condición humilde de todos ellos, la divulgación de sus historias de esfuerzo y sacrificio para buscar mejores condiciones de vida a través del estudio y las circunstancias de su desaparición conmovieron a millones y avivaron las críticas y los cuestionamientos en contra del gobierno.   

El involucramiento de diversas autoridades magnificó la justificada indignación social.

En contraste, las ejecuciones en Tlatlaya no generaron la misma reacción entre la gente. La diferencia entre la animosidad que surgió por la desaparición de los normalistas y la débil reacción ante los homicidios del Estado de México, tiene que ver  con la circunstancia de que los muertos fueron vinculados a la delincuencia organizada.

Resulta preocupante como estos casos propiciaron entre la opinión publica una diferenciación del valor de la vida de aquellos que en esos dos hechos fueron víctimas de actos ilegales de diversas autoridades.

La creciente inseguridad relacionada con los grupos de la delincuencia organizada ha generado tal crispación en amplias zonas del país, que no es raro que haya quienes justifiquen cualquier acción de la autoridad, aunque sea ilegal, en contra de los delincuentes.

Ambos hechos son gravísimos. Por eso resulta preocupante ver que muchos no lo perciban así. 

EL ENFERMO DE LA REVISTA HORA CERO

Para quienes ejercen el periodismo, la única calificación válida es la del público. Las opiniones contrarias  de sus pares generalmente reflejan sentimientos malsanos. 

Desde hace muchos años  Héctor Hugo Jiménez, director de la revista Hora Cero, que se edita en Reynosa, dedica gran parte de su esfuerzo a atacar a personas del gremio periodístico. 

Reproduzco lo que escribí hace unos años sobre su caso. En ese tiempo lo hice sin más ánimo que responder a sus constantes ataques en mi contra. Ahora lo comparto porque  quiere volver a las andadas. Hay algunos datos que están desactualizados pero como no son relevantes y porque  además no afectan el fondo de mi opinión, no quiero perder tiempo corrigiéndolos.

En la columna La Caja de Pandora de la revista Hora Cero, Héctor Hugo Jiménez, director editorial de esta publicación, usando el seudónimo de El  Apuntador, se regodea  criticando, casi siempre difamando, a trabajadores de otros medios de comunicación.

Él,  que presume de ser un periodista vertical, de ejercer su trabajo con ética - al grado de pretender ser guía, amparo y defensa de esta actividad-  en la columna de referencia  libera su baja pasión.  En su papel de severo sensor de reporteros y medios de comunicación de la región no se limita en el uso de reprobables prácticas.  

Aunque jura y perjura que tal espacio no es de su autoría, dedica su esfuerzo  a incordiar a reporteros, fotógrafos y camarógrafos de otras empresas de medios.   Alimenta la columna con insidias propias y ajenas.  Distorsiona hechos y casi siempre miente para dar rienda suelta a sus propios resabios y frustraciones.    

Por muchas de sus actitudes  y especialmente por la forma en que se refiere a su trabajo, lo que puede concluirse es que el Director General Editorial de Hora Cero padece un severo trastorno emocional.  Un caso lastimoso como cualquier padecimiento de esa naturaleza. 

El perfil psicológico de Héctor Hugo Jiménez corresponde a lo que se ha identificado clínicamente como trastorno narcisista de la personalidad.   Su patrón conductual  con un notorio sentido de grandiosidad y una sobre valoración de sus capacidades  corresponde a las características diagnósticas del trastorno.

Como muestra está otra de sus  columnas,  sintomáticamente llamada,  “Con tinta en la sangre”.

Ahí,  Héctor Hugo Jiménez Castillo -su nombre completo- se deleita exponiendo sus experiencias, que considera dignas de interés general  y hasta lecciones de vida y periodismo.  Con fruición celebra y engrandece su desempeño profesional.   Son sus escritos prueba de que asume que es ejemplo a seguir, o cuando menos  digno de muy altos merecimientos.

En esa entrega quincenal que hace en la revista, se observa  otro rasgo del sujeto con trastorno narcisista de personalidad.  Este tipo de enfermos tiende a  pensar que sólo les pueden comprender o  que  sólo deben relacionarse con personas que considera que son especiales o de un elevado status.     

En ese espacio, Hugo Jiménez  presume sobre sus relaciones con importantes y destacados personajes del medio periodístico a quienes considera cuando menos sus iguales.  Se regodea cuando escribe de la cercanía filial  con su  “amiga” Valentina Alazraqui, por muchos años corresponsal de Televisa en el Vaticano  

Comparte con gran desprendimiento  sus experiencias con su “amigo”, su “tocayito”  Héctor Benavides, conductor de noticias de Multimedios Televisión.  Gozosamente escribe sobre  su trato con Ramón Alberto Garza, director del diario regiomontano El Norte en el tiempo que  Jiménez trabajó  en esa publicación.

Debido a su trastorno con eso aumenta su ya de por si exagerada autoestima. Se siente más especial con el valor idealizado que asigna a todos aquellos con quienes se ha relacionado y considera sus dignos contertulios, ya que este tipo de enfermo piensa que sólo le entienden o que solo pueden relacionarse con otras personas que son especiales y a quienes atribuyen cualidades de ser “únicos”, “perfectos” o de tener “talento”.   Así, su autoestima es aumentada por esa especie de   reflejo.

Seguramente propiciada por el merecido reconocimiento social que tuvo Miguel Morales, conductor de noticias en Televisa Noreste, fallecido a principios de 2007 luego de una penosa agonía tras un terrible accidente automovilístico, Héctor Hugo sufrió una crisis de su trastorno.  

Después de que miles de personas estuvieron pendientes del estado de salud de Miguel Morales y que tras su muerte se volcaron tumultuariamente para despedirlo, Jiménez Castillo encontró un motivo para auto glorificarse.   De una forma completamente descabellada, que aunque producto de su enfermedad no dejó de ser burda y grosera,   escribió que “Miguelito”, como se conoció al infortunado periodista, en alguna ocasión había expresado su deseo de ser como él.   

Para Morales, si es que acaso intentó ser como el autor de Tinta en la Sangre y la Caja de Pandora,  fue una fortuna  no haberlo  logrado. Por eso consiguió tan destacado sitio en los medios de comunicación y especialmente en el ánimo de los habitantes de la región  

Por lo que se sabe, en su trabajo como periodista Jiménez Castillo efectivamente ha tenido la oportunidad de estar  en situaciones de privilegio que le permitieron vivir en  otros países y conocer a personas destacadas.  El problema para él es que todo eso, definitivamente, se nota a leguas, no le ayudó a ser una mejor persona.   Al contrario.

Héctor Hugo como cualquier paciente con trastorno narcisista de personalidad, cree que los demás deben otorgar un valor exagerado a sus actos y a su trabajo.   Cuando ello no ocurre, seguramente se sorprende y se siente ofendido.  De ahí al resentimiento y la frustración no hay mucho trecho

En la Caja de Pandora, tras el escudo del pretendido anonimato de un seudónimo,  ese resabio se manifiesta junto con otra  característica de su padecimiento: La infravaluaciòn de los demás.  Todo lo escribe para  injuriar, agraviar y menoscabar a personas y empresas. La falsa acusación, el señalamiento malicioso y la calumnia   son armas de su vileza en su afán de tratar de ridiculizar a los demás.     

Esta devaluación que Jiménez Castillo hace de otros medios y reporteros  seguramente es una forma de contraposición para aumentar su auto percepción de grandeza personal y laboral, ya que los sujetos con trastorno narcisista de la personalidad son más  propensos a creer que han alcanzado la perfección y asumir que los demás no pueden hacer bien las cosas.

Hay que entender que en Héctor Hugo su forma de actuar y de referirse a su trabajo no es más que parte del conjunto de síntomas de su enfermedad.   A quienes pueden sentirse molestos  o con ira por todos sus comentarios envueltos de mala intención, les sugiero que lo vean como lo que es: Un enfermo que merece conmiseración.

ANGELICA: LAS REVISTAS DEL CORAZON, INSENSIBLE

Con motivo de la graduación de una de las hijas de su esposa Angélica Rivera, la revista Hola nuevamente fue usada como escaparate para exponer momentos familiares  del presidente Enrique Peña Nieto. 

Esta publicación en la que se divulga la vida de los ricos de México atribuyéndoles un aire distinguido, le dio una amplia cobertura al evento en el que Sofía Castro concluyó sus estudios de nivel medio superior.

Según lo han publicado diversos medios de comunicación, la edición de julio de Hola incluye 14 páginas en las que se reseña el evento al que asistió el presidente Peña Nieto e incluye 30 fotografías muy bien cuidadas.

Este tipo de publicaciones explotan el deseo de los adinerados de exhibirse en su riqueza. Sobre dimensionan esa fijación que tienen quienes pertenecen a la clase social de mayores ingresos al sentir que entre más bienes acumulan más distinción adquieren.

La cobertura de la graduación de la hija del presidente hace evidente que, precisamente por su privilegiada posición social y económica, no les interesa la opinión de quienes los han criticado acusándolos de estar desligados completamente de la realidad social que vive el país.

Esa actitud resulta muy normal entre los ricos, especialmente en un país como el nuestro en el que subsiste una desigualdad enorme, que adquiere contrastes de tragedia porque mientras algunos mexicanos son de los hombres más adinerados del mundo,  millones de personas viven en medio de una cada vez más profunda pobreza. 

Esta semana, la organización Oxfam presentó el estudio  “Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”, elaborado por el investigador Gerardo Esquivel.

Aunque lo que se destacó de la investigación fue que mostró que  mientras la economía y el ingreso del grueso de la población están estancados,  la fortuna de los cuatro mexicanos más ricos del país crece exponencialmente, hay otros datos que muestran la crudeza de esta condición de desigualdad extrema. 

El estudio del economista resalta que las condiciones de desigualdad “son tales, que el 1 por ciento de la población posee el 43 por ciento de toda la riqueza en México”

El investigador del Colegio de México, en entrevista aseguró que el uno por ciento más rico gana el 21 por ciento de todo el ingreso nacional, que es, dijo, aproximadamente lo que ganan en conjunto 50 millones de mexicanos. 

Planteado de otro modo señalo que un millón de mexicanos acapara ingresos semejantes a los que percibe el 40 por ciento de la población.

La riqueza de unos cuantos tiene como base la pobreza del resto de la población, que apenas sobrevive con los raquíticos  ingresos que percibe. La gente enfrenta todo tipo de carencias que implican que su pobreza no sea solo  económica.

Es ingenuo pensar que en algún momento  a esa minoría le pueda importar la opinión o las críticas de quienes a final de cuentas, en medio de la terrible injusticia social que caracteriza al país, son la fuente de su constante enriquecimiento.

TAMAULIPAS: ANDAR CON MIEDO

Además de no lograr los resultados ofrecidos por el gobierno federal, la llamada estrategia de seguridad que se desplegó en Tamaulipas para atender el grave problema de inseguridad pública, ha provocado el incremento de  la incidencia de otro tipo de delitos, además de actos abusivos e ilegales por parte de elementos policiacos.

Las acciones de las fuerzas federales en contra de la delincuencia organizada, además de no haber conseguido aún la recuperación de la tranquilidad en la entidad,  independientemente de que se resalte la detención de quienes el gobierno llama “objetivos prioritarios”, ha propiciado que en lugares como Reynosa se hayan disparado los delitos del fuero común.

Por ejemplo, las autoridades parecen  pasmadas ante los robos con violencia  contra bancos , que iniciaron en noviembre pasado y que esta esta semana sumaron diecinueve, porque, aparentemente, no cuenten siquiera con indicios para detener a los que parecen integrantes de una  banda bien organizada de delincuentes.

Se puede concluir que el gobierno federal no previó las consecuencias indeseables que está teniendo su estrategia de seguridad. La detención de los llamados “objetivos prioritarios” no ha tenido un impacto significativo en el propósito de fondo de esos operativos federales.

Parece que en el analisis de la situación local omitieron un diagnóstico concienzudo sobre el profundo enraizamiento social que alcanzó este fenómeno.

Por otra parte, algunos operativos de las fuerzas federales han generado molestia e indignación en una parte de la comunidad. Particularmente aquellos que realiza la llamada “Mixta” para revisar las condiciones legales de las unidades motrices que circulan en el estado.

Dado que mucha gente que vive en la zona fronteriza del estado no tiene la capacidad económica para adquirir otro tipo de unidades, ha sido común la internación de vehículos de procedencia extranjera que por su edad y condiciones físicas resultan muy baratos.

Los operativos de la “Mixta” pronto generaron inconformidad debido a que sin consideración alguna los elementos federales aseguraron unidades motrices cuyos dueños habían los habían adquirido con mucho sacrificio.

Luego vinieron las denuncias porque algunos federales pedían dinero a cambio de llevarse las unidades.

Ahora más recientemente, en Reynosa se integraron dos averiguaciones penales del fueron común luego que unos particulares presentaron denuncias contra elementos de la llamada Fuerza Tamaulipas, que ilegalmente irrumpieron en una vivienda y en un negocio.

Los afectados además denunciaron que los elementos policiacos se robaron objetos y dinero de ambos lugares.  Del negocio, dedicado a la venta y reparación de computadoras y teléfonos celulares, se llevaron diversos aparatos electrónicos.

Este contexto, lamentablemente, ha provocado entre la gente una mayor sensación de indefensión .