La iniciativa que presentó el presidente Felipe Calderón para reformar la Ley de Seguridad Nacional puede dar cabida a un gobierno autoritario y represor que en nombre de los intereses nacionales pueda ponerse por encima del estado de derecho y de sus restricciones constitucionales.
Esta iniciativa le otorga facultades el presidente para ordenar que las fuerzas del estado realicen acciones que hasta ahora les están constitucionalmente prohibidas y que solo podrían realiza si, cumpliendo con todos las exigencias que le marca la propia constitución, el presidente decreta una suspensión de garantías.
El documento entregado a la Cámara de Diputados propone que en casos en los que esté en riesgo la seguridad interior, el presiden tenga la facultad de otorgar atribuciones al ejercito, a la marina y a las agencias de seguridad del gobierno a restringir el tránsito de los ciudadanos y a someterlos a revisiones e interrogatorios.
Además, la iniciativa del presidente, contempla que las fuerzas armadas podrán tener un papel preponderante para hacer frente a lo que el gobierno considere una amenaza para la seguridad interior.
Es precisamente ahí es donde se introducen conceptos preocupantes, porque con esas reformas, además de la violencia que hay en gran parte del país, conflictos político, sociales, electorales y laborales pueden ser considerados como un riesgo que justifique que el presidente ordene el uso de las fuerzas del estado para sofocarlos.
Esa propuesta de reforma, simple y llanamente representa el regreso a los tiempos del diazordacismo. Es revivir al estado omnipotente y prepotente que sin miramientos puede volverse en contra la sociedad.
Con las modificaciones a esta ley secundaria se intenta darle la vuelta a la restricción que la constitución impone al gobierno para que no invada los derechos fundamentales de las personas.
Con esa iniciativa mañosamente se intenta romper esa veda constitucional.
La escalada de violencia que vivimos es la principal motivación de tal propuesta presidencial. Pero no puede permitirse que el gobierno trate de subsanar sus yerros, que han propiciado en gran medida el incremento de la inseguridad, restringiendo los derechos de la población.
Es inconcebible que causa de que el estado ha sido incapaz de cumplir con su obligación de garantizarle a la sociedad su derecho a la seguridad pública, se intente atropellarla con la creación de un estado policial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario