A pesar de las deficiencias que se detectaron en la llamada Torre Gubernamental, que han provocado que este edificio construido al final del sexenio del ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores este ocupado al 70 por ciento de su capacidad, por este caso hasta ahora solo se ha abierto un proceso sancionatorio que además de insignificante no prosperó porque la contraloría del estado actuó como tapadera.
Frente a la notoria evidencia de vicios en la construcción del edificio, la Auditoria Superior de la Federación literalmente se concentró en minucias. Se puso muy quisquillosa en un procedimiento administrativo que no se realizó y que, independientemente de la actuación indebida de quienes lo omitieron, era nada comparado con los vicios de diseño y construcción de la obra.
En su informe a la Cámara de Diputados sobre “El estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas (Con corte al 30 de septiembre de 2011)”, ese órgano de fiscalización hace referencia a la recomendación de una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria” contra servidores públicos de la anterior administración estatal.
El reporte refiere que durante la revisión de la cuenta pública del 2008 se solicitó a la contraloría de Tamaulipas para que se abriera una investigación y en su caso iniciara el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades en contra de los funcionarios que en su gestión “no publicaron en los diarios de mayor circulación en el estado la convocatoria para la licitación publica” para la construcción de la torre.
De acuerdo con el documento de la Auditoria Superior de la Federación la contraloría de Tamaulipas si inicio el procedimiento “contra quien resulte responsable” por esas conductas en la Coordinación de Comunicación Social, en ese entonces a cargo de Mario Ruiz Pachuca, actualmente preso acusado de secuestro y torturas.
Sin embargo señala que luego de luego de analizados los hechos y efectuadas las investigaciones sobre este caso, el 12 de agosto del 2010 se determinó dar de baja el expediente porque había fenecido la facultad “del superior jerárquico y de la Contraloría Gubernamental para imponer las sanciones” previstas en la ley.
El órgano de control tamaulipeco simple y sencillamente dejó pasar el tiempo para que la Auditoria Superior de la Federación se quedara con su “batea de babas”
Naderías del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados. Lo peor es que la contraloría estatal del gobierno de Hernández Flores la ignoró olímpicamente para proteger a Ruiz Pachuca
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