Lo ocurrido en Tlatlaya, Estado
de México y en Iguala, Guerrero son ejemplos claros de una de las más brutales
expresiones del ejercicio abusivo del poder público, producto de la cada vez más profunda descomposición del
estado de derecho en México.
También evidencia como en la opinión
publica parece existir una clara diferenciación del valor de la vida de
aquellos que en diferentes hechos y circunstancias han sido víctimas de autoridades
que terminaron por convertirse en delincuentes.
Ante la creciente indignación que
se expresa con movilizaciones en muchas partes del país y por el reclamo internacional exigiendo la localización
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal literalmente
fue forzado a atraer el caso e iniciar indagatorias legales que hasta ahora no
han tenido resultado.
Prácticamente no hay otra razón para
esta intervención de la Procuraduría
General de la República en la investigación por la desaparición de los
estudiantes normalistas. La exigencia de
la sociedad y el reclamo de la comunidad internacional han puesto contra la
pared a las autoridades que desesperadamente tratan de resolver este caso, producto
de la podredumbre que envuelve a muchas instituciones públicas del país.
Sin embargo, la atracción de la investigación
al ámbito ministerial de la federación nos muestra una terrible contradicción: La
demanda social empujó a La PGR a integrar una indagatoria por la desaparición forzada
de los humildes estudiantes guerrerenses, a la par que ha habido intentos de
autoridades federales por encubrir la ejecución
de un grupo de jóvenes del Estado de México, presuntamente vinculados con la
delincuencia organizada, por parte de elementos del ejército.
La justificada indignación por la
muerte de seis personas y por la privación ilegal de la libertad de los 43
estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que se vuelca en las calles de muchas
ciudades del país y del mundo, contrasta con las escasas expresiones de rechazo
social ante lo que ahora se perfila como la ejecución de al menos 15 personas,
de entre un grupo de 22, que murieron en un operativo militar en municipio
mexiquense de Tlatlapa.
Tan grave es lo sucedido en
Iguala como lo que ocurrió en el Estado de México. Resulta preocupante pensar
que, parece ser, haya quienes no lo consideren así.
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