Al 31 de marzo de este año, la
deuda del gobierno de Tamaulipas llegó a
11 mil 969 millones 354 mil 726 pesos pero tres meses después al cierre
de junio pasado ya había subido a 12 mil 114 millones 927 mil 474 pesos.
Este aumento se presentó porque
el gobierno estatal tomó los últimos 250 millones que quedaban pendientes de un
crédito simple por mil millones de pesos que se contrató con el Banco Santander
apenas el 11 de marzo del presente año.
El incremento real de
la deuda estatal entre marzo y junio es de 145 millones 572 mil 748 pesos, seguramente porque deben haberse pagado poco más de 100 millones de pesos de
abono al total de los contratos adquiridos desde 2010.
Según la Ley de Deuda Pública
Estatal y Municipal de Tamaulipas, se entiende por deuda pública a cargo del
Estado, la contraída por conducto del gobierno estatal como responsable directo
o como avalista o deudor solidario de sus organismos descentralizados, empresas
de participación estatal mayorista y sus respectivos fideicomisos.
Tomando en cuenta que el Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo tiene una deuda de 664 millones 456 mil 434
pesos y sin considerar el aval que el gobierno ha dado a varios ayuntamientos
para la contratación de créditos, la deuda estatal al cierre de junio asciende entonces
a 12 mil 779 millones 383 mil 908 pesos.
El problema de fondo es que se
desconoce el destino de los créditos contratados.
Por ejemplo, el gobierno
tamaulipeco ya dispuso completamente de los mil millones de pesos que adquirió apenas
el mes de marzo. Antes de que concluyera ese mes tomaron 750 millones y antes de terminar junio lo hicieron con los
restantes 250.
Nadie sabe en que se usó ese
dinero.
De acuerdo con la ley los
recursos adquiridos mediante deuda pública deben destinarse para inversiones públicas
productivas. Esto obliga a que los
proyectos que se financien con dinero proveniente de empréstitos deben buscar
una rentabilidad social.
Hace unos meses, el titular de la
Secretaria de Finanzas del gobierno del estado declaró que la mayor parte de
los créditos contratados en esta administración estatal se ocuparon para
el rubro de seguridad.
Suponiendo que esos recursos se consideren inversiones públicas productivas y
tomando en cuenta que los niveles de inseguridad no solo no bajan sino que se
han incrementado: ¿Dónde está la rentabilidad social de todo ese
dinero?
Todos sabemos que en los últimos años
a pesar de los miles y miles de millones de pesos usados para reforzar la
estrategia de seguridad en Tamaulipas las cosas han empeorado. De nada han servido para atender el fondo
del gravísimo problema que padecemos en el estado.
Menudo paquete para la administración
estatal que inicia en octubre.
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