La situación imperante en el panismo de Tamaulipas ha caído en lo grotesco. A más de una semana de que militantes de ese partido ingresaron con violencia al edificio que ocupa la directiva estatal, las partes en conflicto siguen protagonizando su vergonzoso sainete.
Resultaría ocioso y fastidioso reproducir o tratar de describir el ambiente de primitiva descalificación mutua que existe entre los dos grupos de reynosenses que pelean el control del partido.
Sin embargo el tema es de relevancia porque quienes ahora se exhiben en forma tan rudimentaria, el año que entra andarán predicando sobre los más altos valores de la democracia.
El tamaño de la hostilidad es tal que ya no les importa tener de público a quienes en unos meses trataran de convencer con toda clase de zalamerías para que les entreguen su voto. Por ahora para ellos lo importante es resaltar los peores defectos del contrario.
Esa es la lección pública que están dejando.
En este ambiente enrarecido, el diputado local Leonel Cantù Robles introdujo una apreciación completamente inaceptable sobre los hechos ocurridos desde la semana anterior. Esgrimió razones infundadas para solicitar que la procuraduría local no prosiga con las denuncias penales presentadas por el dirigente estatal del partido Francisco Garza de Coss.
De acuerdo con publicaciones periodísticas, el legislador dijo estar en contra de que “se judicialice” el problema entre panistas.
“Creo que estas manifestaciones que son de índole político no deben ser manchadas con la acción de la justicia, sobre todo cuando la justicia no se ha distinguido por ser expedita y atender con esa prontitud a la ciudadanía, y sin embargo cuando se trata de un asunto político actúan con toda celeridad”
Independientemente de que Cantú Robles resalte con mucha razón los viejos vicios de la procuración de justicia en Tamaulipas, no puede pretender que un problema político entre militantes de su partido que derivó en la probable comisión de conductas delictuosas, deje de ser investigado bajo un argumento tan subjetivo.
El diputado reynosense aseguró que los hechos de la semana pasada “fueron la consecuencia de la mala actuación de la dirigencia (estatal) y ahora está enfrentando estas consecuencias”.
Que Francisco Garza de Coss efectivamente sea un dirigente intolerante, y en consecuencia proclive a la confrontación, que por su notoria carencia de cualidades sea incapaz de generar consensos o que sobre él pendan acusaciones penales graves por malos manejos de recursos del partido, no es justificación para que traten de echarlo con violencia de su puesto.
Ahora resulta que quienes cometieron los delitos de despojo, daños y lesiones para ocupar el edificio de la sede estatal panista, debieran ser excluidos de responsabilidad penal por la motivación política de sus actos.
Nada más falta que entre tanto absurdo pretendan que se declare perseguidos políticos a esos presuntos delincuentes.
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