Durante su reciente visita a Reynosa, el dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aprovechó uno de los eventos
que encabezó, acompañado por el gobernador del estado, para hablar de la
postura del magisterio respecto de la reforma educativa.
En su discurso Juan Díaz de la Torre, dijo que el sindicato
no ha sido eficaz en hacerle ver a la sociedad que los maestros buscan la
defensa de sus derechos y que se entienda que, enfatizo, no son prebendas o “arreglos
en lo oscurito”.
Definitivamente tiene razón, los derechos laborales de los
trabajadores de la educación deben respetarse por ser las prestaciones que les
corresponden derivadas de los servicios que prestan al gobierno.
Sin embargo, Díaz de la Torre es cínico cuando revuelve el tema de los derechos laborales con el de las “prebendas
o arreglos en lo oscurito” ya que son
dos cosas distintas pero coexistentes en la relación entre el sindicato y las
autoridades.
El hecho de que parte de la burocracia del SNTE es pagada con
recursos públicos que se destinan a la liquidación de los empleados en comisión
sindical es parte de los arreglos abusivos entre el gobierno y la organización.
En el caso de Tamaulipas esta práctica llega a costarle al
erario hasta 15 millones de pesos trimestrales.
Estas prácticas incluso se convierten en conductas delictuosas
de ambas partes. En otras ocasiones he
documentado como el presupuesto para la educación se convierte en botín en el
sentido más llano del término que refiere al beneficio que se obtiene de un
robo.
Por citar un solo ejemplo, también en Tamaulipas se asignan
claves presupuestales para plazas laborales que los representantes del sindicato reparten
entre sus cercanos y familiares. Se trata de gente que no trabaja y peor aún
cobra por una plaza que solo existe en los registros de la nómina de educación.
Una muestra se encuentra en casi 200 plazas de inspectores
generales de secundaria técnica repartidas en Ciudad Victoria y Reynosa que se
entregaron en esas condiciones.
Existen evidencias contundentes de estas prácticas ilegales. La Secretaría de Educación
Publica las ha incluido entre la documentación
que está obligada a poner a disposición del público.
A pesar de lo notorio de esas graves irregularidades nada se
hace porque estas cosas son parte de las abusivas ventajas que el gobierno ha
concedido al sindicato
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