Inmediatamente después de que el presidente Felipe Calderón habló de la desaparición de la tenencia vehicular, cuya ley quedará abrogada a partir del 1 de enero de 2012, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas adelantó que estudiarán “una propuesta” para sustituir esa fuente de ingresos que perderá Tamaulipas.
Guadalupe Flores Valdez, declaró que dentro del ámbito de las atribuciones del congreso local podrían presentar una alternativa de recaudación que supla ese impuesto. Como es de esperarse enfatizó que la nueva contribución tendría el propósito de atender programas sociales y que buscarían afectar lo menos posible “el bolsillo de los tamaulipecos”.
Como se ve, cuando se registran restricciones financieras la única alternativa que encuentran los gobiernos, federal o locales, es aumentar las obligaciones fiscales de los contribuyentes o incrementar los precios de los servicios que prestan.
Nunca se les ocurre aplicar criterios de racionalidad y ahorro en el ejercicio del presupuesto público. Jamás asumen la postura del jodido: “tengo menos, gasto menos”.
En este caso parece que a la presidenta de la Junta de Coordinación Política la mandaron a introducir el tema de la posibilidad de un impuesto local para, como se dice coloquialmente, “irle midiendo el agua a los camotes”.
En vez de amarrarse a la idea de buscar una compensación con cargo a la población por la pérdida de los ingresos de la tenencia, deberían pensar en una reducción de gasto corriente.
Aunque a la fecha no existe información disponible acerca de cómo se está ejerciendo el presupuesto en la actual administración estatal, con los antecedentes del despilfarro que caracterizó al sexenio de Eugenio Hernández Flores se observa que el dinero público alcanza para muchas cosas, hasta para que se lo roben.
Hay que recordar que desde 2008, los gobernadores del país, incluido el ex mandatario tamaulipeco, se convirtieron en un coro de plañideros acusando al gobierno federal `por la reducción de las participaciones federales que se trasladan a los estados.
Pero mientras se quejaban y descalificaban a la federación por la afectación a “los programas sociales” por esas medidas, dilapidaban el poco dinero que decían tener en sus arcas.
Hernández Flores gastó más de 600 millones de pesos en la llamada Torre Gubernamental diseñada para albergar a una buena parte de las dependencias de las dependencias del gobierno estatal. A la fecha el edificio es un elefante blanco, principalmente por las graves deficiencias que presenta la construcción
En plena crisis se aventaron la puntada de pagar casi once millones y medio de pesos para la compra de 265 mil relojes analógicos de pared con caratula blanca y la leyenda “En Tamaulipas Avanzamos”.
Se pagaron otros 20 millones de pesos para la compra de 285 mil vajillas de plástico, de cuatro platos hondos y cuatro extendidos, para que, aunque no hubiera que comer, las familias pobres del estado tuvieran en su mesa un recuerdo del gobernador.
Ni qué hablar de los negocios multimillonarios que se armaron para que unos cuantos recibieran los contratos de la obra pública estatal. Ni de las trampas que se hacían con los artículos escolares y mochilas que se repartían entre los estudiantes tamaulipecos, que se compraban en China en una bicoca y se revendían al gobierno de Tamaulipas con sobreprecios excesivos.
Ahí está también el caso Mario Ruiz Pachuca, ex coordinador de asesores y vocero del gobierno geñista que de ser un mediocre reportero antes de trabajar para Eugenio Hernández Flores, descaradamente se volvió multimillonario gracias al presupuesto del estado.
Eso es a manera de ilustración. De que alcanza, alcanza.
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