La Comisión Nacional de Elecciones de la dirigencia nacional del PAN finalmente hizo lo que debía hacer para determinar cómo se realizará la elección del candidato a la Presidencia de la República: abrir el proceso a miembros activos y adherentes mediante el método ordinario.
No había de otra. La lectura de los estatutos y los procedimientos reglamentarios para la elección de candidatos a puestos de elección popular y la observación de lo que ocurre entre quienes buscan la candidatura presidencial obligaban a la dirigencia panista a tomar esa decisión.
No hicieron nada más que cumplir con lo que les facultan las disposiciones estatutarias y reglamentarias.
Sin embargo con el acuerdo de designar a 141 candidatos a diputados de mayoría relativa volvieron a cometer el mismo error del proceso federal del 2009. Pasaron por encima de su regulación interna, sin que aparentemente se actualice alguno de los supuestos para la aplicación de este método extraordinario.
De hecho Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial, en forma muy tibia por cierto, reconvino a la dirigencia nacional su partido por haber convertido en regla lo extraordinario.
Seguramente la determinación del CEN panista para literalmente agandallarse la designación de ese paquete de candidaturas tiene que ver con la disputa del poder que hay dentro del partido.
Pretenden imponer sus intereses mediante la ilegalidad.
Si los panistas que ya empezaron a quejarse, como un grupo autodenominado “Activos y Adherentes” del estado de Tamaulipas, realmente consideran que en su partido debe imperar la democracia no deben pedirle “respetuosamente” a sus dirigentes que reconsidere esa decisión,
Es risible que le hagan caravanas a quienes muestran desprecio por la legalidad y por la militancia. Sus actos pueden combatirlos con la ley en la mano. Pero como ya apechugaron una vez seguramente lo harán nuevamente.
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