Aún siendo mucho más mediática que legal, la postura del presidente francés en el caso de Florence Cassez, que ha irritado a muchos funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones civiles en México, es entendible porque atiende los intereses de su connacional condenada a 60 año de prisión por el delito de secuestro.
Contradictoriamente, el gobierno mexicano que desde 2005 cuando se detuvo a la francesa fue acusado por la defensa de violar sus derechos impidiéndole tener un proceso penal justo, casi con los mismos argumentos de los defensores de Cassez. dos años antes había llevado a la Corte Penal Internacional de la Haya el caso de 52 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos
En diciembre de 2003 el gobierno mexicano través del embajador Santiago Oñate, unos de sus representantes en el caso, pidió a la corte “la privación de los efectos jurídicos de las decisiones tomadas por los tribunales que los condenaron”.
Los argumentos para pedir la anulación de esos juicios que concluyeron en la imposición de la pena capital contra ese grupo de mexicanos básicamente consistieron en señalar que al momento de su detención y durante el proceso no se les informó que tenían derecho a recibir asistencia consular.
El gobierno mexicano sostuvo que con ese incumplimiento de sus obligaciones internacionales el de Estados Unidos impidió que los detenidos fueran asistidos por las autoridades consulares mexicanas en Estados Unidos, intervención que podría haber cambiado el curso de los juicios.
Hay que recordar que fue en el mismo periodo cuando Vicente Fox era presidente de la República cuando se detuvo a la francesa acusada de ser integrante de la banda de secuestradores Los Zodiacos.
El descubrimiento de que el operativo que fue difundido en Televisa y TV Azteca en horario estelar fue un montaje para exaltar los logros del gobierno foxista marcó el rumbo de la defensa de la francesa ya que su abogado señaló que en el juicio “hubo inconsistencias y se armó un montaje mediático y jurídico”
En su momento, las víctimas de los secuestros que llevaron a la condena de la ciudadana francesa señalaron que la recreación televisiva de la detención del grupo no alteraba el fondo del asunto.
Ahora el gobierno francés ya no centra su estrategia en la desacreditación del sistema judicial mexicano sino que ha insistido que se extradite a Cassez a su país de origen para que allá cumpla su condena.
Las reacciones en contra de que la mujer sea extradita son naturales debido a la naturaleza del impacto personal y social que tienen los delitos por los que se le condenó. Nadie puede contradecir que el secuestro es uno de los delitos más viles. Definitivamente.
Tampoco nadie puede dudar que el sistema de procuración y administración de justicia adolece de gravísimos vicios. Se manipula, se tuerce la ley a conveniencia.
Un solo ejemplo de un proceso por secuestro con esas características viciosas: el caso de la indígena queretana Jacinta Francisco Marcial que en el 2008 fue sentenciada por el supuesto secuestro de seis agentes federales.
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