lunes, 28 de enero de 2013

POLICIA FEDERAL: ¿PAPELITO HABLA?


La Secretaria de Gobernación inició la distribución entre los casi 40 mil elementos de la Policía Federal de lo que han denominado “cartilla de derechos”,  con la que, según las autoridades, se pretende evitar arbitrariedades en contra de las personas que son detenidas.

De acuerdo con lo que dio a conocer la dependencia,   en esta cartilla hay disposiciones para que los policías federales informen a los detenidos del motivo de su detención, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sobre su derecho a un abogado o a que pueden  guardar silencio y que si rinden declaración no debe inculparse o de que tiene derecho a avisar a un familiar de su situación.

El documento, que las autoridades federales han instruido a los integrantes de esa corporación que deben traerlo consigo durante los operativos que realicen,  contiene una especie de vacuna “Anti-Cassez”: Los elementos policiacos deberán informar a cualquier detenido de su derecho a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente y que, en caso de ser extranjero, puede dar parte al consulado de su país.

El documento tiene un propósito propagandístico ya que la relación de derechos que se reproduce ahí forma parte de las garantías constitucionales que los elementos federales seguramente no desconocen. 

El fondo del  problema de los atropellos policiacos no es por falta de información sino porque en nuestro país hay una terrible subcultura del abuso de la fuerza, de la negación arbitraria de los derechos que asisten a los detenidos  y la impunidad que acompaña a estas acciones.

La cartilla de referencia parece el resultado de un enfoque muy ligero y superficial sobre un grave problema que se ha agudizado desde que prácticamente en todo el país  se han incrementado brutalmente los niveles de inseguridad pública relacionada con la delincuencia organizada.

Es tan superficial como aquellas circulares que en tiempo de Felipe Calderón emitieron la Secretarias de la Defensa Nacional y de Marina luego de los múltiples asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas contra personas que no se detuvieron en un retén militar.

Habría que recordar que el gobierno panista las publicitó como si fueran la gran cosa. Esas  disposiciones referían a las circunstancias en las que los marinos y los soldados podían hacer uso de la fuerza.  No eran más que la reproducción de los criterios legales de la legítima defensa.

El problema es mucho más complejo como para que el gobierno salga con cosas tan superficiales.

viernes, 25 de enero de 2013

CASSEZ: ¿JUSTICIA O VENGANZA?


Debido a lo sensible que es para la sociedad el tema del secuestro, uno de los delitos que más lastima a las víctimas y a sus familias, la  resolución judicial que ordenó la liberación de Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por ese delito y otros, provocó una generalizada reacción de profunda indignación.

Las expresiones de rechazo por la excarcelación de la francesa se centran en la descalificación de los Ministros de la Primera Salas de la Suprema Corte a quienes reclaman que su decisión atropelló los derechos de las víctimas.

Sin embargo hay que notar que el caso muestra que la actuación de las autoridades federales que la detuvieron fue totalmente contraria a la constitución. Que al no haberla puesto sin demora a disposición del ministerio público tras su detención y retardarle su derecho a la asistencia consular, cometieron violaciones a derechos fundamentales de la extranjera, que causaron un efecto corruptor en todo el proceso judicial.

Hay que recordar que esas dos acciones permitieron que se montara la escenificación que terminó por trasgredir su derecho constitucional a la presunción de inocencia, ya que la televisión, en cobertura nacional, la presentó como coparticipe en el secuestro de las víctimas “rescatadas” en el falso operativo de la Agencia Federal de Investigación.

Que ahora la presunción de inocencia dejó de ser un principio general de derecho para convertirse en un derecho fundamental “que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.

Se concluye que las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública, específicamente de la AFI, actuaron en contrario a ese mandato legal y peor aún de mala fe realizaron acciones que tenían el propósito de exhibir públicamente a la francesa como responsable de los hechos delictivos que llevaron a su condena.

La sentencia en el juicio de amparo directo en el caso Cassez no entra al análisis de su culpabilidad sino que se concentra en las deficiencias de un proceso que estuvo plagado de irregularidades, iniciadas con la violación de sus garantías constitucionales.

El análisis concluyó que las conductas ilegales de las autoridades provocaron un efecto que terminó por afectar las evidencias incriminatorias que se presentaron en su contra y que en consecuencia dejaron de tener fiabilidad como para que se llegara a la determinación de que efectivamente era culpable.

Quizá sea políticamente correcto expresar muestras de descontento y rechazo a esa  resolución, pero aún cuando los derechos de las victimas involucradas en el caso efectivamente sean de altísima significación, no hay que ignorar que fueron los actos de los funcionarios del gobierno los que al final dieron pie a que todas esas personas resultaran nuevamente agraviadas.

Que se hubiera sostenido la sentencia de cárcel pasando por encima de esas gravísimas circunstancias, sentaría las bases para que las fuerzas del gobierno tuvieran absoluta libertad para violar impunemente la ley en aras de forzar su supuesto cumplimiento. 

En medio de la profunda descomposición de las policías y de los sistemas de procuración y administración de justicia, que se imponga una visión como esa abriría las puertas a un verdadero infierno legal.

Antes de este caso nadie dudaba de esa pudrición, pero ahora con la sentencia de libertad absoluta a favor de la francesa pareciera que muchos consideran asunto menor que se actué en contra de la constitución con tal de castigar a toda costa a indiciados de tan terribles delitos, sean culpables o no.