SCJN: USTEDES LOS MISERABLES RICOS

La decisión de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechazó la procedencia de  la consulta popular promovida por el Partido Acción Nacional sobre el salario mínimo, representa otra señal de que en México difícilmente llegará el tiempo de los pobres.

Uno de los razonamientos para desechar esta consulta fue expuesto por los ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Pardo Rebolledo quienes señalaron que de proceder esta, terminaría por afectar los ingresos y egresos del Estado.

La pregunta planteada por el PAN proponía que se fijara un nuevo salario mínimo que garantizara al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval. La mayoría de ministros consideró que debido a que el salario mínimo es una referencia para la determinación de exenciones fiscales y otros conceptos, las finanzas públicas resultarían afectadas

Esta sentencia de la corte obra en función del mantenimiento  de un sistema económico impuesto en el país, basado en la perpetuación de la injusticia social que se expresa en el estado de marginación en el que vive la mayor parte de los mexicanos.      

La economía nacional tiene en los miserables salarios mínimos uno de sus puntales más sólidos. La producción de la riqueza está soportada por una política de contención salarial casi criminal que data de hace décadas.

Los pobres de este país seguirán heredándose su lacerante miseria.

En este contexto, la consulta propuesta por el Partido Acción Nacional en realidad no tiene nada de loable. Instalados nuevamente en la oposición encontraron lo que pensaron que sería un estandarte político  que les reconocerían aquellos que apenas sobreviven con los raquíticos ingresos que reciben por su fuerza de trabajo.

No tiene mucha ciencia identificar un tema que pueda ganar consenso entre los millones de mexicanos que viven muy por debajo de los niveles mínimos de bienestar. El discurso de los salarios mínimos es un singular  espejito en la víspera de las elecciones del 2015.

Sin embargo los panistas están deslegitimados porque durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón la política económica continuó sin variaciones, es decir cimentándose en la depauperación de la población.

En el sexenio del primer presidente panista del país, la política de fijación de los salarios mínimos continuó como una burla para los trabajadores. Por citar un ejemplo, ya que esta medida se prolongó durante ese periodo, el incremento  autorizado para el 2002 fue de un peso con ochenta centavos diarios.

En la administración de Felipe Calderón, el mayor aumento que hubo fue en el 2007 cuando los trabajadores ganaron 2 pesos con 66 centavos diarios  más por un salario mínimo.

Ambos panistas nada hicieron para variar una de las políticas que representa el instrumento más inmoral del sistema económico mexicano, que tiene como consecuencia el enraizamiento de las terribles desigualdades sociales, que continúan a conveniencia de los poderosos.

LOS POLITICOS ECHANDOSE CACA: ¿COMO? ¿A POCO?

La tragedia de Ayotzinapa  ha derivado en un vergonzoso reparto de culpas entre funcionarios y dirigentes de varios partidos, que además de embarrar en el escándalo a sus enemigos políticos,  parece  un intento desesperado por desviar la atención del verdadero  fondo de este terrible caso.

Ya se echaron a andar maniobras de control de daños para enfrentar la demoledora descalificación de la opinión pública nacional e internacional que ha sometido, principalmente, al estado mexicano a una tensión que no tiene precedente en nuestro país.

Como la salida de Ángel Aguirre Rivero del gobierno de Guerrero no logró despresurizar el ambiente de irritación causado por esos hechos, ahora los medios de comunicación se llenan con declaraciones políticas con descalificaciones que intentan acercar a otros a la recriminación pública que ha desatado el caso.

En medio de la cada vez mayor animosidad social por el nulo avance de las investigaciones, por ejemplo, el secretario de Gobernación  acusó al ex gobernador Aguirre Rivero de haber actuado con tal negligencia que propició que el ahora ex alcalde de Iguala se diera a la fuga.

Miguel Ángel Osorio Chong declaró que personalmente le había pedido  que diera órdenes para vigilar a José Luis Abarca “para que no se les fuera a ir”.

De esta manera, como si fuera a tener un efecto real en las indagatorias ministeriales sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, el funcionario deslindó al gobierno federal de la responsabilidad por la huida del ex alcalde igualteco.

La andanada de imputaciones mutuas abarca también el plano de lo subjetivo. Ahora medio mundo se acusa por haber tenido trato con el expresidente municipal de Iguala y con su esposa.  Del tamaño del miedo al daño que les pueda provocar a su imagen  ha sido la vehemencia con la se deslindan de la pareja.

En este obsceno enfrascamiento participan diversos actores políticos que parece que lo único que buscan es hacerse el mayor daño posible. A muchos de los que participan en esta disputa lo que menos les importa son los asesinatos y las desapariciones.

Figuras prominentes del PRI, PRD y Morena intercambian acusaciones, hasta ahora,  subjetivas que no tienen más propósito que desprestigiarse recíprocamente.

Por lo que hemos observado en la evolución de esta crisis, entre los políticos si existe un interés común: el suyo propio. 

LA PREPOTENCIA Y EL ABUSO DEL PODER: IDIOSINCRACIA MEXICANA

Lo sucedido con los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa es la expresión más bestial  del abuso del poder de las últimas décadas.  Es el acto más sanguinario perpetrado por fuerzas policiacas, aquí en  complicidad con la delincuencia, convertidas en el brazo ejecutor de sus superiores.

Estos asesinatos y desapariciones son el más aberrante caso que hemos conocido, sin embargo no es un hecho aislado. Nuestro país sufre un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos de la población, en el que, ahora peor que nunca,  la impunidad es la más grande amenaza.

Históricamente, los intereses de los grupos en el poder, independientemente de sus características, se han impuesto por la fuerza.  El papel de la fuerza pública con la que legítimamente cuenta el estado se distorsiona hasta convertirla en instrumento para la agresión y  para la represión.

Sin embargo, obviamente, ese tipo de actos no son producto exclusivo de tal perversión del ejercicio de la función pública.  En las circunstancias actuales este fenómeno se ha vuelto mucho más complejo y peligroso por la penetración de grupos delincuenciales en las instituciones del país.

Además tenemos que reconocer que los actos abusivos contra individuos o grupos por parte de elementos policiacos, y en general de cualquier tipo de servidor público, también están relacionados con la prepotencia como una característica de la idiosincrasia de los mexicanos.

¿Quién no ha escuchado la frase “Yo soy la ley”? Es una expresión que denota la individualización abusiva de la imagen del poder.  Ningún ciudadano, ninguna persona, puede reclamar sus derechos frente a la actuación indebida de un miembro de los cuerpos del orden sin exponerse cuando menos a esta respuesta tan agresiva como peligrosa.

El ataque, ocurrido en el municipio de Cocula, Guerrero, contra un grupo de periodistas que iban detrás de un vehículo lleno de supuestos policías, todos vestidos de civil, fuertemente armados es una muestra de ello.

Molestos porque los reporteros los seguían,  Con sus armas en la mano descendieron del vehículo en el que se desplazaban y trataron de obligarlos a que abrieran su unidad.  Uno de ellos, el más enfadado,  golpeó varias veces la puerta del conductor con la culata de su rifle de alto poder.

La desaparición de tres jóvenes estadounidenses en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, de la que se acusa a elementos de un cuerpo policiaco que brinda seguridad a la alcaldesa panista Leticia Salazar Vázquez, también ilustra el grado de vulnerabilidad al que nos enfrentamos.

Definitivamente nos encontramos en un entorno de alto riesgo derivado de  la profunda descomposición de la seguridad pública, que de hecho se ha convertido en nuestra más grande amenaza.

GUERRERO: EL AFRENTOSO CALCULO POLITICO

Sin que su decisión represente un factor de peso en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, finalmente anunció que solicitaría licencia para  dejar su cargo.

Al hacer una declaración sobre su salida, Aguirre Rivero expresó que con su determinación  buscaba “favorecer un clima político que ponga atención en estas prioridades”.

También comentó que él ya había declarado públicamente que si su separación de la gubernatura “ayudaba a resolver este asunto no habría objeción en ello”.

Las declaraciones del guerrerense son una muestra palpable de la torpeza que caracteriza a los políticos cuando tratan de interpretar el ánimo social. Son ilusos al pensar que  la crispación social que hay en el país disminuirá con su salida.  

Considerando  las terribles circunstancias en las que desaparecieron los estudiantes y perdieron la vida otras personas,  así como la ausencia de resultados en el caso y  la ira creciente que provoca esta tragedia, tales afirmaciones son insultantes.  El cálculo político es además de torpe, ofensivo.

Es un insulto a la inteligencia de la gente que los políticos  pretendan generar la impresión de que eso reducirá la crispación social desatada por este aberrante crimen.  

De frente a esta profunda crisis provocada por el caso,  la cúpula nacional del PRD optó por cesar en su intento por cobijar políticamente al gobernador de Guerrero.

  

Casi al mismo tiempo en el que Aguirre Rivero daba a conocer que dejaba el cargo, el nuevo presidente nacional del  PRD, Carlos Navarrete, declaró que ya le habían pedido que presentara su solicitud de licencia.

En esta coyuntura,  la dirigencia nacional de ese partido asumió una postura muy convenenciera. 

De frente a la opinión pública decidieron apostarle al menor daño.  El presidente del CEN perredista muy enfático aseguró que  su partido “no es un espectador lejano de las expresiones de angustia y dolor que ocurren en las calles”

En otro contexto tales expresiones serían risibles

Si bien la causa directa de las movilizaciones y protestas que se han sucedido en las últimas semanas  radica en ese acto de barbarie, también tiene que ver con el hartazgo generado por la clase política del país. 

TLATLAYA E IGUALA: LA PODREDUMBRE DEL ESTADO

Lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México y en Iguala, Guerrero son ejemplos claros de una de las más brutales expresiones del ejercicio abusivo del poder público, producto de la  cada vez más profunda descomposición del estado de derecho en México.

También evidencia como en la opinión publica parece existir una clara diferenciación del valor de la vida de aquellos que en diferentes hechos y circunstancias han sido víctimas de autoridades que  terminaron por convertirse en delincuentes.

Ante la creciente indignación que se expresa con movilizaciones en muchas partes del país y por  el reclamo internacional exigiendo la localización con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal literalmente fue forzado a atraer el caso e iniciar indagatorias legales que hasta ahora no han tenido resultado.

Prácticamente no hay otra razón para esta  intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación por la desaparición de los estudiantes normalistas.  La exigencia de la sociedad y el reclamo de la comunidad internacional han puesto contra la pared a las autoridades que desesperadamente tratan de resolver este caso, producto de la podredumbre que envuelve a muchas instituciones públicas del país.

Sin embargo, la atracción de la investigación al ámbito ministerial de la federación nos muestra una terrible contradicción: La demanda social empujó a La PGR a integrar una indagatoria por la desaparición forzada de los humildes estudiantes guerrerenses, a la par que ha habido intentos de autoridades federales  por encubrir la ejecución de un grupo de jóvenes del Estado de México, presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, por parte de elementos del ejército.

La justificada indignación por la muerte de seis personas y por la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que se vuelca en las calles de muchas ciudades del país y del mundo, contrasta con las escasas expresiones de rechazo social ante lo que ahora se perfila como la ejecución de al menos 15 personas, de entre un grupo de 22, que murieron en un operativo militar en municipio mexiquense de Tlatlapa.

Tan grave es lo sucedido en Iguala como lo que ocurrió en el Estado de México. Resulta preocupante pensar que, parece ser, haya quienes no lo consideren así.