La sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación que dejó sin efecto la
candidatura de Diana Chavira Martínez como propietaria de la segunda fórmula
del Movimiento Progresista al senado de la Republica por el estado de
Tamaulipas, por un lado pone en evidencia las marranadas que son capaces de
cometer los políticos y por el otro, la falta de pulcritud de funcionarios del
IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades.
La ex regidora panista del
Ayuntamiento de Reynosa, Consuelo Sáenz Sustaita, promovió un juicio en contra
del acuerdo del IFE que resolvió dejar sin efecto su registro como candidata en
esa posición para dárselo a Chavira Martínez.
Si bien el Trife resolvió tumbarle la candidatura a esta última por otras razones, la sentencia
muestra, incluso con copias de cada documento, como se falsificó la firma de Sáenz
Sustaita para simular que había renunciado a dicha candidatura.
Aunque esto implica la probable comisión
de conductas delictuosas, la Sala Regional del tribunal con sede en Monterrey se concretó a atender el fondo del asunto que era determinar,
como efectivamente ocurrió, si los acuerdos de los órganos partidistas y de las
autoridades electorales habían violentado los derechos constitucionales de la
ex regidora panista.
Al contestar los requerimientos
del Trife los representantes de la coalición cometieron un error garrafal al asegurar
que la solicitud de sustituir a Sáenz Sustaita obedeció a un error del representante
partidista ante el IFE.
Con eso, independientemente de la
falsificación de la dichosa renuncia, se dieron el tiro de gracia en el juicio ya
que con ello evidenciaron que como la sustitución se hizo fuera del término para hacerlo libremente, esta incumplió con los supuestos legales
establecidos para ello.
Ese argumento y por más que el
IFE justificó el acuerdo con el que se registró a Chavira Martínez enviando
copia del documento falsificado de la renuncia de Sáenz Sustaita, fue lo que
finalmente determinó que se cancelara el registro de la ex diputada
local del Congreso de Tamaulipas.
Aunque no obró como base para la
sentencia, el Trife resalta la diferencia notoria entre la firma que Sáenz
Sustaita plasmó en la demanda y la de su credencial de elector con la que
aparece en el escrito de renuncia que se le atribuyó, eso obviamente muestra que en la elaboración
de este documento se cometió un delito.
Esa parte de la sentencia en
consecuencia dejó subsistente el registro de la ex colaboradora del actual candidato a senador panista, Francisco García, pero para su mala suerte el juicio
que ella promovió fue acumulado a otro que presentó Emiliano Fernández Canales,
dirigente en Tamaulipas del Movimiento Ciudadano, doliéndose de registro de Sáenz como candidata al senado de
la República.
El Trife resolvió que los
argumentos de este último eran fundados.
Determinó que la solicitud de registro de Sáenz Sustaita que se presentó
ante el IFE el 29 de marzo pasado, incumplió con las condiciones que se
impusieron los partidos al integrar la coalición “Movimiento Progresista” por
lo que era improcedente.
Por ello, la sentencia también dejó sin efecto la candidatura de Sáenz Sustaita.
Eso que la izquierda mexicana tiene la factura de la honestidad.
