martes, 5 de enero de 2016

MORELOS: LA MANO DURA Y PELUDA

El enfrentamiento verbal entre el ya presidente municipal de Cuernavaca y autoridades estatales de Morelos, provocado por el rechazo al modelo de Mando Único por parte del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco,  provocó que el gobernador Graco Ramírez, diera un manotazo para asumir el mando policial de las fuerzas de seguridad pública de la capital del estado. Esta acción se extendió a otros 14 municipios de la entidad.

La diferencia, surgida desde que Blanco era alcalde electo,  se agravó cuando este tomó posesión de su cargo constitucional hace unos días y se negó a firmar un convenio para que las autoridades estatales continuaran a cargo de la seguridad  pública del municipio.

Funcionarios del gobierno morelense llegaron al grado de hacer señalamientos dolosos con los que dieron a entender que la negativa del ex seleccionado nacional para aceptar el modelo de Mando Único, favorecía los intereses de la delincuencia organizada que opera en la entidad.

Los 15 decretos mediante los cuales el ejecutivo morelense emite la declaratoria para asumir el mando de las policías en el mismo número de municipios, refieren que se trata de casos de fuerza mayor ante “las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas”.

El gobierno estatal usó un machote para la redacción de todos los decretos, en los que se reproducen diversas disposiciones legales para su fundamentación además de referencias académicas y datos estadísticos.

Los documentos mediante los cuales se hace la declaratoria para que el gobernador asumiera el control de las policías municipales,  tienen la misma redacción a excepción de algunas particularidades sobre la incidencia delictiva en cada localidad, que se usaron para denotar la necesidad de retirar el control de las fuerzas de seguridad pública a los ayuntamientos.

Para justificar esas acciones el gobierno local manoseó los informes relacionados con algunos delitos ocurridos en un periodo de tres años en cada municipio. Por ejemplo en el decreto publicado para que el mandatario estatal asumiera el control de la policía en el municipio de Huitzilac se destaca que entre 2013 y 2015 los homicidios dolosos tuvieron un aumento del 550 por ciento.

En el municipio de Temoac se indica que donde en el mismo periodo ese tipo de delito creció 300 por ciento.

El detalle es que en términos reales, esa incidencia no parece motivo para que la inseguridad fuera considerada un caso de fuerza mayor para justificar que el gobierno de Morelos se hiciera del control de las fuerzas de seguridad pública: En el 2013 en Huitzilac ocurrieron 2 homicidios y en el 2015 se cometieron 13 en tanto que en Temoac se registró un homicidio en el 2013 mientras que  en el 2015 ocurrieron 6.

En Jantetelco se destacó que el robo de vehículo con violencia creció un cien por ciento entre 2013 y 2015 dado que en el primer año del periodo ocurrieron  4 robos con esa característica y en el 2015 se registraron 8 casos. Prácticamente en todos los municipios las referencias son parecidas-

En el caso particular del municipio de Cuernavaca no se reproduce ninguna estadística delictiva pero se hace alusión a que el gobernador había recibido “constantes informes por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el sentido de que la incidencia delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y más, en lo relativo a delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la población ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona.

Luego, alegando la secrecía ministerial, solo se hacen consideraciones superficiales sobre la existencia de “otros hechos probablemente delictivos que han sido denunciados por autoridades estatales en materia de seguridad pública ante las instancias competentes… que sin lugar a dudas sí motivan al presente instrumento y ponen en evidencia la apremiante situación en materia de seguridad pública que se vive en el municipio de Cuernavaca”

El homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el dos de este mes, en todos los decretos aparece como una “toral justificación” para la decisión del gobernador Graco Ramírez de tomar el control de las policías municipales en 15 municipios del estado.

Tras enfatizar que este homicidio es “una notoria causa de fuerza mayor” cada decreto indica que la amenaza que estos hechos  representan “para la seguridad y salvaguarda de los ediles y demás servidores públicos municipales del estado de Morelos, cuya seguridad y protección debe extremarse para garantizar el buen desarrollo y cumplimiento de su encargo constitucional, preservando el orden democrático, en beneficio del pueblo de Morelos”.

Aunque las acciones ejercidas por Graco Ramírez se soportan en atribuciones que le confiere disposiciones locales y federales y en lagunas legales que existen con relación a lo que debe entenderse como “causas de fuerza mayor” para una decisión de ese tipo, es notorio que ahí existe un componente político y hasta un dejo autoritario.


Además todas las argumentaciones presentadas en los decretos para poner énfasis en la gravedad de la inseguridad pública en todas esas localidades ponen en entredicho la tarea que el gobierno del estado había realizado antes de tomar el control de las policías municipales.