CONGRESO TAMAULIPECO: RAMIRO EL BAILADOR

A mediados de agosto, el presidente del Congreso de Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, tuvo la ocurrencia de ponerse a bailar con una chica integrante de un grupo de danza procedente de Tahití que participó en el “Décimo Festival Internacional del Folclor Universitario 2016”, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El baile del diputado ocurrió durante la presentación de algunos grupos participantes en ese festival en el denominado Atrio de la sede del poder legislativo en la capital del estado.

Aunque el legislador fue acremente criticado en las redes sociales, habría que reconocer que es un excelente bailarín: Los tres años en los que se desempeñó como presidente del congreso bailó muy bien al ritmo que le tocaron desde Palacio de Gobierno.

Hace unos días, incluso pasando por encima de la ley, arregló que llegaran al pleno más de 200 cuentas públicas, incluidas obviamente las del Poder Ejecutivo, para fueran aprobadas mucho antes del vencimiento legal del plazo para hacerlo.

La idea era no dejar en manos de la próxima legislatura, que inicia en octubre con mayoría panista, tal procedimiento.

Varios diputados de oposición se quejaron de lo que consideraron una sospechosa celeridad, que impidió que conocieran detalles de los resultados de la fiscalización realizada por la Auditoria Superior del Estado.

Desde que inició su mandato en 2013, Ramos Salinas estuvo a modo del gobierno estatal.  

En su gestión amarró la aprobación de un enorme endeudamiento que contrató el gobierno de Egidio Torre Cantú en estos tres años. En ese periodo el congreso local le dio el visto bueno al gobernador para que adquiriera siete créditos que en conjunto suman poco más de 4 mil 255 millones de pesos.

A nadie de la bancada priista le preocupó el uso y destino de tan cuantiosos recursos. Lo importante estaba hecho: complacer a su gobernador.

El grado de subordinación de Ramos Salinas frente a Torre Cantú se manifestó grotescamente durante el tiempo que creyó que podía ser el candidato del PRI a gobernador para la elección de junio pasado.

En ese tiempo, su carácter pusilánime lo llevo a construir una frase que, además de ser una aberración  lingüística, podía considerarse como la expresión gramatical de su miedo a Torre Cantú: “Vamos por más tiempo mejores para Tamaulipas”.

Ramos Salinas no fue candidato. Continúo al servicio del señor gobernador. A punto de concluir la legislatura, podemos concluir que dio pruebas sobradas de que  supo bailar al ritmo que le tocaron.

CABEZA DE VACA: LA ALFOMBRA MUGROSA DE LAS FINANZAS TAMAULIPECAS

Hace unos días, diversos medios de comunicación de Coahuila dieron cuenta de unas declaraciones del gobernador electo de Tamaulipas con relación a su expectativa sobre  la situación financiera de la entidad.

Según lo publicado, Francisco García Cabeza de Vaca dijo que estaba “por levantar la alfombra”. La frase  utilizada por el gobernador electo muestra que no descarta que las cosas pudieran ser más complicadas de lo que parecen.

Hay datos que permiten pensar que así será. Evidencian el pesado lastre que significan una parte de los pasivos del gobierno estatal.

Las actualización del monto de la deuda pública directa al mes de junio y la información sobre los pagos a corto plazo reportados a diciembre del año pasado indican que ambas obligaciones suman 17 mil 644 millones 576 mil 934 pesos.

De ese total 4 mil 865 millones 193 mil 26 pesos corresponden a cuentas por pagar a corto plazo que se incluyeron en el informe sobre el estado de la situación financiera del gobierno estatal en la cuenta pública del 2015.

Se desconoce el monto actual de los compromisos del ejecutivo estatal con proveedores y contratistas porque esos casi cinco mil millones de pesos en pasivos a corto plazo se reportaron a diciembre pasado.

Esos números evidencian problemas para la próxima administración estatal, aún sin contar con lo acumulado a lo largo de 2016.

Por otra parte también hay otras cosas que observar. 

Un documento que refiere  la situación financiera consolidada del “Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos” permite conocer, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, independientemente de los malos manejos que se le atribuyen al rector Enrique Etienne Pérez del Río, trae un grave problema financiero.

El reporte, que corresponde al ejercicio fiscal del año pasado, incluye los pasivos de lo que se denomina “organismos autónomos” e indica que al mes de diciembre estos acumulan deuda con proveedores por un monto de 873 millones 59 mil 980 pesos.

La mayor parte de esa cantidad corresponde a la UAT ya que documentos de la universidad muestran que al último mes del año anterior sus “cuentas por pagar a corto plazo” ascendían a 866 millones 875 mil  799 pesos.

Además al cierre del ejercicio fiscal anterior en el consolidado de la situación financiera de los tres poderes del estado se reporta que el Poder Legislativo tenía pasivos por 19 millones 436 mil 386 pesos.

Llama la atención que el Poder Judicial enfrenta una significativa deuda de vencimiento inmediato. El documento que  informa sobre la consolidación de la situación financiera del estado reporta que asciende a  229 millones 541 mil 187 pesos.

Se indica que en cuentas de esas características hay 33 millones 231 mil 646 pesos. En otra categoría, denominada “otros pasivos a corto plazo” aparecen  4 millones 885 mil 558 pesos.

El grueso de ese tipo de cuentas del Supremo Tribunal de Justicia  se concentra en lo que se registra como “Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo” que ascienden a 191 millones 423 mil 983 pesos.

Definitivamente el gobernador García Cabeza de Vaca, deberá revisar a conciencia debajo de la alfombra porque si luce mugrosa por arriba es fácil imaginar lo que hay debajo.

YADO RIVERA: EL MAESTRO QUE REPROBO CIVISMO

El director de Educación de la presidencia municipal de Reynosa, Ernesto Miguel Yado Rivera ha mostrado que no tiene mucho escrúpulo. En dos ocasiones fue descubierto violando la legislación electoral ya que en su calidad de servidor público actuó como militante del Partido Nueva Alianza.

La primera ocurrió en el proceso federal del 2015 cuando en su horario laboral como funcionario del municipio acudió a una sesión del Consejo Distrital Electoral en el que estaba acreditado como suplente del representante del Panal.

La segunda muestra de su desdén por la ley sucedió en el proceso local para la elección de Gobernador, Ayuntamientos y diputados locales.  Sin separarse de su empleo en el municipio, contraviniendo las disposiciones legales, aceptó ser registrado como candidato a diputado de representación proporcional.

Al hacerse pública esta situación, Yado Rivera solo atinó a decir que la dirigencia del Panal lo había registrado por error. No le quedo más que renunciar a la candidatura. Lo hizo porque ocupaba la posición número siete de la lista estatal de su partido y por tanto no tenía posibilidad alguna de llegar al congreso.   

Su única seguridad era seguir incrustado en la nómina del municipio.

Sin embargo eso no es todo. Hay más.

Seguramente con la complicidad de funcionarios de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, desde octubre de 2013, el funcionario municipal, sin ningún problema, sigue cobrando por sus dos plazas de maestro de educación secundaria, que no trabaja desde que asumió el cargo.

Según los registros de la Secretaria de Educación Pública, Yado Rivera tiene una en la secundaria “Salvador Estrada Hernández” y otra  en la secundaria “Carmen Serdán”.   

De acuerdo con las claves de esos centros de trabajo, la primera escuela solo tiene turno matutino mientras que la “Carmen Serdán” presta servicio tanto en turno matutino como vespertino.

A partir de enero de 2015 la SEP atrajo el control de la nómina magisterial. Desde esa fecha la dependencia trimestralmente hace pública la información del personal docente y administrativo del país.  En esos reportes divulga lo relacionado con sus datos personales, sus plazas, centros de trabajo y salarios.   

Los registros de los seis trimestres que comprenden de enero del año pasado a junio del 2016 muestran que Yado Rivera indebidamente cobró  545 mil 222 pesos por sus dos plazas de maestro de secundaria. En ambas se indica que se le paga por hora, como ocurre comúnmente en ese nivel educativo.

Ese más de medio millón de pesos que irregularmente ha recibido de la federación,  dividido entre los 18 meses que comprende el periodo arroja una percepción promedio de 30 mil 290 pesos mensuales.

Si se toma como base esa cifra, debido a que no hay reportes anteriores al 2015 porque el gobierno de Tamaulipas realizaba directamente los pagos, se puede calcular que entre octubre de 2013 y junio de este año, el director de Educación del gobierno municipal de Reynosa sin devengarlos  cobró más de 999 mil pesos.

Si lo cuestionan probablemente se justificará diciendo que ese dinero se lo han depositaron por error.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES: MOISES EL OSCURO

En medio del escándalo provocado por las acusaciones de abusos laborales en perjuicio de personal a su cargo y señalamientos en su contra por actos de corrupción, el director del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes alega que el manejo del presupuesto de la institución es transparente.

Moisés García Flores, quien ocupa el cargo gracias a una recomendación que nadie pudo desairar, inicialmente reaccionó mostrando su vulgaridad. Las quejas de varios maestros del instituto por la falta de pago de su periodo vacacional, propiciaron que surgiera su verdadera naturaleza.

Este asunto no ha pasado de generalidades ya que los afectados no han acudido a la única instancia que les permitiría resolver su situación. Se han quedado en la denuncia pública cuando lo más adecuado es hacer uso de los derechos que les consagra la Ley Federal del Trabajo.

La aseveración de García Flores sobre la aplicación de los recursos del IRCA es simple y llanamente subjetiva. Son sus dichos lo que la sostienen. Nada más.

Todas las instituciones que manejen dinero público están obligadas a poner a disposición de los particulares de manera oficiosa la información, entre otra, que tenga que ver con la aplicación de los recursos.

De acuerdo con los lineamientos legales para la transparencia, la información debe ser veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.

Por ejemplo, deben darle la máxima publicidad a "la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración."

También deben poner a disposición del público "los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa así como las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación."

Otra de las cosas que deben de cumplir es aquella que se refiere a que la página de inicio de los portales de Internet de los “sujetos obligados” debe contar con un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública de oficio.

El portal del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes tiene ese vínculo que señala la legislación pero al ingresar solo se encuentra la leyenda “Estamos trabajando en esta sección del sitio web de manera coordinada con el Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información (IMTAI)”

Es todo. No aparece lo que la ley les exige en materia de publicidad. Con ese texto mañosamente pretenden darle la vuelta a sus obligaciones.

Tratan de usar como tapadera al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información para evadir lo que la legislación les impone.

Lo peor es que parece que lo lograron.

El IMTAI, como órgano garante del cumplimiento de la ley de transparencia debe velar porque, en este caso el IRCA, cumpla con la difusión permanente de su información y que la actualice trimestralmente.

La ley establece que en su calidad de garante, de oficio o a petición de los particulares, debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del sujeto obligado.

Como se observa, al menos por omisión, el responsable del IMTAI si le sirve de tapadera a García Flores

Ambos pueden ser sancionados por esas conductas. 

2018: ¿DE QUE SE VAN, SE VAN?

Una encuesta publicada por el Grupo Reforma muestra la creciente y generalizada desaprobación al desempeño de Enrique Peña Nieto, que lo ubica como el peor calificado de los últimos  cuatro presidentes mexicanos.

Los resultados de la encuesta indican que el 74 por ciento de los entrevistados desaprueban su gestión. Solo el 23 por ciento esta de acuerdo con el desempeño de Peña Nieto, que lo ubica con la menor aprobación desde 1995 cuando Ernesto Zedillo Ponce de León quien- según otras encuestas de Reforma- después de la crisis de 1994 tuvo un índice de aceptación ciudadana del 31 por ciento.

El grupo editorial también presentó resultados con la opinión de lo que define como “líderes”. En este segmento el nivel de aprobación a la forma en la que Enrique Peña Nieto hace su trabajo es mucho más bajo ya que se ubica en el 18 por ciento.

En esta encuesta es notorio que la franja que agrupa a las personas que se abstuvieron de responder es muy pequeña. 

Peña Nieto con casi las tres cuartas partes de los entrevistados desaprobando su desempeño, también se convirtió en el presidente peor evaluado desde 1995.

Arriba del 60 por ciento de la población considera que la seguridad continúa deteriorándose. Igual nivel y el mismo sentido de respuesta se registraron respecto de la percepción que hay sobre la situación económica del país.

Los resultados indican que casi el setenta por ciento de la gente opinó que la pobreza y la violencia crecieron durante el último año.

El setenta por ciento de la población contestó que la situación del país está empeorando.

Los resultados son contundentes. No puede esperarse otra cosa. La gente se encuentra hastiada por el cúmulo de problemas que aquejan al país.

En la satisfacción de sus intereses, en el cumplimiento de sus particulares propósitos y obnubilados por el menosprecio que le tienen a la sociedad, los gobernantes ignoran completamente cualquier expresión que venga de la población.

El hartazgo social no merece su atención.   

Así ocurrió en Tamaulipas. Ante la indignación e irritación por sus nulos resultados, principalmente en el combate a la inseguridad, el gobierno estatal empeñosamente se mantuvo y se mantiene en su realidad virtual.  

Fue tan grande su displicencia que una sola frase los puso en el camino de la derrota de las elecciones locales del pasado cinco de junio.   Para nada sirvieron las carretadas de dinero aplicados en la incongruente política de comunicación social con la que se buscó apuntalar la imagen de Egidio Torre Cantú.

La ofensiva e indignante expresión “No pasa nada” fue el catalizador social que sepultó al PRI en este proceso electoral. 

Ya está enfrente la elección federal del 2018.

PRIISTAS: SOBRE EL CUELLO DEL ALCALDE DE REYNOSA

La Segunda Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, dejó firme la sentencia del Tribunal Electoral de TamaulipaS que validó los resultados con los que el Partido Acción Nacional ganó la elección de Ayuntamiento de Reynosa.

De la demanda llama la atención que los dirigentes del PRI y sus abogados, sin nombrarlo, acusaron al alcalde priista de Reynosa José Elías Leal de haber desviado recursos del municipio para favorecer al PAN en la elección del mes de junio.

Descabezado el sistema político priista en el estado, con un futuro incierto y consumidos seguramente por el resabio de la apabullante derrota que sufrieron, quienes promovieron la demanda de nulidad de la elección de Ayuntamiento en esta frontera se le fueron encima a su correligionario Elías Leal, señalándolo de haber actuado contra el candidato priista a presidente municipal.

Luego de la elección local, en la que el PRI perdió la gubernatura, el control del congreso local y más o menos la mitad de los ayuntamientos del estado, muchos priistas se duelen por lo que consideran traiciones políticas.

Los rumores de ese tipo son la comidilla del día entre ellos.

Sin embargo el señalamiento en contra del alcalde de Reynosa es directo. Es el único que de manera pública y específica plantea lo que muchos solo se atreven a comentar en privado.

El escrito de demanda de nulidad refiere que entre las irregularidades del proceso está lo que consideran una actuación ilegal de las autoridades municipales: "Utilización de recursos públicos que fueron desviados del municipio de Reynosa en favor del PAN y de la planilla que ganó, pues el candidato a primer regidor, Javier Garza Faz, se desempeñó en la coordinación de asesores en ese Ayuntamiento, lo cual lo vuelve inelegible".

En lo político este señalamiento resulta muy revelador e interesante, pero por varias razones careció de peso legal.

De la sentencia se desprende que esta aseveración, como todas las que se expresaron en la demanda, solo muestra el desacuerdo de los promoventes con los resultados de la elección. Nada más. 

El documento señala en cada una de las partes controvertidas que los priistas no allegaron elementos jurídicos eficaces que soportaran su pretensión.

Lo más gacho para los abogados del PRI es que los magistrados les machacaron que prácticamente todos sus argumentos consistieron en aseveraciones genéricas.

EGIDIO: LOS ULTIMOS 250 Y NOS VAMOS

Al 31 de marzo de este año, la deuda del gobierno de Tamaulipas llegó a  11 mil 969 millones 354 mil 726 pesos pero tres meses después al cierre de junio pasado ya había subido a 12 mil 114 millones 927 mil 474 pesos.

Este aumento se presentó porque el gobierno estatal tomó los últimos 250 millones que quedaban pendientes de un crédito simple por mil millones de pesos que se contrató con el Banco Santander apenas el 11 de marzo del presente año.

El incremento real de la deuda estatal entre marzo y junio es de 145 millones 572 mil 748 pesos, seguramente porque deben haberse pagado poco más de 100 millones de pesos de abono al total de los contratos adquiridos desde 2010.

Según la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas, se entiende por deuda pública a cargo del Estado, la contraída por conducto del gobierno estatal como responsable directo o como avalista o deudor solidario de sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayorista y sus respectivos fideicomisos.

Tomando en cuenta que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo tiene una deuda de 664 millones 456 mil 434 pesos y sin considerar el aval que el gobierno ha dado a varios ayuntamientos para la contratación de créditos, la deuda estatal al cierre de junio asciende entonces a 12 mil 779 millones 383 mil 908 pesos.

El problema de fondo es que se desconoce el destino de los créditos contratados.

Por ejemplo, el gobierno tamaulipeco ya dispuso completamente de los mil millones de pesos que adquirió apenas el mes de marzo. Antes de que concluyera ese mes tomaron 750 millones y antes de terminar junio lo hicieron con los restantes 250.

Nadie sabe en que se usó ese dinero.

De acuerdo con la ley los recursos adquiridos mediante deuda pública deben destinarse para inversiones públicas productivas.  Esto obliga a que los proyectos que se financien con dinero proveniente de empréstitos deben buscar una rentabilidad social.  

Hace unos meses, el titular de la Secretaria de Finanzas del gobierno del estado declaró que la mayor parte de los créditos contratados en esta administración estatal se ocuparon para el rubro de seguridad.

Suponiendo que esos recursos se consideren inversiones públicas productivas y tomando en cuenta que los niveles de inseguridad no solo no bajan sino que se han incrementado: ¿Dónde está la rentabilidad social de todo ese dinero?

Todos sabemos que en los últimos años a pesar de los miles y miles de millones de pesos usados para reforzar la estrategia de seguridad en Tamaulipas las cosas han empeorado. De nada han servido para atender el fondo del gravísimo problema que padecemos en el estado.

Menudo paquete para la administración estatal que inicia en octubre.