El video en el que aparecen efectivos militares y de la
Policía Federal torturando a una mujer, posteriormente identificada como Elvira
Santibáñez Margarito, cimbró al poder político del país, al
grado que casi inmediatamente el secretario de la Defensa Nacional ofreció
disculpas por estos hechos.
La publicación del video provocó
diversas reacciones. Por un lado se externaron severas críticas por las graves
violaciones a los derechos humanos de la detenida y el contexto de atropellos contra
la población durante todos estos años de frustrado combate a la delincuencia
organizada.
Asimismo hubo expresiones de
desagrado y descalificación en contra de organizaciones civiles nacionales e
internacionales defensoras de derechos humanos que han denunciado el aumento y agravamiento
de los abusos cometidos por elementos castrenses y policiacos.
Hay gente que, harta de la
inseguridad, considera que los derechos humanos son un estorbo para que las
autoridades, a cualquier costo, logren recuperar la tranquilidad que se perdió en
gran parte del país debido al alto índice de delitos contra la vida, el
patrimonio y la libertad de las personas.
Critican agriamente a quienes
defienden la integridad física y legal de los presuntos delincuentes
argumentando que lo que debe privilegiarse en todo momento son los derechos de
las víctimas del delito.
La entendible y justificada exasperación
por el crecimiento de la incidencia de los delitos de alto impacto y los
escasos resultados obtenidos por el gobierno lleva a pensar que la autoridad no
debe detenerse ante nada, aunque eso implique que viole la ley, para atacar la
casi irrefrenable violencia que impera en gran parte del territorio nacional.
En casos como este, la ilegal actuación
de quienes torturan a la mujer, presuntamente integrante de una banda de
secuestradores, termina lastimando a las víctimas y a la sociedad en su
conjunto.
Los abogados de Santibáñez Margarito tienen un
instrumento legal muy poderoso porque puede servirles para demostrar que
quienes la detuvieron violaron sus garantías constitucionales. Pueden alegar
que fue torturada y que cualquier evidencia en su contra debe declarase sin
validez jurídica.
Si la mujer, detenida desde hace un año en el penal federal
de Tepic, Nayarit, realmente formaba parte de un grupo de secuestradores, la publicación
del video puede convertirse en la llave de su libertad.
En materia de derechos humanos el gobierno mexicano ha sido cuestionado
severamente en el extranjero. Su imagen está sumamente deteriorada al grado de
que tras conocerse el video en cuestión, ha sucedido lo impensable en otros
tiempos: El titular del ejército ha ofrecido disculpas por este caso.
Este ambiente de tensión social originado por la violencia
con la que actúan los grupos de la delincuencia organizada, que a los delitos
contra la salud sumaron actividades como el secuestro y la extorsión, entre
otros, ha propiciado que mucha gente justifique que la autoridad viole la ley para
satisfacer el reclamo social.
Eso es lo peor que nos puede suceder.
