TAMAULIPAS: LOS GOLPES DE PECHO DEL EX GOBERNADOR PROFUGO

Sin dar la cara, mediante un video que seguramente ordenó que se le atribuyera, el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores pretende justificar el crédito de 6 mil millones de pesos que contrató en el 2009, menos de año y medio antes de terminar su sexenio, mismo que a la fecha representa casi la mitad de la descomunal deuda pública que padece el estado.

Antes de revisar lo que se afirma en el audiovisual, vale la pena señalar que hay documentos que muestran que las condiciones para el pago del crédito adquirido con Banorte resultan abusivas, con una ventaja excesiva para el banco.  Un contrato en demérito del interés común

Documentales relacionadas con el empréstito y el fideicomiso creado con motivo de este, revelan que la mayor parte de la carga financiera, con ganancias exageradas para el banco a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato, será para la actual administración que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca y los dos gobernadores que le sucedan a partir del 2022.

En un expediente del citado fideicomiso se inserta el calendario de amortizaciones mensuales hasta septiembre de 2029, fecha de vencimiento del contrato. A simple vista se nota la mala intención de cargarle el grueso de esas obligaciones económicas a la actual y a las siguientes administraciones.

En dicha programación se observa que las mensualidades en lugar de disminuir van aumentando considerablemente. Por ejemplo en el 2016, la correspondiente a enero fue de poco más de 10 millones 600 mil pesos mientras que la de diciembre subió a  12 millones 162 mil pesos, para acumular un pago anualizado  de 136 millones 432 mil 232 pesos.

Para el 2017, el gobierno del estado deberá gastar poco más de 158 millones y medio de pesos por las amortizaciones del año. Desafortunadamente, al documento que contiene esa información le falta el calendario del 2018 al 2020. También carece de datos sobre los pagos de varios meses en el 2021.

En el 2022, último año del sexenio de García Cabeza de Vaca, deberán pagarse casi 334 millones de pesos por la amortización anualizada.  En el 2023 las obligaciones anuales suben a 389 millones 589 mil 539 pesos  y a casi 450 millones para el 2024.

Aunque no están las hojas sobre los pagos correspondientes a 2025, 2026 y 2027, en toda la calendarización disponible se ve que las mensualidades son cada vez más cuantiosas.    Para el penúltimo año de vigencia del crédito, el gobierno en turno deberá liquidar más de 846 millones de pesos. 

Entre enero y septiembre del 2029, dado que en este último mes vence el crédito contratado por Hernández Flores, tendrán que pagarse 697 millones 153 mil 748 pesos.

La mensualidad de enero de ese año compromete 73 millones 669 mil 684 pesos. La de septiembre, con la que se liquida el crédito, asciende a 81 millones 367 mil 142 pesos.

Eso, que definitivamente es producto de un acuerdo sumamente ventajoso a favor del banco, no lo dicen en el promocional difundido recientemente, que se afirma es una respuesta a las recientes declaraciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sobre el tema. 

Aún con los faltantes de información se puede estimar que el crédito terminará constándole a la población tamaulipeca casi 10 mil millones de pesos.    Un verdadero atraco en todos los sentidos.

En el video de referencia hay afirmaciones que se acomodan a conveniencia del ex gobernador. Dicen que no se comprometió el total de  los ingresos por concepto de recaudación del Impuesto sobre Nóminas para el pago del multimillonario préstamo.

En una gráfica se indica que solo el 34 por ciento de dichos impuesto se destina para el pago de capital e intereses.

Con esa información tan superficial pretenden crear la impresión de que los pagos a Banorte no comprometen la estabilidad financiera del estado. Aun tomando como referencia ese dato, se nota que en tal escenario el crédito como quiera es una sangría para las arcas estatales.

Entre 2010 y 2016, según establecen las leyes de ingresos de ese periodo, la recaudación del impuesto sobre nómina habría tenido un acumulado histórico de  9 mil 999 millones 173 mil pesos.

Sobre la base de ese 34 por ciento que se cita en el video publicado en las redes sociales, en dicho periodo los pagos hechos a Banorte entonces habrían ascendido a 3 mil 339 millones 718 mil pesos, poco más de la mitad del monto contratado por Hernández Flores.

El gravísimo problema que tiene el gobierno de Tamaulipas es que al mes de septiembre de 2016, el saldo de la deuda con el banco era de  5 mil 641 millones 644 mil 776 pesos.    En los casi siete años de vigencia de la deuda con esa institución financiera se han acreditado tan solo 358 millones 355 mil  224 pesos, apenas el 5.9 por ciento de lo contratado en el 2009.

Convenencieramente, eso no lo exponen en el video.

Aunque además de ese crédito el gobierno del Tamaulipas está pagando otros,  los datos disponibles sobre lo que se ha destinado para pagarlos ilustran lo gravoso, lo lesivo de esas obligaciones. De acuerdo con lo programado en  los presupuestos de egresos del estado entre 2010 y 2016, en ese periodo se destinaron 7 mil millones 251 mil 675 pesos para deuda pública. 

Un verdadero agujero negro para las finanzas estatales. Eso tampoco lo dicen

Por otra parte, una de las cosas que resaltan en el video es lo que califican como  la razón principal para la contratación del crédito.  Afirman que  “fue la crisis económica mundial de 2008 que agravó la situación que vivía México”. 

Sin embargo, seguramente para enfatizar aún más esa supuesta necesidad, en  una transcripción del audio de ese video se  hace una cita diferente ubicando el contexto económico internacional un año atrás: “Fue la crisis económica mundial que se dio en el 2007, cuyos síntomas empezaron a repercutir y agravarse en México a partir del 2008”.

Sin ahondar en detalles, solo basta decir que a la fecha de aprobación del endeudamiento la crisis económica mundial aludida en el video aún no se manifestaba en toda su magnitud y seguramente ni Hernández Flores ni  nadie de su equipo tiene la capacidad para haber vislumbrado y mucho menos anticipado un evento de esa naturaleza.

Además, el dictamen de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública de la LIX Legislatura del Congreso de Tamaulipas, aprobado el 15 de diciembre de 2007, en el que se reprodujo la iniciativa del entonces gobernador para conseguir esos seis mil millones de pesos, en ninguna parte hace referencia al contexto económico internacional. Ninguna cita al respecto.

Por el contrario la iniciativa planteó un escenario estatal muy positivo.

Tras indicar que la recaudación estimada por concepto del  Impuesto sobre Nómina para el ejercicio fiscal 2008, serían de 938 millones 800 mil pesos afirma que “la proyección de esos ingresos en un periodo de nueve años constituiría el soporte de capitalización…estableciéndose como fuente de pagos de las obligaciones que eventualmente se contraigan, los ingresos derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas durante un horizonte de nueve años”.

Esa percepción tan optimista los llevó a considerar factible un crédito pagadero a nueve años.

Ahí se advierte que el gobernador y su equipo no veían una contingencia en curso, por lo que el decreto original autorizó conseguir los seis mil millones de pesos y liquidarlos en nueve años.

En ese primer decreto publicado en los primeros días de 2008 se estableció tal plazo pero poco más de una año después se expidió otro con varias reformas al original, entre las que está la ampliación de la vigencia del crédito a 20 años.

Este último plazo resultaría el único dato real incluido en la “respuesta” de Eugenio Hernández Flores.

Por lo demás, con la información disponible y aun con los faltantes de datos en los calendarios de pago, se puede estimar que el crédito terminará costándole a la población tamaulipeca casi 10 mil millones de pesos.   

¿Cuál mérito pretende entonces el ex gobernador Hernández Flores?  Además es fama pública que prácticamente toda la obra pública ejecutada en su sexenio se la entregaron a las empresas de sus amigos o de sus prestanombres.

Tanta diligencia para tratar de aclarar este asunto debiera ponerla en atender las acusaciones criminales por las que a partir de junio del 2016 se convirtió en prófugo de la justicia estadounidense.

SEGUNDO ROUND: CONGRESO DE TAMAULIPAS VS ALCALDESA DE REYNOSA

La Comisión de Gobernación del Congreso de Tamaulipas acusa a la Presidenta Municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, de no respetar las normas legales vigentes en el estado, que su respuesta a un requerimiento que le hizo el congreso “es una muestra de opacidad y falta de voluntad para colaborar en la aclaración de actos realizados por ella en su carácter de autoridad.”

También señala que su conducta “denota autoritarismo y entraña además una falta de respeto para el Congreso del Estado”.      Amenazan con fincarle responsabilidades legales

Lo anterior está contenido en un nuevo exhorto que le hicieron a la alcaldesa de Reynosa y que debió contestar este miércoles 21 de diciembre. Anuncian que en caso de no atender nuevamente el informe requerido, "se dará cuenta al Presidente de la Diputación Permanente o de la Mesa Directiva, para que proceda en los términos del procedimiento legal conducente para el fincamiento de responsabilidad. "

El antecedente de esta situación es un escrito que el 31 de octubre pasado, trece miembros del Ayuntamiento mediante el cual pusieron en conocimiento de los diputados una serie de eventos que desde su perspectiva, “ha cometido la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, como Presidenta Municipal de Reynosa Tamaulipas, manifestando que se pone en grave riesgo la estabilidad legal y política del municipio en cuestión, y que por tal motivo deben corregirse y ajustarse a los procedimientos legales”

A principios de diciembre la presidenta municipal envió al congreso un escrito contestando un exhorto que se le hizo para informar sobre esa situación.

El día trece de diciembre, al considerar que la alcaldesa no dio respuesta al requerimiento, la Comisión de Gobernación, emitió un nuevo requerimiento a la presidenta municipal de Reynosa.
El documento, entre otras cosas concluye que:

1. “Se observa con preocupación que no existe por parte de la Ciudadana Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa Tamaulipas, la intención de observar éstas (las normas constitucionales, estatales y municipales) y mucho menos a dar cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en el Punto de Acuerdo LXIII-26. “

2.- “Con base en sus apreciaciones, solicita que el Congreso deje sin efectos el Punto de Acuerdo que propició la solicitud del informe en mención, lo que hace evidente la falta de conocimiento sobre el propósito de este acto legislativo a la luz de la rendición de cuentas y de las obligaciones de las autoridades municipales frente al Congreso como órgano vigilante de la legalidad a la que deben ceñir el ejercicio de sus funciones.”

3.- “Esto es una muestra de opacidad y falta de voluntad para colaborar en la aclaración de actos realizados por ella en su carácter de autoridad. Su conducta denota autoritarismo y entraña además una falta de respeto para el Congreso del Estado, el cual solamente cumple con su función como institución soberana.”

El escrito advierte que "En caso de no atender nuevamente el informe requerido que con base en la ley se le formula, se dará cuenta al Presidente de la Diputación Permanente o de la Mesa Directiva, para que proceda en los términos del procedimiento legal conducente para el fincamiento de responsabilidad."

Los miembros del cabildo que firmaron el documento que dio inicio a estas acciones del Congreso son:

Alberto Muñoz Martínez, Juan Antonio Velázquez Moreno, María Concepción Sánchez Garza, Regino Iván Bermúdez Torres, David Jorge Aguilar Meraz, Erika Lorena Saldaña Muñoz, Claudia Margarita Pacheco Quintero, Javier Alberto Garza Faz, Héctor Alejandro Olivares Zavala, Anselmo Almaraz Salazar, Georgina Aparicio Hernández, Sixto Jesús Reyes Veraza y José Alfredo Castro Olguín quienes son Regidores y Primer Sindico, respectivamente, del Ayuntamiento de Reynosa.

Son trece de los 24 miembros del Ayuntamiento.

TAMAULIPAS: ENTRE BANORTE Y EL DIABLO

En el 2009, la Sesenta Legislatura del  Congreso de Tamaulipas, modificó el decreto original mediante el cual poco más de un año antes se autorizó al ex gobernador Eugenio Hernández Flores la contratación de un crédito por  seis mil millones de pesos.

Esta modificación sentó las condiciones para que las obligaciones financieras derivadas de ese préstamo se convirtieran en una amenaza para las finanzas públicas del estado.

El Decreto que originalmente expidió la Cincuenta y Nueve Legislatura, señala que para liquidar ese empréstito, que se contrató con  Banorte, se afectaría como fuente de pago el cien por ciento de los ingresos por concepto del impuesto sobre nóminas.

Sin embargo establecía únicamente nueve años para saldar esa deuda.

El Decreto 708 expedido por la siguiente legislatura modificó la mayor parte del aprobado  originalmente. El cambio más significativo fue la extensión del plazo para el pago del crédito.   

Con las mismas condiciones de afectación hasta la totalidad de los ingresos “presentes y futuros” derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas, el segundo decreto autorizó que se hiciera  “durante el plazo que sea necesario sin exceder un máximo de 30 años”.

Por otra parte, la reforma eliminó las obras que se habían enlistado para financiarse con inversiones derivadas del crédito autorizado.

Entra las más importantes estaba la construcción del puente ferroviario Matamoros-Brownsville.  Esta obra se terminó de construir el año pasado pero la información disponible sobre las fuentes de recursos cita que la inversión mexicana se hizo a través del Fondo Nacional de Infraestructura y de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

También se había incluido la construcción del cruce ferroviario Nuevo Laredo-Laredo pero a la fecha  esta obra no se ha realizado.  

Asimismo estaba la rehabilitación de la Laguna La Escondida en Reynosa, proyecto que se ejecutó pero exclusivamente con recursos de Petróleos Mexicanos.

El caso es que suprimido ese listado de proyectos,  el nuevo decreto solo introdujo compromisos genéricos dado que la nueva redacción señala que los recursos se destinarían a “inversiones públicas productivas comprendidas en el Programa Estatal de Infraestructura 2008-2010”.

A la fecha no hay información precisa sobre el destino final de los 6 mil millones de pesos comprometidos por el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

Otro documento  relacionado con el tema muestra los detalles de la contratación del crédito. 

Con fecha del nueve de octubre de 2009,  identificado como “Contrato de Apertura de Crédito Simple. Versión de Firma” establece las condiciones para el manejo del dinero por parte del gobierno de Tamaulipas, aunque las partes que intervienen en el acto son Banco Mercantil del Norte y Banco Invex, este último como fiduciario del empréstito otorgado a las autoridades estatales.

Llama poderosamente la atención que en la Cláusula Primera que contiene las definiciones e interpretación de los términos usados en el documento,  se indica que  la referencia a “Adeudos Banorte” significa la cantidad de mil 900 millones de pesos más intereses, comisiones y accesorios en su caso, “adeudada por el (Gobierno del) Estado al día 08 de octubre de 2009 al Banco (Banorte) misma que deberá ser liquidada con el producto del Crédito…”

El documento, sumamente complejo, contempla severas condiciones para la  entrega de los recursos al gobierno estatal y sus obligaciones para liquidarlo.  Por ejemplo establece castigos a las autoridades tamaulipecas si no disponen del dinero acorde a las obligaciones que se le impusieron.

Dice el contrato que para allegarse los recursos contratados, el gobierno de Tamaulipas estaba obligado a presentar un “Aviso de disposición” irrevocable, indicando la fecha y el monto solicitado y que el incumplimiento de estas dos condiciones implicaba una penalización con cargo al estado.

El contrato también estableció condiciones sumamente estrictas para los pagos ya que señala que estos deben hacerse al banco “a más tardar a las 13:00 horas de la Ciudad de México” en las fechas pactadas.

Advierte que cualquier pago realizado después de esa hora “se entenderá realizado el día siguiente y, por consiguiente, devengará intereses”.

La extensión del plazo autorizado por la Sesenta Legislatura del Congreso de Tamaulipas en las reformas al decreto original puede derivar en un mayor costo financiero para la liquidación total de esa multimillonaria deuda.

No hay información sobre la fecha exacta del inicio de esas obligaciones pero tomando en consideración la afectación del cien por ciento de la recaudación del impuesto sobre nóminas para garantizarlas y suponiendo que el cumplimiento de dichos compromisos inició en el 2010, el golpe a las finanzas estatales es durísimo.

De acuerdo con las leyes de ingresos del Gobierno de Tamaulipas entre los años 2010 y 2016, la captación total de este impuesto ascendió a 9 mil 999 millones 173 mil pesos.  

GOBIERNO DE TAMAULIPAS: SAQUEO DE LARGO ALCANCE

Un comunicado del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reveló a un grupo de empresarios reunidos en Ciudad Victoria, que el 2% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) aplicado a los empresarios, está hipotecado por 30 años y se destina a un fideicomiso privado para pagar una deuda contraída por el gobierno en el 2009.

Les aseguró que actualmente el impuesto del ISN es destinado a cubrir una deuda de 6 mil millones de pesos contraída ese año por el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores.  

La deuda está amparada bajo la figura de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, a un costo financiero de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.15 por ciento y que el costo mensual de la deuda es de aproximadamente 40 millones de pesos.  

Dijo que desde 2009 a la fecha se ha amortizado sólo 5.99 por ciento del total de los 6 mil millones de pesos de deuda. Aseguró que no está claro en que se aplicaron esos recursos.  

Este grave problema se gestó, como lo refirió García Cabeza de Vaca, desde la administración  del ahora ex mandatario estatal Eugenio Hernández Flores quien contrató dos créditos bancarios: uno con Bancomer por mil millones pagadero a 15 años y  otro con Banorte por 6 mil millones de pesos.

El pago del primero está garantizado con recursos provenientes de las participaciones federales que le corresponden al estado.

El otorgado por Banorte tiene como fuente de pago, desde aquel entonces,  los ingresos presentes y futuros de la recaudación del impuesto sobre nóminas.

Este  empréstito con Banorte  contempla un plazo de liquidación a 20 años, pero con un periodo máximo de  30 años.  Para el servicio del crédito, el gobierno de Hernández Flores  constituyó un fideicomiso cuyo patrimonio está formado principalmente por la afectación del 100 por ciento de los ingreso derivados del impuesto mencionado.

Para ese propósito el ex gobernador firmó convenios con los bancos que recaudan esa contribución para que en forma directa transfirieran al fideicomiso los recursos captados por ese concepto.

A la fecha el gobierno tamaulipeco, derivado de la irresponsable contratación de esos y otros créditos, enfrenta una situación sumamente difícil, eso sin contar los adeudos que heredó por 4 mil 987 millones de pesos que se deben a proveedores.

El último reporte del  gobierno de Egidio Torre Cantú sobre la situación financiera del estado se dio a conocer el mes de septiembre pasado.  

Llama la atención una preocupante discrepancia del monto de la deuda pública que reconocieron con el saldo que reporta la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

El documento del gobierno estatal indica que al tercer trimestre de este año,  la deuda pública (pasivo no circulante) era de 11 mil 831 millones 142 mil 198 pesos.  

Un reporte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cita que al mismo mes de septiembre, el saldo de las obligaciones financieras de Tamaulipas ascendió a 13 mil 496 millones 800 mil pesos.

Eso revela que Egidio Torré Cantú intentó esconder el monto real de las obligaciones financieras.  Entre lo que  el gobierno estatal dio a conocer y lo que reporta la dependencia federal hay una diferencia de mil 665 millones 657 mil 802 pesos.

De los casi 13 mil 500 millones de pesos de la deuda tamaulipeca a largo plazo,  6 mil 410 millones 700 mil pesos tienen como fuente de pago los ingresos propios del gobierno estatal.  

De ahí viene la divulgado por el gobernador García Cabeza de Vaca.

No es menos grave que el resto de la deuda pública (6 mil 381 millones  600 mil pesos) esté garantizado con las participaciones federales que recibe el estado.  

Es dinero que deja de recibir el gobierno tamaulipeco.

El problema de fondo es que  esos cuantiosos recursos contratados se usaron para que los ex gobernadores se hicieran multimillonarios con el acaparamiento de contratos de servicios y obra pública, ya sea de manera directa o a través de presta nombres.   

MAS EVIDENCIAS DEL SAQUEO EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA

En diciembre del 2015, la entonces coordinadora de Atención a Medios de la Coordinación de Comunicación Social de la presidencia municipal de Reynosa, Mariana Valencia Ramírez, quedó como encargada del despacho de esa dependencia.

Dos meses después empezaba a replicar una práctica ilegal que está ligada estrechamente a la cercanía de quienes la cometen con aquellos que tienen el mando en cualquier dependencia pública.

Valencia Ramírez, con la anuencia de sus superiores,  empezó a aprovechar su puesto para disponer en  beneficio personal del presupuesto destinado a la publicidad de las actividades del Ayuntamiento.

El 15 de febrero de 2016, en la Notaría Publica 92 de Reynosa, se constituyó la empresa “Corporativo VSN”, que, de acuerdo al acta notarial 5261, tiene como objeto social la difusión de toda clase de publicidad a través de medios escritos y electrónicos así como la creación de todo tipo de noticieros radiales y televisivos, sociales, económicos, deportivos, científicos, nacionales e internaciones, entre otras actividades.

Las socias de “Corporativo VSN”, que inmediatamente empezó a facturarle al Ayuntamiento de Reynosa por la publicación de los boletines del municipio en la página de internet “VS Noticias”, son María Andrea Ramírez Castillo, madre de Valencia Ramírez y María Isabel Aguilar Meza, madre de Luis Martínez Aguilar, empleado de la oficina de comunicación social asignado como fotógrafo del ahora ex presidente municipal José Elías Leal.

Hasta el final de la administración, aprovechando las circunstancias favorables que tenían, facturaron diversos servicios que se les liquidaron sin mayor problema. Uno de ellos tuvo que ver con  la transmisión “en circuito cerrado y streaming del grito de independencia”.

El 18 de agosto de este año, la representante de la empresa presentó una cotización de 55 mil pesos por la cobertura de ese evento cívico. El 23 del mismo mes, casi tres semanas antes de la supuesta prestación del servicio, tramitaron por adelantado la factura por ese concepto.

Estas acciones ilícitas contaron, al menos, con la complicidad del entonces secretario de Tesorería y Finanzas de la presidencia municipal, Ahmed Kadour Rodríguez.

Existen documentos firmados por Valencia Ramírez solicitando al tesorero el pago de publicidad a diversos medios de comunicación entre los que se encontraba “Corporativo VSN, SA de CV”.  

Por ejemplo, el 31 de marzo, un mes después de constituida su empresa, mediante un oficio dirigido a Kadouur Rodríguez, la ahora ex funcionaria municipal ilegalmente gestionaba el pago de 23 mil 200 pesos por la publicación de los boletines del municipio en su página de internet durante ese mes.

En los primeros días de octubre, cuando ya había dejado la presidencia municipal, Valencia Ramírez se vio envuelta en un escándalo porque la cuenta de Facebook que el ya entonces ex alcalde de Reynosa usó como su página oficial, cambió de nombre a VS Noticias.

Como esa cuenta la administraban en el área de comunicación social,  desconociendo que Facebook notifica este tipo de movimientos a los seguidores de una página, quisieron aprovechar los más de 90 mil seguidores que tenía el ahora ex alcalde.

A todas esas personas les llegó un mensaje anunciando el cambio de nombre a  VS Noticias.   En el medio periodístico se robusteció la versión de que los intereses de Valencia Ramírez estaban detrás de esa página de internet.

Si bien esas opiniones son subjetivas, ahora hay elementos contundentes para asegurar que mediante Corporativo VSN la ahora ex coordinadora de Comunicación Social de la pasada administración municipal de Reynosa indebidamente se hizo de recursos municipales.

Este entramado creado para hacer negocio con dinero del área de prensa implica conductas delictuosas que incluyen al ex tesorero del municipio. 

No deberá causar extrañeza si alguno o varios de los implicados en este asunto son sometidos a acciones penales.

TRANSFIEREN A BRONCOS DE REYNOSA: ¿DONDE QUEDO EL DINERO DEL MUNICIPIO?

El periódico “El Mañana” de Reynosa publicó que el equipo de béisbol “Broncos” será transferido a León Guanajuato, donde jugará con el nombre de “Bravos”.  El matutino indica que Eliud Villarreal, a quien se refiere como “ex presidente del club” aseguró que no pudieron hacer nada para mantener al equipo en la ciudad.

Aunque no refiere detalles de la transferencia seguramente hubo una negociación económica.  ¿Por cuanto lo vendieron? Solo ellos lo saben.

¿Habrá dividendos para el Ayuntamiento que hasta donde se sabe es socio de la empresa?

El problema es que hasta la fecha se ignora todo lo relacionado con la participación del Ayuntamiento de Reynosa como socio de “Grupo Deportivo Reynosa” que desde 2008  se convirtió en propietaria del equipo.

Es un asunto que ha generado suspicacia. Hay sospechas sobre la forma en que se integró la sociedad mercantil con una aportación de recursos municipales por casi 15 millones. 

Hay quienes aseguran que el ex alcalde Oscar Luebbert Gutiérrez esfumó la parte social del Ayuntamiento para quedarse como socio.

El 12 de diciembre de 2008, siendo presidente municipal Luebbert Gutiérrez, con fama pública de ser fanático del béisbol, se realizó una sesión de cabildo en la que se autorizó la participación del Ayuntamiento en “la constitución de una sociedad mercantil denominada Grupo Deportivo Reynosa”.

En esa reunión, el entonces alcalde dio a conocer  que en una asamblea de la Liga Mexicana de Béisbol se había concertado el traspaso del equipo “Potros de Tijuana” para “el equipo de béisbol en esta ciudad”.

El ahora ex presidente municipal aseguró que era urgente esa aprobación. Urgió a los demás miembros del cabildo arguyendo que el traspaso del equipo debía concretarse cinco días después.

Para ser más convincente, Luebbert Gutiérrez mintió al asegurar que el gobierno de Tamaulipas participaría en la sociedad mercantil aportando una tercera parte del capital con el que se constituiría “Grupo Deportivo Reynosa”.

“En primer lugar está participando el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la intención es crear una sociedad mercantil tripartita en donde un treinta y tres por ciento lo aporte el Gobierno del Estado, ya hemos estado en pláticas con el mismo gobernador sobre este tema y está muy interesado, por eso nos urge constituir el acta notarial para pasarla a firma del jurídico del gobierno del estado…”, alegó.

El acuerdo fue aprobado por mayoría. Se impusieron los votos de los miembros priistas del cabildo.

Ese mismo día, sospechosamente, a la una con treinta minutos de la tarde reza el acta constitutiva, Luebbert Gutiérrez en su calidad de presidente municipal, Miguel Ángel García Ahedo como secretario del Ayuntamiento y Ramiro Reséndez Velasco como primer sindico, en nombre del municipio comparecieron ante el Notario Público Arnoldo González Herrera para asociarse con dos particulares en la creación de la empresa que se convertiría en dueña de “Broncos de Reynosa”.

Eliud Guadalupe Villarreal Garza y César Rivera Zamudio aportarían en conjunto el restante 67 por ciento del capital social de la empresa.  Del gobierno de Tamaulipas ni sus luces.

La supuesta participación del gobierno del estado fue un ardid de Luebbert Gutiérrez para forzar a los miembros del cabildo para que aprobaran que el uso de 14 millones 850 mil pesos del erario municipal para la constitución de la sociedad.

Como se sabe, a principios de 2009 el Ayuntamiento erogó casi 30 millones de pesos para la compra del equipo de béisbol, el pago de la nómina de los jugadores y el acondicionamiento del parque Adolfo López Mateos.

A partir de aquellos años, “Grupo Deportivo Reynosa” rentó esa instalación deportiva sin más contra prestación que regalar boletos a niños y personas ancianas además de otorgar un descuento del 25 por ciento en el precio de las entradas a estudiantes, entre otras. 

Ni eso cumplió.  En todo ese tiempo el gobierno municipal no recibió un solo peso por la renta del inmueble.

Desde 2008 es un completo misterio el destino final de la inversión que hizo el Ayuntamiento en esa empresa. A pesar de que se destinaron recursos municipales jamás se ofreció un informe respecto de sus pérdidas o ganancias.

¿Dónde quedó el dinero del Ayuntamiento?

Lamentablemente este asunto quedará rodeado de opacidad. 

REYNOSA: EL ETERNO Y PELIGROSO PROBLEMA DE LA BASURA

En medio del reclamo generalizado porque desde varias semanas antes de iniciar la actual administración municipal de Reynosa, que está por  cumplir un mes en funciones, la recolección de basura estaba prácticamente suspendida, esta semana se anunció que de manera emergente el servicio se prestará con 20 camiones que cubrirán, se dijo, la mayor parte de la ciudad.

No se informó qué personas físicas o morales se contrataron para tal propósito pero si se conoció que no se renovó el contrato que las dos administraciones municipales anteriores tuvieron con la empresa  Reco que además de la recolección incluía la utilización de su relleno sanitario para el confinamiento de los desechos que recogían  esa y  otras compañías.

Esta decisión de las autoridades municipales implicará que toda la basura doméstica que se genera en la ciudad sea dispuesta en tiraderos a cielo abierto, principalmente en el que se ubica al sur de la ciudad, conocido como “Las Anácuas”.

Resolverán un problema social pero contribuirán al aumento del ya de por si grave deterioro ambiental generado por la disposición inadecuada de desechos.   

Propiciarán además el incremento de  los riesgos sanitarios que genera esta situación, que se agudizan frecuentemente porque ese lugar es incendiado para disminuir el volumen de desechos acumulados.

De acuerdo con estimaciones divulgadas en el “ Programa Estatal para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos en Tamaulipas”, en el 2014, con una proyección de constante crecimiento, en Reynosa se generaron 18 mil 800 toneladas mensuales de basura.

Según el documento, en el relleno sanitario de Reco se recibían 6 mil toneladas mensuales de residuos domésticos y 3 mil 570 de desechos provenientes de actividades industrial, comercial y servicios.

Aunque existe otro relleno que cumple con las especificaciones de la Semarnat para el confinamiento de basura –propiedad de la empresa Pasa- desde hace tiempo prácticamente dejó de operar.

Con esos antecedentes, se observa que con la participación de Reco en la gestión de la basura, apenas la tercera parte de la que genera la zona urbana de Reynosa era depositada en forma adecuada.

Con la contratación de nuevas empresas, que se dijo que en breve podrán operar 40 camiones recolectores en conjunto, el gobierno municipal de Reynosa pretende atender un justificado reclamo de la comunidad. 

Resulta obvio que cualquier falla en la prestación de los servicios públicos que afecta el entorno cercano de las personas genera mayor insatisfacción e inconformidad. 

Cuando esta afectación no es directa y personal la reacción suele ser menos intensa e incluso llegar hasta la indiferencia.

La presidencia municipal buscará entonces evitar que la basura se quede en las calles pero trasladará el problema ambiental y de salud a otro lugar.  

La gente ya no sentirá la incomodidad e irritación que les provocaba el hecho de que los desechos se quedaran en el exterior de sus domicilios. 

Ahora seguramente no sentirá preocupación por el destino que se les dé. 

La determinación de suspender el contrato para la utilización del único relleno sanitario que opera en el municipio definitivamente tendrá repercusiones negativas.

De entrada eso implicaría que las 72 mil toneladas de basura que se depositaban anualmente en ese sitio serán dispuestas a cielo abierto.

El problema será mayúsculo. Haciendo una proyección anualizada de la basura que genera la ciudad estamos hablando de más de 225 mil toneladas de desperdicios, la mitad de materia orgánica, pudriéndose a cielo abierto representando así una mayor amenaza para la salud publica en la región.

Es sencillo concluir que aún con la participación de esa empresa el problema de la disposición de desechos sólidos era muy grave. 

Ahora será mucho peor.

La contratación de varias empresas para la recolección sin considerar la utilización del relleno sanitario es una solución parcial y por tanto ineficaz.

REYNOSA: CACHIRULES EN LA NOMINA MUNICIPAL

Desde antes de tomar posesión de su cargo  el primero de octubre, en múltiples ocasiones la alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez insistió en que privilegiaría lo que llamó “los mejores perfiles” para integrar su equipo de trabajo en la presidencia municipal.

Desde el arranque de su administración ha habido problemas derivados del mal manejo que se les dio a algunos asuntos. El más importante surgió cuando se nombraron a los titulares de las secretarías del Ayuntamiento, Finanzas y de la Contraloría sin haber cumplido con todos los requisitos legales.

Eso evidenció fallas en el desempeño de sus colaboradores.

Hay otros casos en los que se observa que la designación de la presidencia municipal pudo estar influida por razones ajenas a los criterios que pueden identificar la idoneidad de las personas para los cargos que ahora ocupan.

Por ejemplo, el director de Recursos Humanos, César Bahena Molina es esposo de la Segunda Síndico del Ayuntamiento, Zita del Carmen Guadarrama Alemán.

Además de su condición de cónyuge de esta funcionaria, parece que en su designación también influyó que durante la campaña electoral se desempeñó como chofer de la ahora presidenta municipal, aunque eso  –hay que decirlo- implica que es alguien que goza de su confianza.

Aunque pude resultar criticable, en realidad todo lo anterior no es impedimento para que lo hayan incorporado a la plantilla laboral del municipio. El problema real es que hay elementos objetivos para asegurar que el nombramiento de Bahena Molina es improcedente ya que hace casi cinco años fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un lapso de diez. 

El ahora director de Recursos Humanos de la presidencia municipal de Reynosa trabajó en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  En los archivos de la Secretaria de la Función Pública existen registros de varios procedimientos administrativos sancionatorios que se resolvieron en su contra.

En el 2008, el órgano de control interno de esa dependencia federal inició el expediente  ER-151/2008 en contra del ahora funcionario municipal.  Debido a una negligencia administrativa que se le imputó  le aplicaron una suspensión laboral de dieciocho días.

Tres años más tarde, el mismo órgano de control de Capufe integró el expediente ER-158/2011, en el que fue señalado por cometer actos legalmente considerados como abuso de autoridad.

La resolución del caso se emitió el 20 de octubre de ese año.  Ahí se determinó que había incurrido en tal conducta por lo que al ahora colaborador de la alcaldesa Ortiz Domínguez le impusieron una multa por 21 mil 56 pesos.  

Las sanciones incluyeron la destitución del puesto que desempeñaba y su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, aparece un resumen de dicho expediente. Se muestra que Bahena Molina fue inhabilitado diez años  para trabajar en el servicio público del 25 de octubre de 2011 al 21 de octubre de 2021.

A la vista de esos antecedentes, ya no es relevante si Baheza Molina tiene o no “el mejor perfil” para ocupar la dirección que le asignaron ya que legalmente está impedido para desempeñar ese o cualquier otro empleo pagado con recursos públicos.

Al menos por los próximos cinco años.

PEPE ELIAS LEAL: ¡DE QUE ROBO, ROBO!

 Ex colaborador asegura que en su secretaria nunca se hicieron los servicios pagados a una empresa neolonesa.

Entre enero y junio de 2016, la presidencia municipal de Reynosa pagó poco más de 16 millones de pesos a cuatro empresas cuyos domicilios fiscales en Nuevo León levantan sospechas debido a que corresponden a viviendas en colonias de bajos recursos en los municipios de Monterrey y Guadalupe,  entre las que hay una que a simple vista luce abandonada.

Las veintiún facturas que en conjunto cobraron al Ayuntamiento, encabezado como se sabe por José Elías Leal, amparan servicios difícilmente comprobables que van desde estudios de opinión, consultoría  en administración y seguridad informática, en recursos humanos hasta “Auditoria externa gubernamental en materia de obra pública”

En un paquete de seis documentos fiscales por un monto total de 3 millones 900 mil pesos por el ultimo concepto citado hay elementos suficientes para asegurar que existió una maquinación para desviar recursos del municipio ya que un ex colaborador de Elías Leal afirmó que no conoce a la empresa que los expidió y negó que haya prestado los servicios que cobró.

Entre el enero y junio  de 2016 (doce de enero, tres de febrero, catorce de abril, veintiocho de abril, seis y veinte de junio) “Tributos del Norte”, con domicilio en Acueducto de León 1327 en Monterrey Nuevo León, que tiene el mismo teléfono de otra de esas cuatro empresas pero distinto domicilio fiscal,  expidió seis facturas por un monto total de casi cuatro millones de pesos antes del IVA por concepto de auditorías a la obra pública en el municipio de Reynosa.

Jorge Herrera Bustamante, quien se desempeñó como Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente hasta el último día de la administración pasada, cuestionado sobre dichos servicios que pagó la presidencia municipal  señaló que desconocía la existencia de la compañía y aseguró que ninguna obra que realizaron o licitaron fue auditada por ese o cualquier otro despacho externo.

Grupo Empresarial JER, con alta en el Sistema de Administración Tributaria en mayo de 2012, cuyo domicilio aparece en Eugenio Garza Sada 2145 de la colonia Roma en Monterrey, Nuevo León, tiene el mismo número de teléfono que Tributos del Norte.

Entre enero y marzo de este año, facturó al Ayuntamiento de Reynosa 5 millones 930 mil pesos. Entre las cosas sospechosas que se observan en esos movimientos destaca que el doce de enero emitió las facturas con folio interno 911, 912 y 913 por un total de 2 millones 540 mil pesos antes de impuestos.

En ese orden de facturación la descripción de los servicios cobrados fue “Consultoría en formulación y estructuración de indicadores basados en resultados”, “Consultoría en recursos humanos administración de personal temporal, reclutamiento y evaluación de personal “y “Estudio y capacitación en el desarrollo y modernización de procedimientos y sistemas administrativos”.

Al siguiente mes, la empresa volvió a cobrarle  los mismos servicios y el mismo monto que le habían liquidado en enero.   El tres  de febrero expidió la factura 969 y el día diez  de ese mes emitió los comprobantes 990 y 991. Con los tres documentos cobró 2 millones 540 mil pesos por los mismos conceptos de consultoría facturados el mes anterior. 

En marzo le pagaron otros 850 mil pesos por la “Consultoría en recursos humanos administración de personal temporal, reclutamiento y evaluación de personal”.  Como se observa ese supuesto servicio se facturó tres veces en el primer trimestre de 2016.

Las otras dos empresas del paquete de 21 facturas con las que se cobraron poco más de 16 millones de pesos en menos de medio año son “Expertos Analistas” y “Orienta y Soluciona. 

La primera tiene su domicilio fiscal en una vivienda abandonada en la calle Morelos del centro de Guadalupe en tanto que la dirección de la segunda aparece en una casa habitación en la calle Chiapas de la colonia Repueblo en la capital neolonesa.

Ambas comparten el mismo número telefónico. Además hay un dato que además de curioso resulta sospechoso en el RFC de ambas: “Expertos Analistas” causó alta el 15 de julio de 2014 y “Orienta y Soluciona” al siguiente día.

Al tiempo que la población padecía la más grande crisis en la prestación de los  servicios públicos que ha habido en Reynosa y la calificación popular ubicaba a José Elías Leal como el peor presidente en la historia del municipio, entre enero y marzo de este año “Expertos Analistas” cobró tres facturas por un monto global de un millón 950 mil pesos, antes de impuestos, por “Estudios de opinión sobre la administración municipal de Reynosa, Tamaulipas”.

El doce de enero, diez de febrero y nueve de marzo, en ese orden, la empresa expidió las facturas 40, 46 y 48 a razón de 650 mil pesos cada una para acreditar la prestación de esos servicios.

Exactamente en las mismas fechas que “Expertos Analistas” facturó los “estudios de opinión” al Ayuntamiento reynosense, “Orienta y Soluciona” emitió tres facturas por un monto de 850 mil pesos cada una, previos al IVA,  por concepto de “Consultoría en administración y seguridad informática”.

El veintiocho de abril y el dos de junio, emitió otras dos facturas por la misma cantidad y el mismo concepto. Mediante estos cinco documentos esta empresa cobró 4 millones 250 mil pesos más IVA.

“Orienta y Soluciona” y “Expertos Analistas” cobraron en conjunto 6 millones 200 mil pesos, antes de impuestos. A “Grupo Empresarial JER” y “Tributos del Norte”  se les liquidaron en total 9 millones 830 mil pesos.

La pregunta es ¿Lo dejarán disfrutar tranquilo de lo que desposeyó a los reynosenses?

REYNOSA: MEJORES ASESORES PARA LA ALCALDESA

A seis días de haber iniciado su mandato constitucional se están presentando serias complicaciones para el funcionamiento del Ayuntamiento de Reynosa, derivadas de lo aprobado en la primera sesión de cabildo,  que se realizó a las cero horas del primero de octubre.

Trascendió que hay preocupación por la situación legal del Secretario del Ayuntamiento quien, en la fecha citada, fue nombrado sin que se cumplieran los requisitos que establece el Código Municipal de Tamaulipas.

Como se recordará, el abogado Benjamín Guerrero Bazaldúa fue nombrado titular de esa dependencia en la primera sesión de cabildo de la administración que encabeza como presidenta municipal Maki Ortiz Domínguez.

El problema con esta designación es que, si bien la alcaldesa tenía la atribución de proponerlo, no se cumplió con el requisito que impone el Artículo 66 del referido código.

Esa disposición señala que el Ayuntamiento nombrará al secretario “conforme a la terna que proponga el presidente municipal”.

Como el trámite omitió el cumplimiento de esa obligación legal, trascendió que ahora las autoridades municipales están buscando resolver este problema, que pude tener amplias y negativas repercusiones legales.

Se requirió a los abogados de la dependencia determinar la vía idónea para resolver la situación.   El camino es estrecho y parece que la única solución que les queda es reponer el procedimiento.

Esto implicaría que se deje sin efecto el nombramiento de Guerrero Bazaldúa y posteriormente volver a designarlo. 

Dejar las cosas así implicaría que todos los actos que haya realizado hasta el momento en que se subsane la deficiencia legal en su nombramiento, carecerán de validez legal.

No es cosa menor este problema 

Definitivamente, la alcaldesa requiere de mejores asesores.