jueves, 13 de noviembre de 2008

REFORMA ELECTORAL EN TAMAULIPAS : BERRINCHE PANISTA

La reforma electoral que debe realizar el Congreso de Tamaulipas, para adecuar la legislación del estado a la vigente a nivel federal, se convirtió en motivo de enfrentamiento para los diputados locales y la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional.

Como no se incluyeron sus propuestas para reformar la Constitución Política de Tamaulipas y la legislación secundaria, los panistas iniciaron una guerra verbal contra los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Por ejemplo reclaman que su propuesta de que la elección del gobernador se haga la misma fecha en que se elige al presidente del país, que implicaría por una ocasión elegir un gobernador por cuatro años y no por seis para empatar ambas elecciones, no se tomó en cuenta.

Ahora, desde la tribuna del congreso el líder de los diputados panistas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros, despotrican contra los priistas acusándolos de haber ganado las elecciones locales del año pasado con métodos anti democráticos y haber recibido dinero sucio para sus campañas.
El dirigente estatal panista, Francisco Garza de Coss, amagó con boicotear el cuarto informe del Gobernador en caso de que sus propuestas queden fuera de las modificaciones que se hará a la legislación electoral de Tamaulipas.
Una torpe estrategia. Esa homologación que pretenden en las elecciones de gobernador y presidente de la república, es un tema particularmente relevante. Sería deseable que así fuera. El informe del gobernador es un evento protocolario que en la cultura política del estado representa uno de los momentos más importantes del año. Es, diríamos, la fiesta política del mandatario estatal.

Su falta de inteligencia política y sus escasas virtudes para la negociación, los ha empujado a la confrontación. Es incongruente que usen el asunto del informe para presionar que en la reforma electoral se incluya un tema que consideran de capital importancia para Tamaulipas. Que con ese amago en su contra, los priistas se sienten a la mesa para negociar con ellos, resultaría una incongruencia mayor. Pero en la política todo puede esperarse.

jueves, 6 de noviembre de 2008

LA ESPECULACION SOBRE EL AVIONAZO

La muerte del secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, la de funcionarios del gobierno federal que iban con él en el avión que cayó casi a punto de aterrizar en la Ciudad de México y de particulares que se encontraban en el sitio donde la aeronave se estrelló, provocó una obvia conmoción en la clase política mexicana. El número de muertos y las circunstancias del percance, por si solos eran motivo para que la información le diera la vuelta al mundo.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha adelantado que tras la investigación del caso se informará puntualmente de lo ocurrido. La aseveración del mandatario mexicano, probablemente tiene que ver con las especulaciones que surgieron sobre si fue o no un accidente.
El hecho de que en el jet caído, también viajaba el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, para muchos que creen que se trató de un atentado es un elemento que refuerza su conjetura.
De muchos años atrás, hay una convicción pública generalizada sobre la corrupción en las fuerzas policiacas, en órganos de procuración y administración de justicia y las altas esferas de la burocracia mexicana.
La cloaca que se destapó en las oficinas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada no causa extrañeza respecto de las conductas desplegadas por funcionarios que trabajaban para quienes se suponía debían combatir. Mostró el nivel de podredumbre en varias dependencias federales. Evidenció lo quebradiza que es la estructura de seguridad de la federación.
Hay quienes ya adelantaron su juicio y ven el avionazo como una agresión del crimen organizado. Por eso, seguramente fueron las palabras de Calderón. La muerte de Mouriño Terrazo, de Santiago Vasconcelos, y de los demás que perecieron al caer el jet de la Secretaría de Gobernación deberá explicarse a cabalidad. La investigación, asistida por especialistas de Estados Unidos, deberá determinar exactamente qué provocó el desplome de la aeronave.
Si la conclusión es de que se trató de un acto provocado, estaríamos ante un gravísimo asunto de seguridad nacional por el grado de vulnerabilidad que habría alcanzado del gobierno mexicano.