La detención en Nuevo León del empresario tamaulipeco Fernando Cano Martínez, identificado como el más importante prestanombres del ex gobernador Tomas Yarrington Ruvalcaba, representa un clavo más al ataúd de las mafias políticas que hace más de 20 años tomaron por asalto el gobierno estatal para convertirlo en instrumento de sus aviesos intereses.
El caso de Cano Martínez ilustra con abundancia la perversión del sistema político priista, repudiado por los ciudadanos en el proceso local del año pasado que llevó al panista Francisco García Cabeza de Vaca a convertirse en gobernador de Tamaulipas.
Cano Martínez, multimillonario a costa del erario tamaulipeco y de la federación, es parte de un complejo entramado de empresas que empezó a construirse a mediados de los noventa para vaciar literalmente las arcas estatales.
El saqueo perpetrado desde el sexenio de Tomás Yarrington continuó durante el tiempo que gobernaron el estado Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú. Todos ellos fueron participes en el descomunal y escandaloso desvío de recursos estatales.
En el sexenio de Eugenio Hernández Flores, con orden de captura del gobierno de Estados Unidos, Cano Martínez continúo enriqueciéndose al recibir cuantiosos contratos de obra pública. Aunque es difícil determinar los montos exactos, la información disponible indica que al menos le fueron asignados 500 millones de pesos en esa administración.
El tamaño de la fortuna que hasta hace casi 10 años había amasado fue ventilado públicamente en el 2008 durante el proceso de su divorcio. Sonia de Pau García, su entonces esposa, reclamó la distribución de bienes y dinero que sumaban miles de millones de pesos.
Entre los bienes que le atribuyó a Cano Martínez, adquiridos mediante empresas propias y de prestanombres había terrenos en varios municipios con una extensión total de casi dos mil hectáreas además de otros activos e inversiones por cientos de millones de pesos.
Con documentos, buscó demostrar que Cano Martínez era el dueño de empresas administradas por presta nombres, que también fueron acusados por varios delitos en Estados Unidos entre ellos lavado de dinero y fraude bancario, entre ellos Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodríguez Berlanga
Se ha documentado abundantemente sobre todas sus maquinaciones efectuadas en México y Estados Unidos para lavar millones de dólares provenientes del desvió de recursos públicos y del producto de la asociación del ex gobernador Yarrington con la delincuencia organizada.
Por acciones semejantes Hernández Flores es considerado prófugo de la justicia de los Estados Unidos.
Como parte de los grupos políticos que se adueñaron de los recursos de Tamaulipas, antes de asumir el cargo el ex gobernador Egidio Torre Cantú, ya se había hecho millonario con decenas de contratos de obra pública.
Su empresa Servicios de Ingeniería Tohesa fue singularmente beneficiada durante el tiempo en que Yarrignton Ruvalcaba ocupó la gubernatura. La llegada de Eugenio Hernández Flores le permitió prolongar su buena fortuna ya que recibió contratos por al menos 400 millones de pesos.
Tan solo en el 2008, le fueron entregados tres contratos por un monto de casi 110 millones de pesos para la construcción de la urbanización de la primera etapa del Parque Científico y Tecnológico, un dren pluvial y el Edificio Empresarial para las Tecnologías en la capital del estado.
Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores no conformes con lo que obtuvieron robándose el dinero del gobierno estatal, terminaron enredados con grupos de la delincuencia organizada. Este nivel de corrupción, que les permitió aumentar considerablemente sus fortunas, sentó las condiciones para que al paso de unos años el estado quedara a merced de esos grupos.
Hasta ahora, Egidio Torre Cantú solo es perseguido por la pésima fama que dejó en el estado. Las imputaciones sobre su enriquecimiento desmedido y sus presuntos vínculos con la delincuencia no han pasado de la denuncia pública. ¿Podrían llegar al ámbito de lo legal?
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