TAMAULIPAS: ENTRE BANORTE Y EL DIABLO

En el 2009, la Sesenta Legislatura del  Congreso de Tamaulipas, modificó el decreto original mediante el cual poco más de un año antes se autorizó al ex gobernador Eugenio Hernández Flores la contratación de un crédito por  seis mil millones de pesos.

Esta modificación sentó las condiciones para que las obligaciones financieras derivadas de ese préstamo se convirtieran en una amenaza para las finanzas públicas del estado.

El Decreto que originalmente expidió la Cincuenta y Nueve Legislatura, señala que para liquidar ese empréstito, que se contrató con  Banorte, se afectaría como fuente de pago el cien por ciento de los ingresos por concepto del impuesto sobre nóminas.

Sin embargo establecía únicamente nueve años para saldar esa deuda.

El Decreto 708 expedido por la siguiente legislatura modificó la mayor parte del aprobado  originalmente. El cambio más significativo fue la extensión del plazo para el pago del crédito.   

Con las mismas condiciones de afectación hasta la totalidad de los ingresos “presentes y futuros” derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas, el segundo decreto autorizó que se hiciera  “durante el plazo que sea necesario sin exceder un máximo de 30 años”.

Por otra parte, la reforma eliminó las obras que se habían enlistado para financiarse con inversiones derivadas del crédito autorizado.

Entra las más importantes estaba la construcción del puente ferroviario Matamoros-Brownsville.  Esta obra se terminó de construir el año pasado pero la información disponible sobre las fuentes de recursos cita que la inversión mexicana se hizo a través del Fondo Nacional de Infraestructura y de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

También se había incluido la construcción del cruce ferroviario Nuevo Laredo-Laredo pero a la fecha  esta obra no se ha realizado.  

Asimismo estaba la rehabilitación de la Laguna La Escondida en Reynosa, proyecto que se ejecutó pero exclusivamente con recursos de Petróleos Mexicanos.

El caso es que suprimido ese listado de proyectos,  el nuevo decreto solo introdujo compromisos genéricos dado que la nueva redacción señala que los recursos se destinarían a “inversiones públicas productivas comprendidas en el Programa Estatal de Infraestructura 2008-2010”.

A la fecha no hay información precisa sobre el destino final de los 6 mil millones de pesos comprometidos por el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

Otro documento  relacionado con el tema muestra los detalles de la contratación del crédito. 

Con fecha del nueve de octubre de 2009,  identificado como “Contrato de Apertura de Crédito Simple. Versión de Firma” establece las condiciones para el manejo del dinero por parte del gobierno de Tamaulipas, aunque las partes que intervienen en el acto son Banco Mercantil del Norte y Banco Invex, este último como fiduciario del empréstito otorgado a las autoridades estatales.

Llama poderosamente la atención que en la Cláusula Primera que contiene las definiciones e interpretación de los términos usados en el documento,  se indica que  la referencia a “Adeudos Banorte” significa la cantidad de mil 900 millones de pesos más intereses, comisiones y accesorios en su caso, “adeudada por el (Gobierno del) Estado al día 08 de octubre de 2009 al Banco (Banorte) misma que deberá ser liquidada con el producto del Crédito…”

El documento, sumamente complejo, contempla severas condiciones para la  entrega de los recursos al gobierno estatal y sus obligaciones para liquidarlo.  Por ejemplo establece castigos a las autoridades tamaulipecas si no disponen del dinero acorde a las obligaciones que se le impusieron.

Dice el contrato que para allegarse los recursos contratados, el gobierno de Tamaulipas estaba obligado a presentar un “Aviso de disposición” irrevocable, indicando la fecha y el monto solicitado y que el incumplimiento de estas dos condiciones implicaba una penalización con cargo al estado.

El contrato también estableció condiciones sumamente estrictas para los pagos ya que señala que estos deben hacerse al banco “a más tardar a las 13:00 horas de la Ciudad de México” en las fechas pactadas.

Advierte que cualquier pago realizado después de esa hora “se entenderá realizado el día siguiente y, por consiguiente, devengará intereses”.

La extensión del plazo autorizado por la Sesenta Legislatura del Congreso de Tamaulipas en las reformas al decreto original puede derivar en un mayor costo financiero para la liquidación total de esa multimillonaria deuda.

No hay información sobre la fecha exacta del inicio de esas obligaciones pero tomando en consideración la afectación del cien por ciento de la recaudación del impuesto sobre nóminas para garantizarlas y suponiendo que el cumplimiento de dichos compromisos inició en el 2010, el golpe a las finanzas estatales es durísimo.

De acuerdo con las leyes de ingresos del Gobierno de Tamaulipas entre los años 2010 y 2016, la captación total de este impuesto ascendió a 9 mil 999 millones 173 mil pesos.