Un comunicado
del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer que el Gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca reveló a un grupo de empresarios reunidos en Ciudad Victoria,
que el 2% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) aplicado a los empresarios, está
hipotecado por 30 años y se destina a un fideicomiso privado para pagar una
deuda contraída por el gobierno en el 2009.
Les
aseguró que actualmente el impuesto del ISN es destinado a cubrir una deuda de
6 mil millones de pesos contraída ese año por el entonces gobernador Eugenio
Hernández Flores.
La deuda está amparada bajo la figura de un Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Pago, a un costo financiero de la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.15 por ciento y que el costo
mensual de la deuda es de aproximadamente 40 millones de pesos.
Dijo
que desde 2009 a la fecha se ha amortizado sólo 5.99 por ciento del total de los 6
mil millones de pesos de deuda. Aseguró que no está claro en que se aplicaron esos recursos.
Este grave
problema se gestó, como lo refirió García Cabeza de Vaca, desde la administración
del ahora ex mandatario estatal Eugenio Hernández
Flores quien contrató dos créditos
bancarios: uno con Bancomer por mil millones pagadero a 15 años y otro con
Banorte por 6 mil millones de pesos.
El pago del primero está garantizado con recursos provenientes de las
participaciones federales que le corresponden al estado.
El otorgado por Banorte tiene como fuente de pago, desde aquel entonces,
los ingresos presentes y futuros de la
recaudación del impuesto sobre nóminas.
Este
empréstito con Banorte contempla un plazo de liquidación a 20 años, pero
con un periodo máximo de 30 años. Para el servicio del crédito, el
gobierno de Hernández Flores constituyó un fideicomiso cuyo patrimonio
está formado principalmente por la afectación del 100 por ciento de los ingreso
derivados del impuesto mencionado.
Para
ese propósito el ex gobernador firmó convenios con los bancos que recaudan
esa contribución para que en forma directa transfirieran al fideicomiso los
recursos captados por ese concepto.
A la
fecha el gobierno tamaulipeco, derivado de la irresponsable contratación de esos y otros créditos, enfrenta una situación sumamente difícil, eso sin contar los adeudos que
heredó por 4 mil 987 millones de pesos que se deben a proveedores.
El último
reporte del gobierno de Egidio Torre Cantú
sobre la situación financiera del estado se dio a conocer el mes de septiembre
pasado.
Llama la atención una preocupante discrepancia del monto de la deuda pública
que reconocieron con el saldo que reporta la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
El
documento del gobierno estatal indica que al tercer trimestre de este año, la deuda pública (pasivo no circulante) era de
11 mil 831 millones 142 mil 198 pesos.
Un
reporte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cita que al mismo mes
de septiembre, el saldo de las obligaciones financieras de Tamaulipas ascendió a
13 mil 496 millones 800 mil pesos.
Eso revela
que Egidio Torré Cantú intentó esconder el monto real de las obligaciones financieras. Entre lo que el gobierno estatal dio a conocer y lo que
reporta la dependencia federal hay una diferencia de mil 665 millones 657 mil
802 pesos.
De los
casi 13 mil 500 millones de pesos de la deuda tamaulipeca a largo plazo, 6 mil 410 millones 700 mil pesos tienen como
fuente de pago los ingresos propios del gobierno estatal.
De ahí viene la divulgado por el gobernador
García Cabeza de Vaca.
No es
menos grave que el resto de la deuda pública (6 mil 381 millones 600 mil pesos) esté garantizado con las
participaciones federales que recibe el estado.
Es dinero que deja de recibir el gobierno tamaulipeco.
El problema
de fondo es que esos cuantiosos recursos
contratados se usaron para que los ex gobernadores se hicieran multimillonarios
con el acaparamiento de contratos de servicios y obra pública, ya sea de manera
directa o a través de presta nombres.
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