Sin dar la
cara, mediante un video que seguramente ordenó que se le atribuyera, el ex
gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores pretende justificar el
crédito de 6 mil millones de pesos que contrató en el 2009, menos de año y
medio antes de terminar su sexenio, mismo que a la fecha representa casi la
mitad de la descomunal deuda pública que padece el estado.
Antes de
revisar lo que se afirma en el audiovisual, vale la pena señalar que hay
documentos que muestran que las condiciones para el pago del crédito adquirido
con Banorte resultan abusivas, con una ventaja excesiva para el banco. Un contrato en demérito del interés común
Documentales
relacionadas con el empréstito y el fideicomiso creado con motivo de este,
revelan que la mayor parte de la carga financiera, con ganancias exageradas para
el banco a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato, será para la
actual administración que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca y los dos
gobernadores que le sucedan a partir del 2022.
En un expediente
del citado fideicomiso se inserta el calendario de amortizaciones mensuales hasta
septiembre de 2029, fecha de vencimiento del contrato. A simple vista se nota
la mala intención de cargarle el grueso de esas obligaciones económicas a la
actual y a las siguientes administraciones.
En dicha
programación se observa que las mensualidades en lugar de disminuir van
aumentando considerablemente. Por ejemplo en el 2016, la correspondiente a enero
fue de poco más de 10 millones 600 mil pesos mientras que la de diciembre subió
a 12 millones 162 mil pesos, para acumular
un pago anualizado de 136 millones 432 mil 232 pesos.
Para el
2017, el gobierno del estado deberá gastar poco más de 158 millones y medio de
pesos por las amortizaciones del año. Desafortunadamente, al documento que
contiene esa información le falta el calendario del 2018 al 2020. También carece
de datos sobre los pagos de varios meses en el 2021.
En el
2022, último año del sexenio de García Cabeza de Vaca, deberán pagarse casi 334
millones de pesos por la amortización anualizada. En el 2023 las obligaciones anuales suben a
389 millones 589 mil 539 pesos y a casi
450 millones para el 2024.
Aunque no
están las hojas sobre los pagos correspondientes a 2025, 2026 y 2027, en toda
la calendarización disponible se ve que las mensualidades son cada vez más
cuantiosas. Para el penúltimo año de
vigencia del crédito, el gobierno en turno deberá liquidar más de 846 millones
de pesos.
Entre
enero y septiembre del 2029, dado que en este último mes vence el crédito contratado
por Hernández Flores, tendrán que pagarse 697
millones 153 mil 748 pesos.
La mensualidad de enero de ese año compromete 73
millones 669 mil 684 pesos. La de septiembre, con la que se liquida el crédito,
asciende a 81 millones 367 mil 142 pesos.
Eso, que definitivamente es producto de un acuerdo sumamente
ventajoso a favor del banco, no lo dicen en el promocional difundido
recientemente, que se afirma es una respuesta a las recientes declaraciones del
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sobre el tema.
Aún con los faltantes de información se puede
estimar que el crédito terminará constándole a la población tamaulipeca casi 10
mil millones de pesos. Un verdadero
atraco en todos los sentidos.
En el
video de referencia hay afirmaciones que se acomodan a conveniencia del ex
gobernador. Dicen que no se comprometió el total de los ingresos por concepto de recaudación del
Impuesto sobre Nóminas para el pago del multimillonario préstamo.
En una gráfica se indica que solo el 34 por
ciento de dichos impuesto se destina para el pago de capital e intereses.
Con esa
información tan superficial pretenden crear la impresión de que los pagos a
Banorte no comprometen la estabilidad financiera del estado. Aun tomando como
referencia ese dato, se nota que en tal escenario el
crédito como quiera es una sangría para las arcas estatales.
Entre 2010
y 2016, según establecen las leyes de ingresos de ese periodo, la recaudación
del impuesto sobre nómina habría tenido un acumulado histórico de 9 mil 999 millones 173 mil pesos.
Sobre la
base de ese 34 por ciento que se cita en el video publicado en las redes
sociales, en dicho periodo los pagos hechos a Banorte entonces habrían
ascendido a 3 mil 339 millones 718 mil pesos, poco más de la mitad del monto
contratado por Hernández Flores.
El
gravísimo problema que tiene el gobierno de Tamaulipas es que al mes de
septiembre de 2016, el saldo de la deuda con el banco era de 5 mil 641 millones 644 mil 776 pesos. En los
casi siete años de vigencia de la deuda con esa institución financiera se han
acreditado tan solo 358 millones 355 mil
224 pesos, apenas el 5.9 por ciento de lo contratado en el 2009.
Convenencieramente, eso no lo exponen en el video.
Aunque además de ese crédito el gobierno del
Tamaulipas está pagando otros, los datos
disponibles sobre lo que se ha destinado para pagarlos ilustran lo gravoso, lo lesivo
de esas obligaciones. De acuerdo con lo programado en los presupuestos de egresos del estado entre
2010 y 2016, en ese periodo se destinaron 7 mil millones 251 mil 675 pesos para
deuda pública.
Un verdadero agujero negro para las finanzas
estatales. Eso tampoco lo dicen
Por otra
parte, una de las cosas que resaltan en el video es lo que califican como la razón principal para la contratación del
crédito. Afirman que “fue la crisis económica mundial de 2008 que
agravó la situación que vivía México”.
Sin
embargo, seguramente para enfatizar aún más esa supuesta necesidad, en una transcripción del audio de ese video se hace una cita diferente ubicando el contexto
económico internacional un año atrás: “Fue la crisis económica mundial que se
dio en el 2007, cuyos síntomas empezaron a repercutir y agravarse en México a
partir del 2008”.
Sin
ahondar en detalles, solo basta decir que a la fecha de aprobación del
endeudamiento la crisis económica mundial aludida en el video aún no se
manifestaba en toda su magnitud y seguramente ni Hernández Flores ni nadie de su equipo tiene la capacidad para haber
vislumbrado y mucho menos anticipado un evento de esa naturaleza.
Además, el
dictamen de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública de
la LIX Legislatura del Congreso de Tamaulipas, aprobado el 15 de diciembre de
2007, en el que se reprodujo la iniciativa del entonces gobernador para
conseguir esos seis mil millones de pesos, en ninguna parte hace referencia al
contexto económico internacional. Ninguna cita al respecto.
Por el
contrario la iniciativa planteó un escenario estatal muy positivo.
Tras
indicar que la recaudación estimada por concepto del Impuesto sobre Nómina para el ejercicio fiscal
2008, serían de 938 millones 800 mil pesos afirma que “la proyección de esos
ingresos en un periodo de nueve años constituiría el soporte de
capitalización…estableciéndose como fuente de pagos de las obligaciones que
eventualmente se contraigan, los ingresos derivados de la recaudación del
impuesto sobre nóminas durante un horizonte de nueve años”.
Esa
percepción tan optimista los llevó a considerar factible un crédito pagadero a
nueve años.
Ahí se advierte
que el gobernador y su equipo no veían una contingencia en curso, por lo que el
decreto original autorizó conseguir los seis mil millones de pesos y
liquidarlos en nueve años.
En ese primer
decreto publicado en los primeros días de 2008 se estableció tal plazo pero poco más de una año después se expidió otro con varias reformas al
original, entre las que está la ampliación de la vigencia del crédito a 20 años.
Este último plazo resultaría el único dato real incluido en la “respuesta”
de Eugenio Hernández Flores.
Por lo demás, con la información disponible y aun con los faltantes de
datos en los calendarios de pago, se puede estimar
que el crédito terminará costándole a la población tamaulipeca casi 10 mil
millones de pesos.
¿Cuál mérito pretende entonces el ex gobernador
Hernández Flores? Además es fama pública
que prácticamente toda la obra pública ejecutada en su sexenio se la entregaron
a las empresas de sus amigos o de sus prestanombres.
Tanta diligencia para tratar de aclarar este asunto
debiera ponerla en atender las acusaciones criminales por las que a partir de
junio del 2016 se convirtió en prófugo de la justicia estadounidense.
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