Hace unos días, representantes de
la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), concesionaria del “Servicio Integral de Limpia”
en Reynosa, entregaron en las oficinas del Ayuntamiento un requerimiento de
pago por 300 millones de pesos como pena convencional por el supuesto
incumplimiento del municipio de sus obligaciones contractuales.
Como se recordará, en abril de
2010, el Ayuntamiento de Reynosa, representado por el entonces presidente
municipal por Oscar Luebbert Gutiérrez, firmó un contrato que le dio a PASA
facultades extraordinarias e ilegales que no solo ponían en desventaja al
municipio sino que pusieron en riesgo el interés social.
Aunque el contrato establece
procedimientos muy precisos para resolver los desacuerdos entre la empresa y el
ayuntamiento con relación a la liquidación de los servicios de recolección,
transporte y confinamiento de la basura doméstica, las partes acordaron
establecer una cláusula que permitía a la concesionaria suspender el servicio si
las autoridades incumplían con el pago respectivo.
El documento describe de manera
muy clara todos los pasos para que la empresa tramitara sus facturas. En caso de una diferencia señala los plazos y
la forma en que podía intentar resolverla, incluyendo la participación de un
conciliador externo. Indica que si
todos esos procedimientos resultaban infructuosos, las partes quedaban en
libertad de acudir a las instancias judiciales.
Sin embargo en perjuicio del
Ayuntamiento, la cláusula quinta le da una ventaja dolosa y abusiva a PASA permitiéndole
sin consecuencias legales “suspender parcial o totalmente la prestación de los
servicios objeto del presente contrato en caso de que el Ayuntamiento no cumpla
con el pago” de sus servicios.
Esa cláusula establece que la suspensión
de los servicios será considerada como causa justificada. Esta prerrogativa le otorgó a PASA una ilegal
protección contra las sanciones que le podían imponer cuando incurriera en irregularidades en la
prestación del servicio.
La concesión indica que cuando la
empresa incumpliera con sus obligaciones, el ayuntamiento quedaba facultado
para aplicarle las sanciones correspondientes, con excepción de la suspensión del
servicio por falta de pago.
En diciembre de 2010, último año
de la administración municipal encabezada por Luebbert Gutiérrez, PASA dejó de
recolectar los desechos domésticos porque el municipio le debía varios meses de
pago.
No hubo procedimiento
administrativo ni judicial para requerirlo. Se ampararon en la abusiva ventaja
que le concedió el Ayuntamiento a la
firma del contrato.
A partir de ahí, la empresa jamás
volvió a prestar el servicio que le había sido concesionado apenas siete meses
antes. Las siguientes administraciones
municipales, con muchas deficiencias, a través de terceros se hicieron cargo de
la recolección de los desechos sólidos urbanos.
Ahora de manera dolosa, casi
siete años después, sus representantes vuelven a Reynosa reclamando el pago de
la pena convencional establecida contra el ayuntamiento porque decidió prestar,
por conducto de terceros, los servicios que le fueron concesionados y que
abandonó desde fines de 2010.
La indemnización pactada es por
un monto igual al 40 por ciento de los servicios “que se hubieran facturado en
el periodo restante de la concesión”
Esa es la base del requerimiento
del pago de 300 millones de pesos que recién presentaron a las actuales
autoridades municipales. Ante este
reclamo, que seguramente la empresa intentara hacer valer ante los tribunales,
el Ayuntamiento debe pelear hasta con las uñas por el bien común involucrado.
Esta obligado a impedir a toda costa que la
negra herencia que dejó Oscar Luebbert Gutiérrez a su salida del municipio,
como algunas obras públicas que no
liquidó y que ya han costado millones de pesos a la actual administración, se
materialice en perjuicio de la sociedad.
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