El Ayuntamiento de
Reynosa, junto con “otros” fue demandado por el empresario Efrén López
Perales, propietario de la marca “Broncos de Reynosa”, quien reclama
daños y perjuicios por una suma multimillonaria argumentando que no pudo
finiquitar la promesa de compraventa que firmó con una empresaria
interesada en quedarse con esa marca denominativa.
El antecedente de la
acción legal contra del Ayuntamiento se remonta a diciembre de 2009 cuando dos
particulares y el municipio constituyeron la empresa “Grupo Deportivo Reynosa”
con el propósito de adquirir la franquicia del equipo de béisbol que durante
algunos años llevo precisamente el nombre de “Broncos de Reynosa”.
En una sesión de
cabildo, el mismo día en que se constituyó “Grupo Deportivo
Reynosa”, la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, encabezado
por Oscar Luebbert Gutiérrez como alcalde, le dieron autorización para el uso
de dinero municipal por un monto superior a 14 millones de pesos como
aportación para que el Ayuntamiento tuviera casi el 33 por ciento del capital
social de la empresa.
Terminada su
administración municipal, Luebbert Gutiérrez siguió involucrado en los asuntos
de “Grupo Deportivo Reynosa”. El Ayuntamiento sigue como dueño de la tercera
parte de la sociedad, pero ninguna de las siguientes tres administraciones
municipales, incluida la actual, sabe que ocurrió realmente con la empresa.
Salvo el acta
constitutiva, no existen registros de lo ocurrido con el dinero municipal
aportado ni de la inversión que se hizo para remodelar el parque. No tienen
reportes de pérdidas o ganancias, mucho menos del dinero de la venta del equipo
para que la franquicia fuera transferida a León, Guanajuato.
La disputa ´por la
marca “Broncos de Reynosa” inició en el 2010 cuando López Perales ocurrió ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar la
declaración administrativa de infracción contra “Grupo Deportivo Reynosa” por
estar lucrando con la marca de su propiedad.
En la demanda
presentada contra la actual administración municipal el empresario relata que
en junio de 2010, personal del IMPI realizó una visita de inspección en las
instalaciones del parque de béisbol “Adolfo López Mateos” sede de los “Broncos
de Reynosa” en la que aseguraron gorras, “jersey”, playeras y chamarras con el
nombre distintivo del equipo.
Indica que esa fecha
se demostró que “Grupo Deportivo Reynosa”, infringiendo sus derechos de
propiedad industrial comercializaba productos identificados con la patente,
modelo de utilidad y marca “Broncos de Reynosa” y “Todos somos Broncos”, cuyo
registro había recibido del IMPI en febrero de 2009.
Esta demanda presentada
recientemente contra el Ayuntamiento de Reynosa, precisa que el gobierno
municipal le ha provocado daños y perjuicios “puesto que al ser socio de la
persona moral Grupo Deportivo Reynosa…la conducta desplegada por los
demandados, impidió con su accionar” que vendiera la marca de su propiedad.
Refiere que había
firmado un contrato de promesa de compra venta con una empresaria interesada en
los derechos de la marca. Explica que el 2 de septiembre de 2014,
ella “desistió de su interés por adquirir la marca denominativa “Broncos de Reynosa”
en virtud de haber tenido conocimiento que dicho nombre se encontraba en
litigio”
López Perales se
duele que en esa ocasión perdió la oportunidad de vender los títulos
nominativos. El monto de los daños que le atribuye a sus demandados, entre
ellos el Ayuntamiento, está fijado en dólares, que calculado en pesos resulta
en una cantidad exorbitante y prohibitiva para el municipio.
El caso es que las
acciones de Oscar Luebbert Gutiérrez durante su segundo periodo como
alcalde ponen nuevamente en un predicamento legal a las autoridades municipales
en funciones.
Primero fueron varias
demandas de empresarios de la construcción que alegaron que en el 2010, último
año del segundo mandato de Luebbert Gutiérrez, no les pagaron obras que les
habían contratado.
Las ejecutorias de
las sentencias, ya sin posibilidad de combatirlas, sumaron en conjunto más de
50 millones de pesos, que las actuales autoridades del municipio tuvieron que
pagar a partir de diciembre de 2016.
Recientemente, la
empresa Promotora Ambiental de la Laguna les requirió el pago de 300 millones
de pesos argumentando violaciones al contrato de concesión por el servicio de
limpia, que Luebbert Gutiérrez en representación del Ayuntamiento firmó con
ellos en abril de 2010.
Ahora esto.
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