Recientemente, a nombre de la presidenta municipal electa de
Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, varias personas se reunieron con funcionarios de
la presidencia municipal de Reynosa para solicitarles que antes de irse promuevan
una reforma al código municipal.
La petición básicamente consistió en buscar que las
responsabilidades de los síndicos sean indistintas y no separadas como actualmente
lo establece el citado código en aquellos Ayuntamientos de Tamaulipas que
cuentan con dos de estos representantes populares.
Esta acción es parte de una maquinación para evitar que el ex
dirigente del PRD en Reynosa, Alfredo Castro Olguín, como primer síndico de la
administración que presidirá Ortiz Domínguez a partir de octubre, se encargue
de la fiscalización de la aplicación de los recursos municipales.
Por lo que se ha sabido, en las últimas semanas , Ortiz
Dominguez, el regidor electo Hugo Ramírez Treviño y el abogado Alexandro de la
Garza Vielma, estuvieron presionando al ex dirigente perredista para que
acepte que la segunda sindica, esposa del chofer de la alcaldesa electa, se
ocupe de las atribuciones legales que le corresponderán exclusivamente a él como
primer síndico.
Resulta preocupante este interés por evitar que Castro Olguín
asuma algunas de las facultades que le concede la legislación estatal, como a
cualquier primer síndico en cualquier ayuntamiento del estado, ya que tienen
que ver con la vigilancia del manejo de la hacienda municipal.
De acuerdo con el código municipal, corresponde exclusivamente
al primer sindico la facultad de vigilar que se aplique correctamente el
presupuesto y asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería;
revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal; vigilar que se
presente oportunamente la cuenta pública, para su revisión por el Congreso del
Estado y revisar y, en su caso, si está de acuerdo suscribir la información
financiera, contable, patrimonial y presupuestal integrante de la cuenta
pública municipal, entre otras.
Antes de pedir a funcionarios municipales en funciones, entre
ellos el secretario del Ayuntamiento, que busquen reformar el código para
ajustarlo a su muy particular interés por impedir que Castro Olguín vigile el
manejo del dinero municipal, literalmente lo acosaron para que consienta en intercambiar sus
funciones con la segunda síndica.
Eso evidencia su completo desconocimiento de la ley. Cualquier
acto ejecutado en las condiciones que quieren imponer sería nulo. Lo grave es que esa ignorancia pone en
contraste la prepotencia con la que
intentan apartar a Castro Olguín de sus atribuciones.
En el contexto actual de desvío y despilfarro de los recursos
públicos de Reynosa, tales acciones envían una muy preocupante señal sobre lo
que podemos esperar a partir de octubre.
Reynosa no aguanta más
de lo mismo.
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