La situación en la que están envueltos varios miembros de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional parece que es más complicada de lo que puede pensarse, particularmente por la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de hacer público que ordenó presentar una denuncia penal por los actos indebidos que se les imputan.
En una acción inusitada, la dirigencia nacional difundió en su página de internet un segundo documento en el que se expone su postura con relación a su acuerdo de suspender la elección del presidente estatal del partido. Ahí expone que esa determinación se fundamenta en sus atribuciones estatutarias
Sin embargo lo que llama la atención es que en ese comunicado se informa que el CEN instruyó a la dirección jurídica del partido para que presente una denuncia, contra quien resulte responsable “ante las instancias de procuración de justicia en el estado a fin de que se investigue el caso y se deslinden responsabilidades”
Es obvio que la denuncia que señala el comunicado está relacionada con lo que el propio CEN ha calificado como “alteración” de la contabilidad del partido en Tamaulipas, que entre otras acciones se hizo mediante la expedición “dolosa” de cheques con cargo a la tesorería de la dirigencia estatal.
En medio de esta situación el presidente del Comité Directivo Estatal, Francisco Garza de Coss, uno de los presuntos responsables del mal uso de los recursos del partido, insiste en que todo lo que se ha publicado sobre el caso es una campaña de desprestigio orquestada por el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Francisco García Cabeza de Vaca.
“No se puede tumbar a un presidente estatal a base de periodicazos o estarlo difamando, ni que fueran moscas”, declaró recientemente.
Resulta claro que casi toda la información sobre la mala actuación de Garza de Coss y de otros miembros de la dirigencia estatal trascendió efectivamente por razones políticas. En un contexto de profundas divisiones internas eso es entendible.
Garza de Coss en parte tiene razón: Hay grupos dentro del PAN que tienen un marcado interés por desacreditarlo. Su problema es que todo lo que le imputan derivó en una investigación interna que concluyó con la recomendación de que se les apliquen sanciones estatutarias y que se presente una denuncia penal por este caso.
No quiere ver que toda la información que, dice con razón, se difundió con la intención de desprestigiarlo aún más, el CEN la confirmó y no solo eso, la hizo pública.
Debe concentrase en lo importante y preparar su defensa legal. Tiene que entender que una cosa es lo político y otra lo legal, que pudiera convertirlo en indiciado por la presunta comisión de delitos.
Otro que ha hecho un mal cálculo del asunto es el ahora ex tesorero del PAN en el estado, Arturo García Carrizales, quien ante el escándalo renunció a su cargo e incluso a su militancia panista.
Con eso seguramente pretende quedar a salvo de una sanción estatutaria.
Lamentablemente para él su renuncia al partido no lo exime de una probable responsabilidad penal.
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