El titular de la Secretaria de Educación del Gobierno de Tamaulipas, Diodoro Guerra Rodríguez, anunció que retendrán el pago al personal que cobra en la dependencia pero por estar en comisión no realiza tareas docentes.
El funcionario estatal ha señalado que todos esos trabajadores deberán demostrar su situación laboral, lo que resulta extraño porque la dependencia está obligada a tener actualizada la base de datos del personal del sistema educativo que se encuentra comisionado y con licencia, cuando menos de aquellos cuyas percepciones se paguen con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
La autoridad educativa de Tamaulipas, tiene la obligación legal de contar con información precisa del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino.
Las obligaciones de la Secretaria de Educación del gobierno estatal en materia de transparencia comprenden la de poner todos esos datos para consulta pública en su página de internet, cosa que no ha ocurrido a pesar de que debe hacerlo dentro de los 20 días naturales siguientes al trimestre correspondiente.
¿Por qué Guerra Rodríguez hace ese tipo de declaraciones cuando es la dependencia a su cargo la que debe tener plenamente identificados a aquellos trabajadores de la educación que se encuentran en comisión en tareas sindical o realizando funciones administrativas?
El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación obliga a las entidades del país a tener disponible todo lo referente al número de plazas y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes en sus sistemas educativos.
Los gobiernos estatales también deben proporcionar a la Secretaria de Educación Pública, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de quienes ocupan esas plazas, así como el número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, y el pago que reciben por concepto de servicios personales.
Entonces ¿Por qué exigir a los trabajadores que sean ellos quienes deben proporcionar los elementos que les permitan acreditar las actividades que realizan con cargo a la nomina de la Secretaría de Educación en Tamaulipas?
Si las declaraciones de Guerra Rodríguez están fundadas realmente en el desconocimiento de toda esa información el asunto entonces es preocupante.
Si le rasca un poco va a encontrar antecedentes del dineral que destina al el pago de trabajadores de la educación comisionados en actividades distintas por las que se les ha contratado.
Por ejemplo en el primer trimestre de 2010, la Secretaria de Educación del gobierno estatal reportó en comisión a 261 inspectores generales de secundaria, cuyas plazas se encontraban en los municipios de Reynosa y Ciudad Victoria,
Durante ese primer trimestre del año pasado, ese personal, 193 comisionados a tareas sindicales en la sección estatal del SNTE y 68 en actividades administrativas en la propia dependencia, generó una erogación de poco más de 13 millones de pesos.
Ese grupo de personas, representaba el 15 por ciento del total de trabajadores de la educación que a principios del 2010 fueron reportados como comisionados.
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