A casi quince días de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, diversas autoridades han revelado muchos aspectos sobre los sistemas de vigilancia y control que hay en ese centro de reclusión y al menos dos especiales usados para reforzar el monitoreo de sus movimientos.
Parece que cuanto más se explica acerca de la tecnología, infraestructura y procedimientos utilizados para el resguardo de los reclusos, más se refuerza la imagen popular sobre las habilidades e inteligencia de El Chapo, cuya figura es utilizada para criticar, denostar y burlarse del gobierno.
La minuciosa descripción hecha por altos funcionarios federales no logra el objetivo evidente de demostrar la fortaleza de la, hasta antes de la fuga, efectiva operación de esa cárcel de máxima seguridad.
Nada de lo informado abona para amortiguar el descrédito que ese hecho causó al gobierno mexicano.
Al contrario.
El cese de algunos funcionarios de nivel medio y la consignación de varios custodios del penal, estos por su presunta complicidad en la fuga, no aportará elementos de descargo para el gobierno.
Lo anterior porque la gente asocia la huida de El Chapo a la corrupción que hay en el sistema de seguridad y además porque pocos creen que los hechos difícilmente ocurrieron sin la vinculación de funcionarios de niveles más elevados.
Por eso, la postura asumida por los miembros del gabinete del área de seguridad del gobierno federal en ese afán de reducir los daños que les causa la fuga de Guzmán Loera, se parece más bien a una especie de apología invertida.
Lo peor de todo es que aparentemente en el ambiente de la sucesión del 2018, El Chapo ya desató una guerra entre los más encumbrados colaboradores del presidente Peña Nieto
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