El gobierno de federal ha anunciado que en varias entidades del país, la ultima Chiapas, se ha alcanzado la meta de cobertura universal de salud a través del Seguro Popular, como parte de la estrategia para atender las carencias de la población más vulnerable.
La promoción de este esquema de aseguramiento público señala que es un instrumento para brindar protección financiera en materia de salud a todas las familias y personas que por su condición laboral y socio económica no son derecho habientes de seguridad social.
Se lee bien, pero la realidad es distinta. Si bien pudo haberse llegado a la cobertura universal en varios estados esto no necesariamente se puede reflejar en el acceso oportuno de los asegurados a los servicios de salud.
En los últimos años se ha dado una masificación de la inscripción de las familias pobres a este programa. Debido a que los costos que deben pagar son mínimos y los trámites relativamente sencillos, millones de personas ahora son beneficiarios de los servicios de salud del estado.
El problema es que la inversión en infraestructura médica del gobierno no es suficiente y la demanda ha superado ampliamente la capacidad de las clínicas y hospitales del sector salud. La ya de por si deficiente calidad que existía en buena parte de esos servicios empeoró en la proporción en que fue creciendo la demanda que les impuso el Seguro Popular.
La cobertura universal a través de este aseguramiento diríamos que es relativa. Puede ser que la población abierta de esos estados efectivamente haya logrado su inscripción en el programa, pero eso es diferente a que puedan tener acceso oportuno y eficiente a los servicios de medicina preventiva y particularmente de la medicina curativa.
El anuncio de la universalidad de la cobertura es más bien un asunto de números gruesos, como en la llamada macroeconomía.
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