El condenable atentado perpetrado durante la celebración de El Grito en Morelia, Michoacán desató una ola, más que justificada, de indignación en todo el país. Las imágenes de los muertos y heridos causaron una conmoción generalizada. El crimen recibió una unánime reprobación en todo el territorio nacional.
En el contexto de la creciente violencia relacionada con el crimen organizado, la noche del 15 de septiembre marcó un vergonzoso precedente: La agresión directa contra personas ajenas a las actividades vinculadas a la disputa y los ajustes entre los grupos por el control de las regiones estratégicas, principalmente para el tráfico de drogas.
El gobierno federal, los gobiernos estatales y congresos de los estados, por ejemplo, inmediatamente mostraron su indignación por este incalificable incidente. La indignación expresada fue clara y contundente. El enfado vehemente se esparció a los medios de comunicación. Que no cupiera duda sobre la firmeza de la recriminación oficial por lo ocurrido en Morelia.
Sin embargo esta ola de violencia, antes y después del 15 de septiembre, ha golpeado a personas sin vínculos con actividades delictivas. Para la mayoría no hubo mucho más allá de la cobertura noticiosa.
Muchas de esas víctimas, fueron muertas por elementos del ejército asignados a tareas diversas de seguridad pública. En Tamaulipas los militares han cometido múltiples agresiones fatales en contra de particulares ajenos a la delincuencia organizada. Se trata de asesinatos cometidos sobre seguro, sin que mediara peligro real e inminente para los soldados agresores. En muchos casos, los responsables, además de entorpecer la intervención de las autoridades civiles, abiertamente manipularon los hechos para evadir responsabilidades. Hasta ahora todos esos asesinatos están impunes.
La tarea que les encomendaron para restaurar el orden público y enfrentar al crimen organizado, ha tenido gravísimas consecuencias en perjuicio de la sociedad civil y ha contribuido a elevar los índices de inseguridad pública en el país, y en regiones como Tamaulipas.
Tan reprobable lo ocurrido en la trágica noche de Morelia, como lo que ha sucedido en otras regiones del país con esos homicidios cometidos por elementos militares. ¿Será que el gobierno estima que los muertos en estos incidentes son un daño colateral de las acciones realizadas por el ejército en contra de la delincuencia? ¿Estos actos brutales contra civiles acaso no son propios de delincuentes?
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