Un verdadero escándalo le tronó al secretario de Educación del Gobierno de Tamaulipas por las denuncias de promesa de venta de plazas laborales en la dependencia a su cargo. El detonante fue la indignación de decenas de personas, muchos de ellas maestros, que pagaron diversas cantidades para que les consiguieran trabajo en esa dependencia y que finalmente no lo obtuvieron
Manuel Assad Montelongo, no saldrá bien librado de este bochornoso asunto. El nivel que está tomando el asunto, en el que las autoridades educativas no podrán alegar que la mujer señalada como quien recibía los pagos por este ilícito negocio operaba sola, tendrá consecuencias mayores.
Manuel Assad Montelongo, no saldrá bien librado de este bochornoso asunto. El nivel que está tomando el asunto, en el que las autoridades educativas no podrán alegar que la mujer señalada como quien recibía los pagos por este ilícito negocio operaba sola, tendrá consecuencias mayores.
Aunque seguramente se tratará de echar a andar una estrategia de control de daños, el secretario deberá pagar costos. Cuando menos el aparecer como un funcionario completamente ignorante de los entresijos de la dependencia a su cargo. Alguien que no controla el desorden doméestico.
En este caso, las autoridades ministeriales, que ya recibieron denuncias penales contra Nelly García Blanco, tienen un trabajo muy interesante. Por lo que se ha conocido sobre las denuncias, a la empleada de la Secretaría de Educación de Tamaulipas le imputan el delito de fraude. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en la entrega del dinero que medió en estas transacciones fallidas, los quejosos la hicieron con el propósito de lograr un beneficio personal mediante la ejecución de actos contrarios a la ley.
Es decir, entre García Blanco y sus supuestos afectados, más probablemente hubo una voluntad de coludirse o llevar a cabo actos de corrupción que irían en perjuicio de la sociedad toda vez que el bien comerciado eran empleos con cargo al erario de Tamaulipas. Entonces, quizá, el tipo de conductas desplegadas por ambas partes encuadrarían en la comisión del delito de cohecho, mismo que implica responsabilidad penal tanto para el agente activo como para el pasivo.
Quienes se dicen defraudados, no desconocían que el trato con García Blanco implicaba que para obtener lo que pagaban deberían realizarse actos contrarios a las normas legales. Que su conducta implicaba tratar de obtener una ventaja torciendo la ley. Una revisión concienzuda del caso tendría que derivar en una probable responsabilidad penal de los acusadores de la hoy conocida como “La vende plazas”.
Sin conocer detalles sobre las denuncias presentadas, resulta previsible que señalaron que le dieron dinero a García Blanco a cambio de una promesa de trabajo en el sector público. Denuncian ante el ministerio público que obraron mal pero que son víctimas porque no les cumplieron lo ofrecido. En otras palabras, como dice el refrán, le están diciendo a las autoridades que “le agarraron la pata a la vaca”.
En este caso, las autoridades ministeriales, que ya recibieron denuncias penales contra Nelly García Blanco, tienen un trabajo muy interesante. Por lo que se ha conocido sobre las denuncias, a la empleada de la Secretaría de Educación de Tamaulipas le imputan el delito de fraude. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en la entrega del dinero que medió en estas transacciones fallidas, los quejosos la hicieron con el propósito de lograr un beneficio personal mediante la ejecución de actos contrarios a la ley.
Es decir, entre García Blanco y sus supuestos afectados, más probablemente hubo una voluntad de coludirse o llevar a cabo actos de corrupción que irían en perjuicio de la sociedad toda vez que el bien comerciado eran empleos con cargo al erario de Tamaulipas. Entonces, quizá, el tipo de conductas desplegadas por ambas partes encuadrarían en la comisión del delito de cohecho, mismo que implica responsabilidad penal tanto para el agente activo como para el pasivo.
Quienes se dicen defraudados, no desconocían que el trato con García Blanco implicaba que para obtener lo que pagaban deberían realizarse actos contrarios a las normas legales. Que su conducta implicaba tratar de obtener una ventaja torciendo la ley. Una revisión concienzuda del caso tendría que derivar en una probable responsabilidad penal de los acusadores de la hoy conocida como “La vende plazas”.
Sin conocer detalles sobre las denuncias presentadas, resulta previsible que señalaron que le dieron dinero a García Blanco a cambio de una promesa de trabajo en el sector público. Denuncian ante el ministerio público que obraron mal pero que son víctimas porque no les cumplieron lo ofrecido. En otras palabras, como dice el refrán, le están diciendo a las autoridades que “le agarraron la pata a la vaca”.
Si se actuara debidamente, estos que se dicen defraudados tendrían que pasar a ser indiciados y más allá, las dádivas que entregaron, en caso de ser recuperadas, como lo señala la ley tendrian que entregarse a beneficio del estado.
Ahora, también es indispensable que las autoridades investiguen, realmente a fondo, sobre el alcance de la participación de otros servidores públicos de la Secretaría de Educación en estas maquinaciones. Aunque hasta ahora no se conoce si García Blanco efectivamente “vendió” y entregó alguna plaza en el sector educativo, resultaría poco creíble que eso no haya ocurrido. Si no fuera así, no podría entenderse la cadena de recomendaciones que la llevaron a tener tanta demanda a sus servicios.
Lo más sano es que Assad Montelongo ofrezca las más amplias facilidades a la procuraduría estatal para que se aclare este caso. Aunque de cualquier manera su omisión ya le cuesta caro.
1 comentario:
El delito, que cometieron los que pagaron por un puesto de trabajo, a ese que usted hace referencia en su comentario, se llama: Necesidad, desempleo desesperación.
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