Tras el aumento de la violencia en varias regiones del país, el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, propuso que se revise la posibilidad de suspender garantías constitucionales y aplicar el estado de excepción.
El Artículo 29 de la Constitución señala que “ en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarias de estado y la procuraduría general de la república y con la aprobación del congreso de la unión y, en los recesos de este, de la comisión permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación..”
Tal propuesta, implicaría que las garantías de la población serían el precio a pagar por la incapacidad del estado para hacer frente a sus responsabilidades. Precio que por cierto ya se está pagando por la participación del ejército en tareas de seguridad pública.
En la región norte de Tamaulipas, abundan ejemplos de cómo esta militarización ha dejado cruentos saldos entre la población civil. El emblemático caso conocido “Puente Broncos” es uno de ellos. Tres civiles y un agente de la PFP resultaron muertos en ese incidente ocurrido el mes de mayo de 2005 en Reynosa. Una recomendación de la CNDH demostró que los civiles fueron literalmente ejecutados y el elemento policiaco, muerto por el fuego de sus propios compañeros, todos militares asignados a la corporación.
La CNDH encontró que todas las pruebas fueron alteradas para ocultar el crimen con la intención de hacerlo pasar como el resultado de un enfrentamiento de los elementos de la PFP con presuntos “sicarios” del narcotráfico, como lo informó un boletín emitido por la dependencia federal.
El 18 de febrero del año pasado, decenas de personas irrumpieron en la presidencia municipal de Reynosa, exigiendo justicia por el asesinato de Sergio Meza Varela a manos de elementos del ejército.
La multitud, que formaba el cortejo fúnebre de Meza Varela, ingresó con el ataúd al edificio municipal buscando al presidente municipal. Meza Varela, fue atacado por un pelotón de soldados cuando este trató de evitar un retén que habían instalado en el sector norte de la ciudad. Tras la agresión los elementos militares huyeron.
La militarización de las tareas civiles de seguridad pública es en sí un acto contrario a la constitución. Ahora que ha fracasado, ¿tendriá que pagar la sociedad el costo con la suspensión de sus derechos fundamentales?
El Artículo 29 de la Constitución señala que “ en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarias de estado y la procuraduría general de la república y con la aprobación del congreso de la unión y, en los recesos de este, de la comisión permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación..”
Tal propuesta, implicaría que las garantías de la población serían el precio a pagar por la incapacidad del estado para hacer frente a sus responsabilidades. Precio que por cierto ya se está pagando por la participación del ejército en tareas de seguridad pública.
En la región norte de Tamaulipas, abundan ejemplos de cómo esta militarización ha dejado cruentos saldos entre la población civil. El emblemático caso conocido “Puente Broncos” es uno de ellos. Tres civiles y un agente de la PFP resultaron muertos en ese incidente ocurrido el mes de mayo de 2005 en Reynosa. Una recomendación de la CNDH demostró que los civiles fueron literalmente ejecutados y el elemento policiaco, muerto por el fuego de sus propios compañeros, todos militares asignados a la corporación.
La CNDH encontró que todas las pruebas fueron alteradas para ocultar el crimen con la intención de hacerlo pasar como el resultado de un enfrentamiento de los elementos de la PFP con presuntos “sicarios” del narcotráfico, como lo informó un boletín emitido por la dependencia federal.
El 18 de febrero del año pasado, decenas de personas irrumpieron en la presidencia municipal de Reynosa, exigiendo justicia por el asesinato de Sergio Meza Varela a manos de elementos del ejército.
La multitud, que formaba el cortejo fúnebre de Meza Varela, ingresó con el ataúd al edificio municipal buscando al presidente municipal. Meza Varela, fue atacado por un pelotón de soldados cuando este trató de evitar un retén que habían instalado en el sector norte de la ciudad. Tras la agresión los elementos militares huyeron.
La militarización de las tareas civiles de seguridad pública es en sí un acto contrario a la constitución. Ahora que ha fracasado, ¿tendriá que pagar la sociedad el costo con la suspensión de sus derechos fundamentales?
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