La Universidad Autónoma de Tamaulipas enfrenta un grave problema financiero para el pago de pensiones de sus ex trabajadores debido, entre otros factores, al insuficiente monto de reservas que tiene para la liquidación de esas prestaciones y porque su sistema de pensiones tiene una marcada tendencia a la generación de pasivos.
De acuerdo con documentación de la Auditoría Superior de la Federación, en el 2006 la UAT contaba con 5 860 trabajadores activos que representan una erogación anual de poco más de 670 millones de pesos para la liquidación de salarios.
La nómina anual de la institución para el pago a sus 281 pensionados y jubilados se calculó en unos 30 millones de pesos. El promedio de la pensión que reciben los ex trabajadores de la UAT es de 9 mil pesos mensuales. Las más bajas son de 2 mil 700 pesos y las más altas por 39 mil pesos mensuales.
Además en el 2006 la universidad tenía a 41 trabajadores con derecho a pensión y en espera de recibir este beneficio laboral. Estos 41 empleados representaba el 14 por ciento del total de jubilados de la UAT y se dictaminó que significaba una proporción alta de trabajadores jubilables respecto de los jubilados y que podría incidir en su situación financiera al enfrentar en el futuro cercano un incremento en el pago de nóminas de jubilados y pensionados.
Un serio riesgo para las finanzas de la institución es que, a pesar de ser necesario y estar obligada la institución a hacerlo, la administración de la UAT no ha suprimido el sistema de pensiones dobles con que cuenta. Este esquema pensionario es una onerosa carga económica para la universidad y le resta viabilidad económica.
El sistema de pensiones dobles implica que la UAT pague directamente una pensión a sus ex trabajadores y por otra parte tenga que hacer frente parcialmente a las cotizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que asume el compromiso financiero de esas obligaciones laborales.
Entre 2002 y 2006, la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibió casi 153 millones de pesos del Fondo de Apoyo Extraordinario que el gobierno federal destinó para que las universidades públicas del país desarrollaran proyectos para disminuir los pasivos generados por sus sistemas de pensiones, pero la institución no cumplió con su compromiso de abandonar este sistema de pensiones dobles.
Aunque las autoridades universitarias hicieron algunas modificaciones como la de establecer condiciones para la jubilación, que al sumar la edad de jubilación del trabajador y sus años de servicio de igual 90 años, otras que resultan indispensables no se realizaron.
Además de que no se suprimieron las pensiones dobles, grave error que amenaza sus finanzas, en forma inexplicable las autoridades de la UAT tampoco cumplieron con otras obligaciones adquiridas para disminuir sus pasivos laborales.
No existe información disponible de que, por ejemplo, en el Reglamento de Pensiones por Jubilación para el Personal Académico de Carrera al servicio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hayan desaparecido las pensiones dinámicas. Este sistema, establecido en el artículo quinto del citado reglamento, al permitir que se incremente el sueldo base del pensionado en el mismo porcentaje que aumente el sueldo base de los trabajadores en activo que corresponda a la misma categoría, genera una presión financiera que tiende a volverse insostenible.
A pesar de que es considerada un factor que genera mayores riesgos financieros a las universidades, la UAT mantiene este esquema de pensiones dinámicas.
De acuerdo con estimaciones de la Auditoria Superior de la Federación, todo este entorno de ineficiencias en su sistema de pensiones provocará que a partir del 2013 la Universidad Autónoma de Tamaulipas empiece a perder sostenibilidad financiera para cumplir con estos pasivos laborales.
Es evidente que el periodo de suficiencia que tiene la UAT para que las reservas y las cotizaciones aún alcancen para hacer frente a los compromisos que tiene por pensiones es de corto plazo. En cuatro años requerirá mayores recursos para evitar que estas obligaciones le generen una crítica situación financiera.
Por ley, el rubro de gastos relacionados con las pensiones y jubilaciones queda excluido del subsidio ordinario que reciben las instituciones públicas de educación superior, por lo que este concepto se financia con las cuotas y aportaciones de los trabajadores o con los ingresos propios de las universidades, que en el caso de la de Tamaulipas, según datos del segundo informe del rector José María Leal Gutiérrez, en el 2006 ascendieron a poco más de 401 millones de pesos.
A punto de entrar en un estado de insolvencia su fondo de pensiones y al no poder financiarlo con otras fuentes de sus ingresos, la administración central de la Universidad Autónoma de Tamaulipas enfrenta un serio predicamento. El escenario es complicado porque tras recibir recursos fiscales para ese propósito no ha cumplido con todas las recomendaciones que le marcaron para sanearlo.
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