El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhibió la podredumbre de los tres últimos gobiernos mexicanos en materia de derechos humanos, principalmente de los que encabezaron Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quezada.
El organismo internacional dictó una sentencia condenatoria contra el gobierno mexicano por el caso de la indígena guerrerense Inés Fernández Ortega, quien denunció violencia y persecución contra los pueblos indígenas y la agresión sexual que sufrió por parte de elementos del ejército mexicano en el 2002.
Tras múltiples acusaciones en contra de la administración de Felipe Calderón por resistirse a cumplirla, finalmente representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República encabezaron en Guerrero el “Acto de reconocimiento de responsabilidad internacional de México por violaciones a derechos humanos”.
Hay quienes quieren publicitarlo como una acción loable del gobierno federal, cuando lo cierto es que no fue nada más que el cumplimiento forzado de la sentencia de la corte. No había más que hacer.
¿Quién puede ufanarse del acatamiento de un mandato legal? Solo los políticos.
Fernández Ortega es integrante de una organización que en 1998 denunció que un grupo de militares asesinó a once indígenas en el municipio de Ayutla, Guerrero. Además de este crimen masivo también acusó al gobierno de Ernesto Zedillo de practicar esterilizaciones forzadas de hombres a cambio de entregarles beneficios de programas sociales.
La sentencia de la corte internacional recogió las acusaciones de Fernández Ortega, quien en el 2002 fue violada por elementos del ejército, como parte de actos de represión en su contra y como medio de tortura para que revelara el paradero de su esposo, también integrante de la misma organización a la que ella pertenecía.
El ordenamiento internacional desenmascara el verdadero rostro del poder en México. Un poder, que, independientemente de la filiación o colores, puede caer en los peores excesos.
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