El gobernador electo Egidio Torre Cantú recibirá una deuda directa de 7 mil millones de pesos, compuesta por dos créditos bancarios, uno con Bancomer por mil millones pagadero a 15 años y otro por 6 mil millones contratado con Banorte.
El pago del primero está garantizado con recursos provenientes de las participaciones federales que le corresponden al estado y el segundo con los ingresos presentes y futuros de la recaudación del impuesto sobre nóminas.
El empréstito contratado con Banorte contempla un plazo de liquidación a 20 años, pero con un periodo máximo de 30 años. Para el servicio del crédito, el gobierno de Tamaulipas constituyó un fideicomiso cuyo patrimonio está formado principalmente por la afectación del 100 por ciento de los ingreso derivados del impuesto mencionado.
Para ese propósito el gobierno estatal firmó convenios con los bancos que recaudan esa contribución para que en forma directa transfieran al fideicomiso los recursos que reciban.
La empresa calificadora Fitch Ratings México refiere que entre las características del crédito están el plazo de 20 años, pagos trimestrales de intereses y capital crecientes, iniciando el pago de capital en enero de 2011, un fondo de reserva equivalente al 100 por ciento de tres pagos de capital e interés, entre otros.
Hace unos días al calificar la calidad crediticia de Tamaulipas con perspectivas estables, la empresa refirió que entre los factores positivos que apoyan dicha calificación están, “el adecuado control del gasto operacional en el período de análisis, los sobresalientes niveles de ahorro interno e inversión, esta última apoyada con disposiciones de deuda y una adecuada recaudación de ingresos estatales”.
También cita que entre los factores que limitan la calificación se encuentran los crecientes niveles de endeudamiento relativo y sostenibilidad de la deuda, la dependencia de ingresos federales, altos niveles de inseguridad que podrían afectar directamente la actividad económica en la entidad y posibles contingencias en el largo plazo, relacionadas con el sistema estatal de pensiones.
Con relación a este último tema Fitch Ratings México indica que la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas recibe “una aportación anual de 16% de la nómina de los trabajadores activos (10% Gobierno del Estado, 6% Trabajadores)”
La valuación de la calificadora señala que la UPYSSET cuenta con un fondo de reserva por 2 mil 959 millones de pesos y que en el último estudio actuarial realizado por un despacho externo refleja un periodo de suficiencia hasta el 2019. Indica que a partir de esa fecha el gobierno estatal tendría que hacer aportaciones extraordinarias, pudiendo representar una contingencia para las finanzas estatales en el largo plazo.
Otro componente de los compromisos financieros del estado es la deuda indirecta del gobierno estatal que al mes de junio de 2010 ascendía a poco más de 943 millones de pesos correspondientes a los pasivos de varios ayuntamientos, organismos operadores de agua y drenaje y del organismo paraestatal Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo.
Por cierto, este último concentra poco más de la tercera parte de la deuda indirecta del estado. De un crédito contratado con Bancomer en el 2007 por un monto de 366 millones 693 mil pesos, el instituto adeuda poco más de 332 millones de pesos, pagaderos al 2024.
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