El asesinato de 48 jóvenes en la última semana, cometidos en distintos hechos ocurridos en Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic y el Distrito Federal, para el gobierno federal “confirma” que su lucha contra la delincuencia “es necesaria”.
Durante su intervención en el “Segundo Congreso Nacional Cultura de la Legalidad, Informática Jurídica y Derecho Informático”, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora aseguró que “…esto (los asesinatos) nos reafirma que juntos, sociedad y gobierno, debemos apostar por las instituciones y la vía de la legalidad para poner un alto a las conductas que buscan intimidar, paralizar a la autoridad y doblegar al Estado”.
Lo dicho por el funcionario federal corresponde a un discurso convenenciero. Aprovechan estas tragedias en las que perdieron la vida esos muchachos, para apuntalar la posición del gobierno de la república de que su estrategia contra los grupos delincuenciales es a rajatabla. Cueste lo que cueste.
La responsabilidad del estado está perfectamente señalada en la legislación vigente. Una de las tareas de la autoridad federal es la de garantizar la seguridad y el disfrute de todas las libertades que consagra la constitución.
La seguridad pública es una de las funciones de la federación y comprende, según el texto constitucional, la prevención de los delitos y la investigación y persecución para hacerla efectiva.
Es un deber ineludible, inexcusable. Utilizar hechos tan lamentables como abominables para decir que son la confirmación de la necesidad de que el estado siga cumpliendo con su mandato es una imprudencia. Es cinismo.
En su discurso el secretario de Gobernación expresó que aprovechaba el foro para “condenar, de manera enérgica los actos criminales que se han dado en días recientes: en el Centro de Rehabilitación El Camino, en Tijuana; en Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez; en Nayarit, y apenas hace unas horas, de nueva cuenta en Ciudad Juárez y ahora en el Distrito Federal”.
La función del estado se basa en el derecho objetivo que nos rige. En las atribuciones y restricciones que le señala la ley. En su obligación de cumplirla y en su potestad de hacer cumplirla. Ajena completamente a la subjetividad de las calificaciones de tipo moral con las que Blake Mora construyó esa parte de su discurso.
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