La posición del ahora ex presidente municipal nunca fue más allá de meras expresiones públicas. No tuvo el más mínimo interés de actuar frente a una situación, que planteada de esa manera por la autoridad ameritaba una acción enérgica para cesarla.
Luebbert terminó su mandato reconociendo que había un fuerte adeudo con la empresa, pero acompañaba sus declaraciones con esa descalificación contra la concesionaria, endosándole la responsabilidad de las consecuencias de la cancelación del servicio de limpieza.
Sin embargo a la luz de la revisión del contrato que Luebbert Gutiérrez firmó en abril del año pasado como parte de los representantes legales del ayuntamiento, inmediatamente se concluye que el ahora ex alcalde, primero ocultó las condiciones ventajosas que se pactaron a favor de Pasa y segundo, que mintió en forma contumaz cuando aseguraba que los representantes de la concesionaria actuaron unilateralmente al suspender el servicio.
Como en cualquier contrato, en este hubo un acuerdo de voluntades que le dieron a la empresa las armas para que en caso de que el municipio no le pagara la prestación de sus servicios, sin ninguna complicación legal pudiera abandonar parcial o totalmente sus obligaciones de recoger la basura.
Por eso nunca hicieron nada para forzar la reanudación del servicio. Habían entregado de pechito todas las ventajas posibles a la concesionaria. En perjuicio de la sociedad, como ahora ocurre desde la penúltima semana de diciembre, firmaron un contrato lesivo para el ayuntamiento y en consecuencia para la población.
El muladar en que se ha convertido la ciudad, con cientos de toneladas de desperdicios sólidos tiradas a cielo abierto incluso en zonas densamente pobladas o concurridas, es consecuencia de esos arreglos abusivos que se mantuvieron a buen recaudo por obvias razones: se sentaban las condiciones para una potencial afectación social si el municipio incumplía con el pago comprometido a Pasa.
En todo el contrato se pusieron candados que impedirían a las autoridades ejercer acciones en contra de la concesionaria en el supuesto de que por la morosidad del municipio esta se acogiera a la facultad que sorprendentemente le dieron Luebbert Gutiérrez y quienes lo acompañaron como representantes legales del gobierno de Reynosa.
Es entendible que la empresa buscara garantizar que el municipio cumpliera con su parte del contrato. Que el pago de sus servicios quedara garantizado. El contrato señala diversos mecanismos para dirimir las controversias que se puedan presentarse con relación al monto de las facturas exhibidas por la empresa.
Incluso en caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo cuando el municipio no reconozca las pretensiones económicas de la concesionaria, el documento contempla la posibilidad de que las partes convengan la participación de un tercero en calidad de conciliador.
Hasta ahí las condiciones diríamos que son razonables. Pero haber aceptado que la empresa abandonara los desechos sólidos en la vía pública por la falta de pago por sus servicios realmente es un exceso que cometió el ahora ex alcalde.
Su firma sometió los intereses de la comunidad ante los de un grupo empresarial que ya mostró que no tiene el más mínimo sentido de responsabilidad social. Sus pretensiones económicas no satisfechas durante casi un mes están provocando una crisis sanitaria y ambiental.
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