El Ayuntamiento de Reynosa en medio de una crisis generada por la empresa Promotora Ambiental de la Laguna al suspender el servicio de limpieza por un adeudo de 27 millones de pesos, prepara una propuesta de pago a la concesionaria para que lo reanude.
Con apenas once días al frente del gobierno municipal, el alcalde Everardo Villarreal Salinas se encuentra entre la espada y la pared. Los ventajosos términos del contrato que firmó su antecesor a favor de la empresa no le dejan mucho margen de maniobra para resolver el grave problema sanitario y ambiental provocado por el concesionario.
A la par que intentan resolver la controversia, que para la empresa es de carácter estrictamente económico y nada más, las autoridades están recogiendo parte de la basura que se genera en la ciudad usando camiones recolectores rentados y equipo del municipio.
Sin embargo, esta medida emergente ordenada por el alcalde, que se realiza por un elemental interés social, podría darle a la empresa la oportunidad de ejercer acciones legales en contra del Ayuntamiento.
Como se sabe, la base de la criminal acción de Promotora Ambiental de la Laguna es la increíble facultad que el contrato le da para suspender la recolección de desechos sólidos en la mancha urbana en caso de que el municipio no cumpla con el pago por sus servicios.
El contrato protege a la empresa de sanciones, penas convencionales e incluso la cancelación del servicio por causas relacionadas con la prestación irregular del servicio en el caso, como ocurre desde hace casi un mes, de que pare la recolección por falta de pago.
La clausula quinta del contrato permite a la concesionaria ejercer liberalmente esa facultad y señala que si lo hace, la suspensión del servicio se considera como causa justificada. Por si no fuera poco el exceso de ventaja para la empresa, este último punto la pone en la posibilidad de atacar legalmente al municipio.
La clausula vigésima octava de ese instrumento refiere que “Si el Ayuntamiento sin causa justificada decretara la terminación del presente contrato de concesión, decide prestar directamente o por conducto de tercero, todo o en parte los servicios…indemnizará al concesionario por un monto igual al 40 por ciento de la contraprestación de los servicios que se hubieran facturado en el periodo restante de la concesión…”
Entonces la decisión del municipio de empezar a recoger el muladar provocado por la insensibilidad social de la concesionaria hasta no recibir su pago, se convierte en un incumplimiento contractual a favor de la empresa.
Como en los términos del documento, Promotora Ambiental de la Laguna suspendió sus servicios justificadamente entonces al prestarlos de manera directa en razón de la contingencia que se vive en la ciudad, las autoridades lo hacen injustificadamente.
A pesar del interés público comprometido, el municipio está violando el contrato. Inconcebible, pero cierto.
Tras conocerse detalles del leonino contrato que regula la prestación del servicio en Reynosa, surgieron versiones en el sentido de que el verdadero negocio de la empresa se basa en esquilmar a los municipios donde trabaja.
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