A unos días de que inicie el Censo de Población y Vivienda 2010, se pueden revisar antecedentes que robustecen el escepticismo que en algunas regiones del país, como es el caso de la frontera de Tamaulipas, existe sobre la veracidad de los resultados de este ejercicio gubernamental.
En Reynosa, muchos son los que consideran ridículo el número oficial de habitantes de este municipio, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica en poco menos de medio millón de personas.
Si se revisan algunos datos del Informe de Auditoría 2008 de la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) cualquiera se convence que existe sobrada razón para la actitud de rechazo a las llamadas cifras oficiales del INEGI.
El órgano de fiscalización encontró que en el VIII Censo Agropecuario 2007 para empezar desde el INEGI se operó un posible quebranto a las arcas públicas por un monto un monto superior a los trece millones de pesos mediante la compra en demasía de dispositivos electrónicos utilizados para el levantamiento y procesamiento de datos.
Estos dispositivos móviles, conocidos como PDA, dice el dictamen son “una herramienta primordial para monitorear la calidad y pertinencia conceptual de la información recolectada, ya que a través del módulo de supervisión, cualquier integrante de la organización estaba en posibilidad de revisar, al momento de la supervisión, cada uno de los cuestionarios captados, así como de obtener los reportes de avance y cobertura del área de responsabilidad del entrevistador.
Platicadito suena bien. Otro problema surgió cuando la ASF solicitó la base de dato de la información capturada durante ese censo. Se encontraron 77 mil 372 cuestionarios en los que la hora de levantamiento y captura de datos oscila entre las cero horas y las siete de la mañana del día que se realizó el registro. Aparentemente fue un levantamiento de mesa de noche.
En otros 105 mil 355 cuestionarios, la Auditoria Superior de la Federación, determinó que hubo subcobertura ya que la información encontrada indica que su aplicación fue durante el ejercicio de
2008. En otros 11 mil 029 cuestionarios se encontraron anomalías como el no indicar el nombre del encuestador ó que señalan que el encuestador no fue contratado.
La fiscalización a este censo agropecuario realizado por el INEGI encontró otros 134 mil 953 cuestionarios que “refieren fechas de aplicación de los años 1971, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 y 2013”. Esa es la exactitud con que trabajaron la informaciòn.
Se encontraron más irregularidades, cuya consecuencias fueron la posibilidad de desvío de recursos como la falta de calidad del trabajo del instituto. La ASF señala que “se observó que se pagaron remuneraciones a 1,708 personas por un importe bruto de 18,961.5 miles de pesos, las cuales fueron contratadas como entrevistadores”. Agrega que “no obstante, en la base de datos del Censo Agropecuario, no se encontró evidencia del trabajo que desarrollaron”
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