La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó dirigirse a Janice Brewer para expresarle su rechazo a la legislación SB 1070, que permite que la policía detenga a personas si las considera sospechosas de ser migrantes indocumentados.
La carta enviada a la gobernadora de Arizona le señala que esa legislación “más allá de resolver el problema de la migración irregular, alientan un trato potencialmente discriminatorio y racista contra nuestros connacionales”.
En esos términos, con relación a la violencia y discriminación que sufren sus connacionales en México, podrían dirigirse al gobierno mexicano, o a mandatarios estatales, autoridades de Centro América.
Para nadie es desconocido el contexto de la migración centroamericana en tránsito por nuestro país, que involucra vejaciones, robos, violencia física, sicológica, violaciones sexuales y otros delitos más graves en perjuicio de los migrantes.
Los indocumentados centroamericanos en México, son víctimas de toda clase de abusos, no solo de autoridades de los tres niveles de gobierno. En el clima de inseguridad que rodea su paso por territorio nacional, también sufren agresiones de todo tipo por parte de particulares.
Sin restar importancia a la situación que padecen los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, la que enfrentan quienes entran desde Guatemala sin documentos a nuestro país con el propósito de llegar a la frontera norte es igual o peor.
El caso es que mientras autoridades mexicanas lamentan lo que ocurre en estos momentos en Arizona, parecen ignorar que aquí también hay un problema semejante. Que hay un ambiente de hostilidad, de persecuciòn prejuiciosa hacia los centroamericanos, tanto de autoridades como de particulares.
Incluso hay antecedentes de como el gobierno mexicano desplegò acciones colaboracionistas con el de Estados UNidos para atacar la migraciòn centroamericana. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se conocieron acuerdos secretos entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Secretaria de Gobernación para que el Instituto Nacional de Migración reforzara sus actividades de control fronterizo en el sur del país.
La intención era que el personal de gobernación se convirtiera en un muro de contención para los centroamericanos indocumentados.
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