Resulta preocupante como en los meses recientes la procuración de justicia en nuestro país se ha convertido en un bochornoso espectáculo en el que las autoridades faltan cínicamente a las obligaciones de mantener sigilo en la averiguación previa.
El caso que ejemplifica esta perversión oficial es el de la muerte de Paulette Gevara, que dio pie a aberrantes conductas del ahora ex procurador de justicia del Estado de México. Alberto Bazbaz Sacal, desde sus primeras apariciones para ventilar información sobre la indagatoria de la desaparición y posterior muerte de la menor, dio sobradas muestras de un talante protagónico.
En el afán de acaparar reflectores, que pensaron que de manera indirecta beneficiarían a su jefe, cometió graves deslices, tanto en la falta a sus responsabilidades públicas como en el seguimiento del caso.
Luego vino el penoso incidente de la desaparición del ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, en el que la Procuraduría General de la República asumió la vocería de las investigaciones que llevaba la procuraduría estatal de Querétaro. Aunque la indagatoria ha dado palos de ciego, los responsables de la PGR violentaron la secrecía que debe guardarse en estos procedimientos.
Ahora tras la detención de Gregorio Sánchez Martínez, candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, la autoridad federal sin ningún decoro asegura que desde principio de año, la dirigencia nacional perredista fue advertida sobre las investigaciones en contra del alcalde de Cancún con licencia.
Tras acusaciones de dirigentes del PRD de que la detención de “Greg” Martínez tiene un trasfondo político, funcionarios del gobierno federal trataron de atajar las acusaciones con el argumento anterior.
Ricardo Nájera, portavoz de la PGR en rueda de prensa aseguró que la denuncia contra Sánchez “se inició concretamente el 15 de enero de este año y desde ese momento se hizo del conocimiento del Partido de la Revolución Democrática que había involucramiento de esta persona en estos hechos y señalamientos directos".
Ahora resulta que las autoridades deben enterar a terceros sobre investigaciones penales en curso. Aunque parezca un torpe intento de control de daños políticos, el asunto es grave. Lo peor es que hasta el presidente Calderón se enredó en el trapeador de cantina en el que convirtieron la procuración de justicia de este país.
En Ottawa, en rueda de prensa el mandatario dijo que el caso de Gregorio Sánchez se puso en conocimiento “en los mejores términos” de la dirigencia del PRD, “precisamente para evitar que fuera interpretado de una manera distinta a la aplicación de la ley, que es fundamentalmente la obligación del Estado”. Ah cabrón, ¿Y la obligación del sigilo que debe cumplir el ministerio público?
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